La izquierda se une para exigir el pago de los atrasos a los funcionarios
A través de cinco proposiciones no de ley que serán debatidas mañana en el Congreso, toda la izquierda parlamentaria exige al Gobierno que acate la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la congelación salarial de los funcionarios decidida en 1997 por el hoy vicepresidente primero, Mariano Rajoy. El pasado viernes, la Audiencia admitió a trámite el recurso de casación presentado por el Ejecutivo, y ahora será el Tribunal Supremo el que dictamine si se aplica o no la congelación de sueldos a los empleados públicos.
La proposición del Grupo Socialista, que será defendida por el diputado Ángel Martínez Sanjuán, insta al Gobierno a cumplir "en sus términos" la sentencia q ue obliga al incremento retributivo de los funcionarios correspondiente a 1997, más las cantidades que han dejado de percibir durante los años sucesivos. El PSOE también exige al Ejecutivo que abra el diálogo con los sindicatos para restablecer el derecho de negociación colectiva y que habilite las medidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento efectivo de la sentencia.
La defensa del diálogo sobre la sentencia entre el Gobierno y las centrales sindicales se encuentra también incorporada a las proposiciones de Izquierda Unida, el Bloque Nacionalista Gallego, Iniciativa per Cataluña y Esquerra Republicana.
En la proposición del BNG se afirma que el dinero que el Gobierno debe a los funcionarios no compensará sino una pequeña parte del poder adquisitivo perdido por éstos en los últimos años. "Supondrá menos de la mitad de los costes de transición a la competencia que, por decisión del Gobierno, todos los consumidores hemos de satisfacer a las compañías eléctricas y apenas la octava parte de la cantidad dejada de percibir por el Gobierno en la adjudicación de las licencias de UMTS", afirma la proposición de los nacionalistas gallegos.
El interés general
La iniciativa de Convergencia i Unió se muestra más cauta a la hora de apoyar el contenido de la sentencia. Si bien expresa su "absoluto respeto" por la misma, los nacionalistas catalanes se muestran partidarios de esperar a que sea firme "y se hayan agotado todos los recursos posibles". En la iniciativa argumentan que la sentencia plantea "una solución compleja" por las repercusiones que puede tener para la estabilidad presupuestaria y la eliminación del déficit público. "En el caso de que la decisión judicial firme tenga la misma orientación que la sentencia", se afirma en la proposición nacionalista, habría que buscar fórmulas "para hacerla compatible con el interés general y el equilibrio de las cuentas públicas del Estado".
La admisión del recurso de casación presentado por el Gobierno supone la paralización de la ejecución de la sentencia y, por tanto, del desembolso por el Estado de las cantidades correspondientes, ya que el fallo no será firme hasta que el Supremo se pronuncie.
Los populares pasan del disgusto a la esperanza
El miércoles, el Gobierno recibió un revés con el informe de los servicios jurídicos del Congreso en el que se rechaza la posible presentación por el Parlamento de un recurso contra la sentencia de la Audiencia. Este informe llevó al Grupo Parlamentario Popular a descartar también la formulación de recursos individuales por parte de sus diputados.
Sin embargo, la admisión por la Audiencia Nacional del recurso de casación presentado por el Ejecutivo vino a compensar el viernes el disgusto inicial de éste, que se trasladó al PSOE. Su secretario de libertades públicas, Juan Fernando López Aguilar, tachó de "lamentable" la admisión del recurso, cuando la propia sentencia reconoce que no cabe tal medida. Aguilar relacionó el cambio de opinión con la "campaña orquestada desde La Moncloa".