Los Quince pactan ayuda mutua para cobrar sus deudas en toda la UE
Los ministros de Economía de la UE han pactado el texto final de una ley comunitaria que regulará desde el 30 de junio de 2002 la asistencia mutua de todas las Administraciones públicas en la recuperación de deudas fiscales, administrativas y aduaneras en cualquier Estado miembro. El texto sólo espera ya el visto bueno del Parlamento Europeo, antes de su adopción definitiva.
La futura directiva (ley comunitaria) permitirá a los Estados miembros tramitar y ejecutar la recuperación de todas las deudas de sus ciudadanos y empresas con el erario público, incluso cuando hayan incurrido en ellas en otro Estado de la Unión.
Ayer mismo, la Comisión Europea, durante la celebración de un debate sobre orientaciones fiscales para el mercado único, constataba que "la mayor cooperación redundará en una recaudación fiscal más efectiva que contrarrestará cualquier pérdida de ingresos que se derivase de la eliminación de las diferencias impositivas que aún perviven en la UE".
La Dirección General de Fiscalidad afirma en un documento interno que la mayor eficacia permitirá a la larga, incluso, "una reducción de la presión fiscal".
De momento, en un ejercicio de agilidad legislativa, los ministros de Economía (Ecofin) han aprovechado una directiva existente sobre asistencia mutua en la recuperación de deudas pendientes del Fondo Europeo de Garantía y Orientación Agrícola para dotarse de este nuevo instrumento que prescribe la cooperación contra el fraude en fiscalidad directa e indirecta.
La última sesión de Ecofin, el pasado día 19, los ministros decidieron extender la aplicación de esa norma a los impuestos indirectos en tabaco, alcohol y carburantes, así como a los impagos de aranceles y de retenciones a cuenta en el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Los Quince incluso aceptaron, por unanimidad, la iniciativa presentada por la Comisión en 1998 para que la directiva sea aplicable también a la evasión fiscal en impuestos sobre el rendimientos del trabajo y del capital, así como sobre primas abonadas a una compañía de seguros.
La colaboración entre las haciendas públicas se extenderá, finalmente, a la recuperación de cualquier deuda derivada de una sanción administrativa, y de los costes o intereses devengados por el impago.
Los ministros de finanzas, sin embargo, han cambiado la base legal que soporta esta directiva -sustituyendo la mayoría cualificada por la unanimidad en el futuro desarrollo de la ley- en contra del criterio de la Comisión.
El Parlamento Europeo deberá ratificar ese cambio, antes de que el Consejo la adopte finalmente.