El Gobierno blinda el gasto social ante un eventual recorte presupuestario
El Gobierno no recortará el gasto social y la inversión en infraestructuras en el caso de que, finalmente, tenga que realizar modificaciones presupuestarias para sufragar el coste ocasionado por la sentencia de la Audiencia Nacional que ha anulado la congelación salarial de los funcionarios de 1997.
El Gobierno confía en retrasar al máximo el pago de cientos de miles de millones de pesetas al que tienen derecho los funcionarios, tras anular la Audiencia Nacional la congelación salarial de la que fueron objeto en 1997.
Los servicios jurídicos de la Administración están trabajando para que los recursos que interpondrá el Ejecutivo ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo invaliden la decisión del alto tribunal o, al menos, se suspenda la ejecución de la sentencia. La prioridad de la vía judicial es absoluta, tal y como comentaron el pasado viernes el portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Con todo, el departamento de Montoro está explorando todas las posibilidades que se pudieran plantear en el futuro, entre las que se encuentra un recorte de gastos puesto que, como ya ha indicado el ministro, el Gobierno no tiene fondos adicionales para hacer frente al posible pago de las compensaciones a los funcionarios. Aunque Hacienda no ha diseñado ningún plan de ajuste fiscal "de emergencia", Montoro sí tiene claro el conjunto de prioridades del Ejecutivo, que pasan, ante todo, por dar cobertura a los compromisos adquiridos previamente.
Infraestructuras
Fuentes de su departamento reconocieron a este periódico que, ante un eventual recorte presupuestario en este ejercicio o en posteriores, se daría prioridad a mantener las partidas de gasto social y de inversiones en infraestructuras, tal y como vienen recogidas en los Presupuestos Generales para el año 2001. Hacienda cuidaría también la consecución del equilibrio fiscal (déficit cero) para este año, y la nueva reforma del IRPF prevista para la segunda parte de la presente legislatura. Asimismo, Montoro no está dispuesto a aumentar los impuestos ya que, una de las principales bazas del PP en la pasada campaña electoral fue, precisamente, la rebaja tributaria. Tampoco le es muy convincente la búsqueda de mayores ingresos fiscales fruto de la actividad económica, tal y como ha ocurrido en 1999, dado lo avanzado del ciclo en la actualidad, con una previsión de desaceleración del crecimiento del PIB del 4% al 3,6%.
Visto lo visto, y sólo en el caso de agotar la vía judicial, cobraría peso, según las mismas fuentes, el recurso a la negociación con los sindicatos. En ese caso sería bien acogido un acuerdo, que permitiera repartir el pago de las compensaciones -más de medio billón de pesetas, según UGT y CC OO- en varios ejercicios, para que no se resintieran las previsiones macroeconómicas incluidas en el Programa de Estabilidad que España ha enviado a Bruselas.
En este escenario, el Ejecutivo podría recurrir a emisiones de deuda. En el citado programa de Estabilidad el Gobierno prevé reducir el peso de la deuda pública desde el 61,1% del PIB en 2000, al 49,6% en 2004. El problema es que una mayor emisión de títulos por parte del Tesoro implica siempre el reconocimiento de endeudamiento y ello afectaría al equilibrio presupuestario que el propio Gobierno quiere garantizar a través de la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Dicho de otra forma, supondría retrasar el superávit del conjunto de las Administraciones públicas más allá del año 2002.
Los Ejecutivos regionales, a la espera
Los Gobiernos regionales prefieren esperar a que se resuelva el contencioso judicial abierto por el Ejecutivo central, habida cuenta de que la sentencia de la Audiencia Nacional puede afectar también a la congelación salarial aprobada por algunas comunidades en 1997 para sus funcionarios.
La Generalitat catalana es una de las afectadas. "Si la justicia dice que hay que pagar lo haremos" ha admitido el conseller en cap, Artur Mas, vinculando la decisión que adopte el Gobierno autonómico en esta materia al resultado del recurso de casación que interpondrá el Ejecutivo central. De la misma forma, el vicepresidente murciano, Antonio Gómez Fayren, ha reconocido que esperará a la resolución de las instancias judiciales.
Mientras tanto, los sindicatos siguen presionando para que el Gobierno acepte a negociar con ellos el pago inmediato de las compensaciones. Tanto UGT como CC OO interpondrán en los próximos días reclamaciones ante las distintas Administraciones, a las que exigirán la aplicación del fallo judicial.