El fiscal pide a Garzón que cite como imputados a 42 agricultores por el 'caso del lino'
El fiscal anticorrupción encargado del caso del lino, David Martínez Madero, presentó ayer ante el juez Baltasar Garzón un informe de 61 folios en el que solicita que declaren como imputados 42 agricultores y transformadores de lino. La Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado mes de diciembre un informe ante Bruselas en el que denunciaba "un fraude generalizado" en las ayudas concedidas por la UE a España para el cultivo del lino.
Entre los citados por el fiscal se encuentran familiares de los ex altos cargos de Agricultura, Nicolás López Coa, ex director del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), y del ex director financiero de la empresa pública Mecasa, Gonzalo Ruiz Paz, éste también se incluye en la lista de declaraciones.
Ambos dimitieron de sus cargos en 1999, después de salir a la luz pública que sus familiares habían obtenido ayudas comunitarias para el cultivo del lino.
Semanas después de que la Fiscalía Anticorrupción hiciera público su informe, la ex ministra de Agricultura y actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, presentó una denuncia en la Audiencia Nacional para que se investigasen las presuntas irregularidades en las subvenciones comunitarias.
Delito fiscal
El pasado viernes De Palacio compareció ante Garzón para ampliar aspectos de su denuncia y expresó su deseo de que se llegue hasta el final y se condene a los responsables, al mismo tiempo que afirmaba que el control de las subvenciones es función exclusiva de las comunidades autónomas. Afirmó que mientras ocupó la cartera de Agricultura nadie le informó de posibles fraudes con las ayudas del lino.
El ministerio público pide la comparecencia de los 42 agricultores y transformadores de lino con relación a un presunto delito contra la Hacienda pública. En su informe, según fuentes próximas a la fiscalía, no responsabiliza a las comunidades autónomas de una presunta malversación de caudales públicos, aunque podría incluirlo más adelante. De momento la investigación se dirige a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y un agricultor de Andalucía.
El fiscal Martínez Madero informa en su escrito a favor de la competencia de la Audiencia Nacional para iniciar la investigación judicial, a la vez que solicita las primeras comparecencias de los implicados.