España se suma a la demanda de la CE contra Reynolds y Philip Morris
El Gobierno español ha decidido adherirse a la demanda presentada por la Comisión Europea en Estados Unidos (EE UU) contra las empresas tabacaleras estadounidenses RJ Reynolds y Philip Morris por presunta participación en el contrabando de tabaco en la UE desde finales de los años setenta hasta la actualidad.
El Ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro, según un comunicado difundido ayer, ha solicitado al de Asuntos Exteriores que realice los trámites necesarios ante la UE para que España se sume a la demanda civil presentada contra ambas empresas en un tribunal de Nueva York.
El Ministerio de Hacienda considera que aunque en España, primer país de la UE que se adhiere a esta demanda, el contrabando de tabaco actualmente es un "problema menor", conviene sumarse a esta acción para defender los intereses de España, dados los graves perjuicios económicos y sociales ocasionados en el pasado por este tipo de tráficos ilícitos.
La Comisión Europea interpuso esta demanda el pasado 3 de noviembre, en nombre de la Comunidad Europea y de sus Estados miembros, contra las citadas compañías tabacaleras por los perjuicios económicos ocasionados y para lo que alegó negligencia, fraude, conspiración y violaciones de la ley estadounidense sobre organizaciones corruptas y su influencia en actividades ilegales (RICO).
La demanda considera probado que las empresas han participado, directa o indirectamente, en la introducción en la UE -violando las leyes de EE UU y de la UE y los acuerdos aduaneros entre ambos- de tabaco de contrabando con el propósito de incrementar los beneficios y la cuota de mercado en Europa. El objetivo de la demanda se centra en recuperar el importe del fraude tributario y aduanero cometido.
Además, las autoridades comunitarias reclaman los derechos arancelarios dejados de percibir a consecuencia del contrabando al tiempo que España pretende recuperar las cuantías defraudadas en concepto de IVA e impuesto especial sobre las labores de tabaco. Unas cuantías que todavía no han sido cuantificadas por el Ejecutivo.
Asimismo, se pretende recuperar los gastos en que incurrieron los servicios competentes en la lucha contra el tráfico ilícito de tabaco y obtener de las autoridades judiciales norteamericanas una orden que prohíba a los demandados continuar con su conducta y que prevea la sanción criminal en caso de incumplimiento.