El PSC quiere impulsar el consenso en la nueva financiación autonómica
Los socialistas catalanes aspiran a tener un papel relevante en la negociación de la nueva financiación autonómica, tanto en Cataluña como en Madrid. Así lo aseguró ayer el responsable de la propuesta de financiación de este partido, el catedrático de la Universitat de Barcelona, Antoni Castells.
Aunque el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere evitar la división entre los diferentes barones territoriales, Castells se mostró convencido de que muchos aspectos de su modelo serán compartidos por el PSOE.
Alberga también esperanzas de que puedan servir de base para alcanzar un acuerdo unitario en Cataluña sobre esta materia, pese a que el conseller de Economía, Francesc Homs, ha asegurado no disponer de tiempo suficiente para intentar consensuar un modelo con las fuerzas políticas catalanas. En opinión de Castells, "el Gobierno no se puede permitir alcanzar un acuerdo de financiación excluyendo a Cataluña".
La propuesta del PSC contempla establecer una cesta de impuestos que permita, a medio plazo, que el 70% de los recursos de las comunidades autónomas proceda de ingresos tributarios. Durante los primeros cinco años proponen que este porcentaje sea del 50% (actualmente es del 30%). Esta cesta de impuestos quedaría distribuida entre un 40% del IRPF, un 40% del IVA y el 100% de los impuestos especiales. Sobre todos ellos las comunidades tendrían capacidad normativa, aunque en el caso del IVA y los impuestos especiales los márgenes de actuación son limitados.
El criterio básico para la distribución de los recursos sería el de la población, aunque también proponen incentivar el esfuerzo fiscal de las comunidades . Un sistema de subvenciones garantiza una financiación general media, pero las comunidades que realicen un mayor esfuerzo fiscal pueden obtener más recursos.
Régimen foral
Otro de los rasgos del modelo de financiación propuesto por los socialistas catalanes es la voluntad de aproximar gradualmente los ingresos por habitante que reciben las comunidades de régimen general con los de las de régimen foral. Para ello establecen un plazo de 20 años.
El sistema actual, según Castells, "supone un agravio comparativo muy fuerte". El PSC también propone crear una administración tributaria "consorciada" en la que participen todas las administraciones, incluidos los ayuntamientos. Los Gobiernos autonómicos serían los últimos responsables.