Los sindicatos aplazan la convocatoria de huelga en el sector público
Más vale tarde que nunca. Finalmente, 15 días después de la publicación de la sentencia sobre la congelación salarial de los funcionarios, los secretarios generales de CC OO y UGT comparecieron ayer conjuntamente para anunciar la campaña de movilizaciones contra la decisión del Gobierno de recurrir la sentencia.
Sin embargo, los sindicatos han suavizado y reconducido dicha campaña de movilizaciones. Así, desde el primer día que se conoció la sentencia, tanto José María Fidalgo como Cándido Méndez alzaron la voz en demanda de una huelga general en junio de los empleados públicos como máxima señal de protesta. Ahora ya no dan por seguro que se vaya a convocar un paro general en el sector.
Según el calendario presentado ayer por ambos líderes, habrá concentraciones y manifestaciones de protesta en el ámbito provincial en los meses de febrero, marzo y abril, coincidiendo con los días de la publicación del dato del IPC.
Posteriormente, la primera quincena de mayo, CC OO y UGT celebrarán una asamblea estatal de delegados de la función pública, también alrededor de la fecha de la publicación del IPC, en la que decidirán si procede o no convocar una huelga general en las Administraciones públicas.
Viejas reivindicaciones
Además, los sindicatos han reconducido todas estas movilizaciones, no limitándolas al asunto de la sentencia, sino incluyendo todas las reivindicaciones sindicales para el sector público (negociación salarial, recuperación del poder adquisitivo, inclusión de cláusulas de garantía salarial y mejora de la estabilidad en el empleo).
Méndez aseguró que "el Gobierno está como un jabalí acorralado y ofuscado contra un jaral de conflictos, pero como creemos que tiene ma-yor dotación neuronal que un jabalí, no será obtuso y entenderá el doble mensaje de los sindicatos". Fidalgo insistió en no querer "contaminar" el resto de las negociaciones del diálogo social, aunque amenazó con mantener una "tensión fuerte con el Ejecutivo".
El PP impide en el Congreso el pago a los funcionarios
La mayoría absoluta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados impidió ayer que salieran adelante seis proposiciones no de ley -del PSOE, CiU, IU, IC, ER y BNG- que perseguían distintos argumentos para que el Gobierno ejecutara la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la congelación salarial de los empleados públicos para 1997. Esto equivaldría al pago de atrasos a estos trabajadores por valor de alrededor de medio billón de pesetas. En un principio, el PP pensaba apoyar la proposición de CiU en la que se aplazaba cualquier tipo de medida hasta conocer los resultados del recurso interpuesto por el Gobierno. Finalmente, CiU pactó con el PNV una transaccional en la que se instaba al Gobierno a pagar si se rechazaba el recurso y el PP optó por echar abajo todas las iniciativas.