Los sindicatos ratifican que 2,2 millones de empleados deben cobrar los atrasos

La Audiencia Nacional ratificó ayer, a través de un auto de aclaración, que la sentencia que anula la congelación salarial de los empleados públicos para 1997 afecta a todos aquellos (funcionarios, personal laboral y estatutario) incluidos en el acuerdo entre la Administración y los sindicatos de 1994.

En realidad, repitió lo ya contenido en el fallo, estimando que "no ha lugar" a la petición de aclaración hecha por CC OO sobre los trabajadores a los que afectaría la sentencia. En su opinión "no hay oscuridad u omisión alguna que requiera la aclaración solicitada".

Esto no es tan evidente como asegura este tribunal, al menos para el Gobierno y los sindicatos, que seguían ayer discrepando sobre los trabajadores a los que afectaría la polémica sentencia.

Según la interpretación de CC OO y UGT, el ámbito de aplicación de la sentencia son los 2,2 millones de empleados públicos de todas las Administraciones del Estado (Central, autonómica y local).

Sin embargo, fuentes de la Administración insisten en que esto no es así y que los afectados se circunscriben, tal y como dice el acuerdo de 1994, solamente al ámbito de la Administración central del Estado y deja fuera a los empleados públicos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Si bien estas fuentes no concretaron el número de trabajadores al que, a su entender, afectaría la ejecución de la sentencia.

El auto de aclaración de la Audiencia Nacional reitera que "el ámbito subjetivo de su fallo coincide exactamente con el ámbito subjetivo del Acuerdo de 15 de septiembre de 1994, con el alcance descrito en el fundamento jurídico Sexto, letra b) de la sentencia, no habiendo oscuridad u omisión alguna que requiera la aclaración solicitada".

Dicho apartado b) dice que el personal afectado es aquel al servicio de la Administración Civil del Estado, de sus Organismos Autónomos, de la Administración de la Seguridad Social y Entes Públicos representados en la Mesa General de Negociación". Los sindicatos interpretan que al señalar como afectados al "personal al servicio" de estos apartados citados no excluye al personal laboral ni al estatutario.

Este apartado continúa: "Respecto al personal al servicio de la Administración de Justicia, Correos, Instituciones Sanitarias Públicas, personal docente y no docente de las Universidades, se aplicará el incremento que analizamos, siempre que su estatuto lo permita".

En cualquier caso, la discrepancia ahora sigue radicando en el ámbito de aplicación territorial de la sentencia; aclaración, por otra parte, que no fue pedida en la solicitud de CC OO, que se limitaba a reclamar que se precisara si iba dirigida a todos los empleados públicos o sólo a los funcionarios.

Por otro lado, el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, pidió a los sindicatos que no saquen a los empleados públicos a la calle al señalar: "No me gustarían unas movilizaciones que no puedan conducir a nada".