El Gobierno asegura que la tasa para financiar la crisis será permanente
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, anunció ayer que el coste de la crisis alimentaria oscilará anualmente entre los 100.000 y los 120.000 millones de pesetas, y que hasta junio se gastarán más de 60.000 millones. Por esta razón, el ministro reconoció que la tasa que está preparando el Ministerio de Hacienda para costear el gasto en ayudas deberá ser permanente. En cuanto al alcance de la enfermedad, el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, reconoció que sólo se sabrá cuando se hagan 100.000 tests por año. El Comité Veterinario de la UE estudiará hoy la inclusión del hueso de espinazo entre los materiales de riesgo (MER).
El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, insinuaron ayer, en respuesta a varias preguntas de los periodistas, que la crisis de las vacas locas tendrá consecuencias sanitarias y económicas imprevisibles y difíciles de atajar en el medio plazo.
El hecho de que Arias Cañete asegurase que la tasa prevista (y todavía en estudio) para financiar las ayudas "será, probablemente, para toda la vida" demuestra, sin duda, que el Gobierno es consciente de que puede no estar lejos el momento en que España tenga que declarar el estado de epidemia. Arias Cañete avanzó un coste anual de entre 100.000 y 120.000 millones de pesetas.
Mariano Rajoy aseguró por la mañana que "es probable que tengamos que tomar medidas adicionales de prevención en el futuro". Rajoy no precisó cuáles, pero reconoció que hasta que no se hayan realizado 100.000 tests -y hasta la fecha sólo se han hecho 14.000- no será posible conocer "hasta qué punto la enfermedad está extendida en nuestro país".
El vicepresidente primero insistió, de nuevo, en las garantías que tiene la carne que se comercializa en España: "Jamás en la historia el ganado vacuno ha sufrido tantos controles como ahora. Las medidas de prevención que se han tomado en las últimas fechas son muchas. Nunca como hasta ahora hubo tantas medidas".
Por su parte, Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, aseguró que "el impuesto para financiar la larga cadena de medidas adicionales que la seguridad de la carne va a obligar a que la tasa sea de carácter estructural, es decir, para toda la vida y habrá que considerar en qué forma se financia la situación".
El ministro de Agricultura añadió que los costes que se están barajando para el primer semestre "superan los 60.0000 millones de pesetas. Gastaremos entre 100.000 y 120.000 millones de pesetas anuales, en función de que haya medidas de mercado o no las haya".
En contra de lo que aseguró al principio de la crisis, el titular de Agricultura se mostró absolutamente seguro de que el origen de la enfermedad es una contaminación debida a los piensos. Probablemente una contaminación cruzada por haber utilizado piensos previstos en la alimentación de otras especies, como los cerdos o los pollos.
En este sentido, el responsable de ganadería de Asaja, Adolfo Alcalde, exigió un estudio "exhaustivo" de los casos de vacas locas que se detecten en España en el que se compruebe si se han alimentado con piensos animales y su procedencia, con objeto de conocer si el "culpable" es el ganadero o el fabricante de piensos.
El responsable de Asaja manifestó que en el caso de que el ganadero "conscientemente" hubiera estado utilizando los piensos de origen animal tras la prohibición, "el peso de la ley deberá recaer sobre él", porque "la actuación incorrecta de unos pocos no puede perjudicar a todos".
Alcalde reconoció que la sequía que afectó a España en 1995 pudo haber influido en la alimentación de los animales, a los que se les pudo haber dado piensos con harinas cárnicas, si bien subrayó que, salvo los dos casos de vacas locas detectadas en Navarra, el resto son de producción láctea.
Enterramientos, no
Por otro lado, Juan José Badiola, director del Laboratorio de Referencia de Zaragoza, se declaró ayer en contra de los enterramientos de animales, el mismo día que la Junta de Extremadura aprobaba una orden permitiendo éstos en su territorio.
Badiola, en contra de lo que ha sostenido hasta ahora el Gobierno y algunas comunidades autónomas, se manifestó contrario a permitir los enterramientos de reses muertas, ni siquiera de forma excepcional, puesto que el prión que transmite la enfermedad "tiene una gran supervivencia en la naturaleza y puede favorecer epidemias".
Las regulaciones de empleo en el sector cárnico fueron ayer motivo de controversia. Las federaciones de alimentación de UGT y CC OO manifestaron sus diferencias ante la iniciativa que baraja Asocarne de iniciar los contactos con otras asociaciones y sindicatos para negociar una regulación de empleo.
Fuentes de UGT manifestaron su disposición al diálogo y reconocieron que ante este problema "es lógico que la patronal plantee medidas coyunturales", mientras que desde CC OO rechazaron esta posibilidad "porque no se corresponde con la realidad".
Según las estimaciones de Asocarne y de UGT, unos 15.000 trabajadores, de las 50.000 personas que emplea el sector cárnico, podrían verse afectados por la regulación de empleo, aunque dependerá de la situación particular de cada empresa.
La secretaria del sector de alimentación de CC OO, Cecilia Sanz, aseguró que no son razonables los expedientes de regulación que plantea la patronal, "pues estamos ante un problema coyuntural que afecta a pocos mataderos".