Arias Cañete se inhibió en enero en la legislación sobre los toros de lidia
Los intereses empresariales que Micaela Domecq tiene en varias explotaciones ganaderas de reses bravas llevaron el pasado 26 de enero a su marido, el ministro de Agricultura, a delegar en el titular de Interior, Jaime Mayor Oreja, la legislación referida a toros de lidia.
El pasado 26 de enero el Boletín Oficial del Estado publicó un real decreto por el que Jaime Mayor Oreja sustituye a Miguel Arias Cañete en la elevación al Consejo de Ministros de la legislación que especifica en qué condiciones los toros de lidia pueden ser conceptuados como tales. La inhibición del ministro de Agricultura en este asunto se justifica por la Ley de Incompatibilidades de 1985, cuyo artículo 2 obliga a dar este paso a los altos cargos en aquellos asuntos en los que tengan intereses ellos mismos, sus cónyuges o personas de su familia dentro del segundo grado civil.
Según manifestó ayer un portavoz autorizado de Agricultura, la tardanza del ministro en solicitar esta inhibición se debe a que desde que fue nombrado en el cargo, el 28 de abril de 2000, el Gobierno no ha abordado iniciativa legislativa alguna sobre las reses bravas.
Pese a ello, Arias Cañete sí ha mantenido relación directa con el sector, según confirmó ayer el presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, Juan Pablo Jiménez Pasquau. El pasado diciembre, el ministro de Agricultura mantuvo una reunión con él y con otros representantes de la unión para estudiar la repercusión del mal de las vacas locas en este tipo de cabaña, así como las medidas a adoptar.
De momento no se está sometiendo al test de priones a este tipo de reses, aunque la opinión en el sector sobre este particular está dividida.
El portavoz del Grupo Socialista , Jesús Caldera, pidió ayer al Gobierno la apertura de una "investigación urgente" sobre los "intereses privados" de Arias Cañete, "por obligación ética". El portavoz de Agricultura del mismo grupo, Jesús Cuadrado, considera responsable al ministro de confundir los intereses públicos con los privados en un momento especialmente delicado para el sector ganadero.
La oposición iniciará hoy en el Congreso el trámite para reprobar a Miguel Arias Cañete y a la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, mediante una interpelación que será contestada por el vicepresidente primero, Mariano Rajoy.
En ella, los socialistas acentuarán la "ausencia de liderazgo" del Ejecutivo en la crisis de las vacas locas y la falta de medios que ha puesto a disposición de las comunidades autónomas para cumplir las directrices procedentes de la Unión Europea.
La potestad sancionadora corresponde al Ejecutivo
Un portavoz autorizado de Agricultura señaló ayer a este periódico que "pronto" se conocerán las decisiones de los abogados de Arias Cañete en relación con las empresas que supuestamente incorporaron al ministro a su consejo de administración sin su consentimiento. El ministro aparece en el registro mercantil como apoderado de dos sociedades dedicadas a la gestión de explotaciones agrícolas y como consejero de otras cuatro dedicadas al mismo fin, a la explotación de bingos y a la importación de coches.
El lunes afirmó que trabajó como abogado en muchas pero ya no se encuentra en activo en ninguna e incluso que desconocía su pertenencia a la dirección de algunas de ellas. De ahí que lo pusiera en manos de sus abogados y también ordenara la apertura de una investigación a la Inspección de Servicios del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) para ver si ha vulnerado la Ley de Incompatibilidades.
Esta norma entró en vigor el 11 de mayo de 1985 y regula la obligación de los altos cargos de declarar sus actividades en el registro dependiente del MAP y en el de bienes y derechos patrimoniales, así como las incompatibilidades.
En el caso de los ministros, la potestad sancionadora recae en el Gobierno. Quienes incurran en infracción grave pueden ser inhabilitados para ocupar altos cargos por un periodo de hasta tres años, que se extiende hasta 10 en caso de infracciones muy graves.