España acumula en Bruselas decenas de expedientes sobre competencia
España tiene pendientes en la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de Luxemburgo decenas de expedientes abiertos al Gobierno sobre prácticas restrictivas a la competencia.
Los expedientes abiertos al Gobierno español sobre defensa de la competencia se acumulan en los órganos judiciales y legislativos comunitarios. Y es que el Gobierno ha demostrado en los últimos meses una especial facilidad para soliviantar a la Comisión Europea y a las instituciones comunitarias. Si la Dirección General de Mercado Interior ya constataba un incremento del 41,9% en los conflictos entre Madrid y Bruselas durante el ejercicio 1998-1999, las relaciones no parece que hayan mejorado desde entonces.
El enfrentamiento más significativo sigue estando motivado por las compensaciones por los costes de transición a la competencia (CTC) del mercado eléctrico, unas ayudas de 1,3 billones de pesetas concedidas por el Gobierno al oligopolio del sector cuya legalidad investiga el comisario europeo de Competencia, Mario Monti Europea. En ese mismo área, Bruselas anunció la semana pasada que ha iniciado una investigación sobre la ley española que atribuye al Gobierno la potestad de vetar las inversiones de capital púbico extranjero en el sector eléctrico español.
El comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein, considera esa norma una violación del Tratado de la Unión Europea.
El enfrentamiento de la comisaria española, Loyola de Palacio, con ambos comisarios añade acritud a estas investigaciones. De Palacio ha intentado arrebatar el expediente de los CTC a su colega italiano, ante su firme propósito de abrir un expediente contra España. Además, la comisaria mantiene en jaque al Ejecutivo con su inveterada insistencia en que se introduzcan excepciones en la legislación comunitaria que permitan a los Estados la utilización de cortapisas a la inversión como las llamadas acciones de oro.
A todo ello hay que sumar las últimas resoluciones dictadas. En materia agrícola, destaca el último balance realizado por el Fondo Europeo de Garantía Agrícola (Feoga) en el que se admite que España tendrá que devolver al presupuesto de la UE unos 50.000 millones de pesetas por irregularidades detectadas con las ayudas comunitarias en varios sectores agrícolas, entre los años 1997 y 1998. Más de la mitad (30.000 millones) corresponde a cultivos herbáceos. Estas correcciones afectan también a otros países como Italia y Francia.
Asimismo, la semana pasada se hizo público la denuncia interpuesta por la Comisión a España, Alemania, Finlandia, Italia, Portugal y Suecia en el Tribunal de Justicia de la UE, por no aplicar el IVA sobre las ayudas comunitarias a las empresas de desecado de forrajes.
Autopistas
Precisamente, el pasado 18 de enero el mismo tribunal de la UE condenó también a España por aplicar un tipo reducido del IVA (7%) a las autopistas de peaje, en vez del normal (16%). La Comisión ya comunicó a España en 1997 que consideraba ilegal esta medida por infringir la directiva comunitaria, pero el Gobierno decidió recurrir a los tribunales en el año 1998.
Ahora, la sentencia, que es firme, podría suponer para los usuarios un coste añadido entre 15.000 y 20.000 millones de pesetas, según fuentes del sector, aunque la patronal de las autopistas (Aseta) está dispuesta a asumir este sobrecoste, siempre que el Ejecutivo amplíe los plazos de concesión de estas vías.
Por otro lado, la Comisión Europea denunció también la semana pasada a España ante el Tribunal de Luxemburgo por la rebaja en el IVA aplicada al butano en 1999 por Rodrigo Rato, para arañar décimas a una inflación incapaz de controlar.