Arias Cañete somete a investigación sus intereses empresariales privados
El ministro de Agricultura ha dado instrucciones a la Inspección General de Servicios, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, y a sus abogados para que esclarezcan su participación en varias empresas privadas y si ésta vulnera o no la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos.
Miguel Arias Cañete respondió ayer desde Irlanda, en donde se encuentra en visita oficial, a las revelaciones de la revista Interviú que aportan datos sobre sus intereses empresariales privados, extraídos del registro mercantil de diversas ciudades. El ministro de Agricultura figura como apoderado de las sociedades Capa, SA, y Domecq Rivero SA, ambas dedicadas a la gestión de explotaciones agrícolas y ganaderas, y como consejero de Cebingo y Tecnijuego, empresas que explotan varios bingos en Ceuta, además de Italcar España, dedicada a la importación de automóviles.
Arias Cañete forma parte también del consejo de Experimental Agrícola, SA, empresa radicada en Cádiz, cuyo objeto social es la "gestión de explotaciones agrícolas y ganaderas, créditos, subvenciones y ayudas", y hasta diciembre pasado era administrador solidario de Arias y Domecq, SL, una sociedad de cartera que controla otras seis firmas relacionadas con el sector ganadero y la explotación de fincas.
En el Registro de Actividades de Altos Cargos el ministro sólo reconoce haber hecho constar su participación en Arias Domecq y en AB Asesores Bursátiles Sur, SA, empresa esta última que también figura en la biografía que entregó al Senado. Ayer afirmó en declaraciones a varias emisoras de radio que todas sus responsabilidades en estas empresas han caducado y que incluso en algunas de ellas desconocía que consta como consejero o apoderado. "Dimití de muchos consejos de administración de los que era titular, de la totalidad de ellos. Lo que no puedo es dimitir de consejos que no conozco ni de consejos que están caducados", señaló el ministro, quien atribuyó su presencia en la dirección de algunas de estas sociedades a "la deformación burocrática de estas pequeñas empresas familiares, que han hecho un acta dando por supuesto que yo he intervenido. Hace muchos años fui asesor jurídico de muchas de ellas", matizó.
Para que no haya "sombras", Arias Cañete informó ayer que ha pedido a la Inspección General de Servicios, organismo dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, una investigación "para esclarecer estas informaciones que no se adecuan a la realidad". Un portavoz de Agricultura explicó ayer a este periódico que en realidad lo que ha pedido Arias Cañete a la inspección es un informe sobre si ha vulnerado o no la Ley de Incom-patibilidades de Altos Cargos al no hacer constar estos intereses en el correspondiente registro de actividades.
El mismo portavoz aclaró que el ministro también ha puesto en manos de sus abogados posibles actuaciones contra las empresas que "sin su conocimiento" le han incluido como miembro de sus consejos de administración. "Alguien me debe tener muchas ganas", comentó ayer Arias Cañete, quien dijo tener "la conciencia tranquila", porque no cuenta con "un solo duro en esos negocios". Su patrimonio, añadió, se limita a fondos de inversión y participaciones en divisas en algunos inmuebles, actividades "que están perfectamente declaradas".
El ministro agregó que él carece de negocios agrícolas, pero no así su mujer. Precisó que tiene separación de bienes y que cuando hay asuntos que afectan a su cónyuge, como el de las ganaderías bravas, "me declaro incompatible y no asisto a los consejos de ministros".
Las organizaciones agrarias exigen su dimisión
La información sobre las participaciones empresariales del ministro de Agricultura sale a la luz 16 días después de que Miguel Arias Cañete aceptara la dimisión del director general de Ganadería, Quintiliano Pérez Bonilla, por tener intereses privados en el sector. Su mujer gestiona una explotación ganadera.
Distintas organizaciones agrarias, entre ellas la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), exigieron ayer la dimisión inmediata del ministro si se confirman sus intereses privados, así como la apertura de una investigación parlamentaria "veraz, transparente y urgente". Miguel López, portavoz de la COAG, criticó el hecho de que los toros de lidia no se sometan a los test que detectan los priones y atribuyó esta decisión a que si las pruebas dieran positivo habría que sacrificar toda la cabaña "algo que no conviene a las familias propietarias, entre ellas la del ministro".
Desde el PSOE e Izquierda Unida también se solicitó la dimisión de Arias Cañete. Mientras, estudian distintas iniciativas parlamentarias. Los socialistas intentarán reprobarle mañana en el Congreso, junto a la ministra de Sanidad Celia Villalobos. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló que independientemente de los posibles intereses empresariales del ministro, éste ha demostrado una mala gestión de la crisis de las vacas locas pues no ha ofrecido garantías a los consumidores ni ha dado soluciones para paliar el malestar del sector ganadero.