El Gobierno se niega a negociar con los sindicatos el pago a los funcionarios
El Gobierno aseguró ayer que la sentencia que le condena a pagar más de medio billón de pesetas, según los sindicatos, en compensación a los funcionarios por el desvío de la inflación, no afectará a la consecución del equilibrio presupuestario e insistió en que no se negociará con los sindicatos hasta agotar la vía judicial.
El Gobierno está decidido a explotar al máximo la vía judicial para evitar el pago de cientos de miles de millones de pesetas por la congelación salarial sufrida por los funcionarios en 1997. El portavoz del Ejecutivo, Pío Cabanillas, fue ayer claro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "No es hora de negociar (con los sindicatos) ni de pagar, es hora de recurrir; no debemos adelantar acontecimientos y sí detenernos en este punto", dijo.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que compareció junto a Cabanillas para explicar la aprobación de la Ley Estabilidad Presupuestaria, abundó en ello y aseguró que la sentencia de la Audiencia Nacional, favorable a los funcionarios, "no amenaza la consecución del equilibrio presupuestario (déficit cero) previsto para este año, y el supéravit de ejercicios venideros". Montoro reconoció que su departamento está calculando el dinero que el Gobierno tendría que pagar pero no precisó ninguna cifra, "debido a las dificultades técnicas" que, en su opinión, acarrea cualquier estimación.
"Se trata de tipificar los derechos individuales de los funcionarios afectados, muchos de ellos afectados por el traspaso de competencias desde 1997", comentó, insistiendo en que no se debe hablar de "coste definitivo", ya que el Gobierno va a recurrir la sentencia y, "hasta que no se pronuncien de nuevo los tribunales no hay nada definitivo".
No obstante, Montoro reiteró que el Ejecutivo no dispone de ningún "fondo especial" para pagar a los funcionarios, sólo cuenta con los recursos procedentes de los impuestos y la capacidad para "recortar" el gasto.
"Se está cuestionando el esfuerzo que fue necesario realizar hace tres años para entrar en el euro, algo en que los funcionarios contribuyeron de forma especial", dijo, afirmando que las retribuciones de la función pública "deben estar siempre ligadas a la política económica que marque el Gobierno y a presupuestos saneados y equilibrados".
Cabanillas, por su parte, criticó abiertamente por "demagógica y oportunista" la petición del PSOE de que el Ejecutivo haga frente de inmediato al pago de las compensaciones.
A su juicio, es demagógica porque el Gobierno socialista también decretó la congelación salarial en 1994, "esa vez para reducir el elevado déficit", y oportunista, por su intención de sacar "rédito político" sin tener en cuenta el efecto sobre la economía española. Ayer, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió al Gobierno que, ante todo, respete las decisiones judiciales y se siente a negociar "para evitar un problema mayor". En términos similares, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, animó al Gobierno a "respetar el Estado de Derecho".
Concierto Vasco
Por otro lado, el ministro de Hacienda aseguró tras el Consejo de Ministros que el Gobierno tiene la intención de iniciar en febrero las negociaciones para la renovación del Concierto Económico Vasco. Montoro, explicó que se llevarán a cabo "de forma paralela" con las discusiones sobre el nuevo modelo la financiación autonómica para las comunidades de régimen común. Hace sólo 10 días el ministro había asegurado que estas negociaciones sólo se iniciarían "con el Gobierno vasco salido de las próximas elecciones autonómicas".
Por otro lado, Montoro sugirió que "parte" de la subida del IVA aplicado a los peajes de las autopistas "podría ser absorbida" por las empresas concesionarias. El Tribunal de Justicia de la UE condenó esta semana a España por aplicar el tipo reducido del IVA (7%) en los peajes, en vez del tipo normal (16%).
La Ley de Estabilidad irá en dos textos
El Consejo de Ministros aprobó ayer dos proyectos de Ley de Estabilidad Presupuestaria y su remisión al Congreso de los Diputados. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que el Ejecutivo ha decidido su tramitación en dos textos por recomendación del Consejo de Estado.
Este órgano consultivo había justificado en su dictamen que, "por razones técnicas" los artículos del anteproyecto inicial que tienen carácter orgánico, como los que afectan a modificaciones de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) se tramitaran como Ley Orgánica, y el resto como un proyecto de ley ordinario.
Otras de las novedades aprobadas ayer por Gobierno, en referencia a la Ley de Estabilidad, es la que permite ampliar, de 20 días a un mes, el plazo del que dispondrán las comunidades autónomas para presentar un plan de saneamiento financiero de "regreso al equilibrio", en caso de que alguna vez incurran en déficit.