Los sindicatos preparan movilizaciones para forzar al Ejecutivo a que pague los atrasos
La respuesta de los sindicatos al anuncio de presentación del recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la congelación salarial de los funcionarios de 1997 no se ha hecho esperar. Ayer mismo, CC OO y UGT anunciaron que hoy concretarán las distintas movilizaciones que tienen previsto llevar a cabo cada uno por su parte o, si así lo acordaran finalmente, de manera conjunta.
Por un lado, el secretariado confederal de CC OO se reunirá hoy con los responsables del área pública para decidir la convocatoria de protestas, que tendrán como objetivo presionar al Gobierno para que cumpla la sentencia y pague los atrasos a los funcionarios.
Fuentes de esta central apuntaron que la primera oleada de movilizaciones podría producirse con manifestaciones en toda España la segunda y tercera semanas de febrero y en concreto los días 8 o 15 del mes que viene.
Sin embargo, las centrales aún no han decidido si estas movilizaciones se llevarán a cabo de forma unitaria. Es más, UGT tiene previsto anun-ciar mañana públicamente y en solitario su propia campaña y el calendario de sus protestas. Esto no impedirá que ambos sindicatos terminen por acordar algún tipo de acción conjunta, aunque hasta el momento esto no se ha abor
dado de forma unitaria.
En cualquier caso, de materializarse la intención de la Audiencia de admitir tramitar el recurso ante el Tribunal Supremo, tal y como se supo ayer, a los sindicatos se les pone muy cuesta arriba la posibilidad de que la propia Audiencia obligue al Gobierno a ejecutar incluso el pago de las reclamaciones individuales. El secretario general de CC OO ya vislumbró a primera hora de ayer -antes de conocerse públicamente las intenciones de la Audiencia de admitir el recurso- que se avecina "un conflicto duradero y virulento (...) y no porque nadie lo aliente".
Dentro de todo este conflicto, los servicios jurídicos de CC OO pidieron ayer a la Audiencia Nacional una aclaración de la sentencia para que especifique su ámbito de aplicación y concrete si cuando se refiere a todos los funcionarios está hablando también de todos los empleados públicos de todas las Administraciones , incluidas las autonómicas y las locales, según informó Fidalgo.