Hacienda reconoce la sustracción de informes de grandes contribuyentes

Un informe elaborado por el Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria, y fechado en noviembre de 1999 concluye que parte del archivo de la Unidad de Estudios Económicos Sectoriales y Asistencia Técnica (UEES) ha desaparecido. El documento desvela que varios funcionarios adscritos a esta unidad realizaron accesos indebidos a información fiscal sobre empresas y empresarios relevantes de la sociedad española.

El servicio de auditoría interna de la Agencia Tributaria asegura en el informe que estos hechos suponen un "factor de riesgo a la posible existencia de informes con datos individualizados sobre determinados contribuyentes debido al descontrol que esta situación supone".

Según se explica en el documento, encargado por el director general de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo, las actividades de la Unidad de Estudios Económicos Sectoriales y Asistencia Técnica (UEES) "no estuvieron sometidas a control suficiente por parte de sus superiores jerárquicos".

Señala, además, que los accesos realizados por determinados miembros de la Unidad, "en especial por cinco de ellos (aunque en mayor grado por dos), ponen en evidencia una situación de riesgo".

El informe se refiere a que los funcionarios "centraban su atención" en determinados expedientes, "soliendo coincidir con los de personalidades más relevantes".

Entre esos expedientes se encuentran el de Juan Abelló, presidente de Airtel, el Grupo Prisa y su presidente, Jesús de Polanco, las empresas del grupo familiar Serratosa, el bufete Cuatrecasas, Arturo Baldasano, en aquel entonces presidente de Telefónica Media y actual presidente del Consejo de Audiovisual Sport, y Emilio Ybarra, copresidente del BBVA.

Accesos irregulares

Según se revela en el documento, la investigación de los servicios de auditoría interna se realizó a instancias del director de la Agencia Tributaria ante "el posible acceso irregular a datos tributarios sobre determinados contribuyentes que pudiesen haber derivado en la existencia de informes o dossieres".

Aunque algunos de los accesos entraban en la rutina de trabajo de los funcionarios, el informe no deja lugar a dudas cuando destaca que los "accesos masivos y no justificados" ponían en evidencia el descontrol existente sobre algunos expedientes. Los servicios de auditoría interna entienden que esta información obtenida sin justificación "puede haber sido utilizada con fines ajenos a los propios derivados del expediente por el que fue accedida".

El documento reconoce que ya en 1997 los miembros de la unidad recibieron instrucciones orientadas a que se abstuviesen de entrar en la base de datos para obtener información sobre fusiones de empresas y se limitasen a recoger documentación y enviarla a las unidades competentes. Sin embargo, los accesos siguieron produciéndose. No debía de ser un secreto para nadie, ya que la auditoría expone que en febrero de 1997 el jefe de la UEES recordó que constituiría falta grave "los accesos indebidos a las bases de datos".

Los funcionarios investigados estaban adscritos a la Unidad de Estudios Económicos Sectoriales y Asistencia Técnica, que perteneció hasta mayo de 1999 a la Subdirección General de Información y Estrategia Operativa del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, y que se integró a partir de 1999 en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).

Entre los cometidos de la UEES no estaba acceder a información individual sobre contribuyentes concretos. Y por si cupiera alguna duda, el informe detalla que a principios de 1998 se insistió a los componentes de esta unidad con "la orden verbal de que no debían acceder a información individual sobre contribuyentes concretos".

La orden verbal parecía necesaria, dado que durante el periodo 1996-97, los accesos a datos individuales de contribuyentes fueron "muy numerosos". Según señala el informe, a partir de la emisión de esa orden, "decrece el número de accesos, habiéndose contabilizado un total de 684, es decir, el 5% de los efectuados en el periodo anterior. Realmente puede decirse que sólo acceden cinco usuarios".

El documento también refleja que con la llegada en 1997 del nuevo subdirector general de información, Manuel Trigo, "se produce un cambio en la orientación de los estudios económicos y se recibieron instrucciones de que se abandonasen aspectos como la recogida y tratamiento de información fiscal sobre los contribuyentes más relevantes, para centrarse en cuestiones técnicas generales" .

La orden fue acatada por la mayor parte de los funcionarios, aunque algunos continuaron realizando accesos indebidos. Según el informe, determinadas terminales fueron utilizadas durante el periodo estudiado hasta por 10 personas diferentes... El informe ofrece la siguiente explicación: "Este empleo de una diversidad de diferentes terminales por un único código de usuario pudiera inducir a pensar que existen préstamos de códigos y de palabras clave entre los usuarios de la UEES para acceder a las bases de datos durante el periodo del estudio".

 

Una historia de robos de datos destinados a la extorsión

En mayo de 1999, la Unidad de Estudios Económicos se integra en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). Es el comienzo del fin de una etapa en la que dicha unidad era utilizada por un grupo de funcionarios que elaboraban informes para extorsionar a personalidades del mundo empresarial.

Un mes después, en junio de 1999, Mariano Navarro Rubio, inspector de finanzas de dudosa reputación adscrito a esta unidad, es detenido en el curso de investigaciones policiales dirigidas a averiguar quién estaba detrás del intento de extorsión denunciado por Juan Abelló. Todo apuntaba hacia el interior de Hacienda, en concreto, a esta unidad de estudios.

Según informó en julio de 1999 el diario El País, no sólo Abelló resultó afectado. En 1997, Jesús de Polanco recibió la visita del hijo de José María Ruiz Mateos, ex presidente de Rumasa. Su objetivo era sacar a la luz un dossier fiscal salvo que se llegara a un "acuerdo económico".

A raíz de las actuaciones judiciales para buscar a los responsables de la extorsión, Hacienda expedientó a funcionarios de esta unidad de estudios. Su resultado aún no se ha hecho público. Pero la información captada ya estaba fuera de control. El acceso incontrolado a las bases de datos fiscales era algo conocido por Hacienda desde 1997.

Ese año se elaboró un informe, al que tuvo acceso el diario El País. Pero Hacienda nunca reconoció su existencia. El informe de 1999 de la auditoría interna confirma las sospechas.

Los años de mayor actividad irregular de esta unidad (1996-1998) son años de turbulencias en la Agencia Tributaria. En 1997, Juan Costa, entonces secretario de Estado de Hacienda, anuncia la pérdida de 200.000 millones por deudas prescritas. El escándalo se saldó con el cese en julio de 1997 de Jesús Bermejo, director de la Agencia Tributaria, de quien se confirmó que visitaba de noche su oficina. En la actualidad, dirige la ONIF. Le sucedió José Aurelio García Martín, quien anunció: "La Agencia ha declarado la guerra al fraude fiscal". En los años de Bermejo y Martín, la unidad de estudios registró el mayor número de accesos indebidos. En 1998 es destituido y le sucede Ignacio Ruiz Jarabo, aún en el cargo.