El Gobierno recurrirá para no pagar la deuda con los funcionarios
El Gobierno en pleno y todos sus equipos jurídicos buscaban ayer de forma urgente un resquicio judicial para recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a la Administración a pagar atrasos a los funcionarios de más de medio billón de pesetas. Finalmente, encontraron ese resquicio: el Gobierno presentará un recurso de casación ante la Audiencia Nacional y, de no ser admitido, elevarán un recurso de queja ante el Tribunal Supremo.
El gobierno no quiere abonar a los dos millones de empleados públicos el medio billón de pesetas por los atrasos generados por la congelación salarial de 1997, tal y como le obliga una sentencia firme de la Audiencia Nacional. Prueba de ello es que hasta seis ministros salieron ayer al paso anunciando que el Ejecutivo recurrirá la sentencia y argumentando cada uno de ellos distintos motivos por los que lo hará.
Tras conocer los estudios de los equipos jurídicos del Estado, el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, explicó a este periódico que en el plazo de diez días (contando desde el martes) el Gobierno informará a la Audiencia Nacional de su intención de interponer un recurso, ante lo que este tribunal reiterará con toda seguridad lo que ya dice la sentencia "no cabe recurso de casación". Una vez cumplido este trámite, el Ejecutivo elevará un recurso de queja ante el Tribunal Supremo. Posada insistió en que "esto se tiene que resolver judicialmente" y descartó cualquier posibilidad de convocar a los sindicatos para pactar una salida negociada. El Gobierno entiende que la congelación salarial se acordó en la Ley de Presupuestos y fue aprobada por las Cortes, lo que prevaleces sobre un acuerdo de negociación colectiva. El que fuera ministro de Administraciones Públicas en 1997, Mariano Rajoy, apuntó en esta línea la existencia de un conflicto de poderes, entre el legislativo (el Parlamento que aprobó los Presupuestos) y el judicial (la Audiencia Nacional). Además, aseguró que en 1997 sí existió negociación con los sindicatos pero que no se llegó a un acuerdo.
Tres posibles recursos
El Gobierno, según fuentes jurídicas de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, tiene tres opciones. Anunciar un recurso de casación que el propio tribunal diría que no cabe, en coherencia con lo que dispone en su sentencia. Después presentaría una queja ante el Supremo que no tendría efectos sobre el fallo.
Otra posibilidad es recurrir en casación por interés de ley. æpermil;ste tampoco solucionaría nada al Gobierno porque mantendría "inamovible" el fallo. Sí obtendrían la ventaja de que, en caso de ser aceptado, ningún funcionario en situación similar podría reclamar pagos retributivos. Una tercera opción es el recurso de amparo ante el Constitucional por una supuesta vulneración del principio de jerarquía normativa. La tesis sería que la sentencia haría prevalecer un acuerdo entre Gobierno y sindicatos a la Ley de Presupuestos Generales. En este recurso se podría acordar la suspensión de la sentencia.
Rajoy evitó a las centrales en 1996
"Llegamos a la conclusión de que no había más solución que congelar los sueldos de los funcionarios y nos pareció más sensato no estar mareando la perdiz" con los sindicatos. La frase fue pronunciada en el Congreso por el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, en su etapa como ministro de Administraciones Públicas, cuando en octubre de 1996 el hoy secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, le reprochó el incumplimiento del acuerdo alcanzado en septiembre de 1994 por el último Gobierno socialista y las centrales sindicales.
La recomendación del PSOE al Gobierno de que abra un diálogo urgente con los sindicatos sobre la sentencia de la Audiencia Nacional no difiere mucho, de hecho, del consejo que Zapatero dio en 1996 a Rajoy para que respetase el acuerdo con los funcionarios sobre retribuciones.
Zapatero calificó entonces de "gravísimo atentado contra el derecho a la negociación colectiva" la decisión del primer Gobierno de Aznar, mientras que Rajoy le recordó que en 1993 y 1994 los gabinetes socialistas habían adoptado medidas similares.
El ministro hizo también una premonición fallida: "Nos gustaría que no tuviéramos la necesidad de volver a repetirlo (el debate) en el futuro", afirmó.
Los sindicatos preparan una batalla legal
Los servicios jurídicos del sindicato CC OO están convencidos de que la sentencia de la Audiencia Nacional es firme y de que ningún recurso que pueda presentar el Gobierno prosperará.
Por ello, su secretario general, José María Fidalgo, exigió ayer al Ejecutivo la ejecución inmediata del fallo judicial y el abono inmediato de los atrasos. En concreto, la letrada de la Federación de Enseñanza de CC OO, que presentó el recurso contra la congelación salarial, Carmen Perona Mata, concretó que el Gobierno tiene cinco días para ejecutar dicha sentencia y efectuar los pagos, que según sus cálculos ascenderán a más de medio billón de pesetas para los 2,2 millones de funcionarios afectados directamente (Administración Central) o indirectamente (Administraciones autónomas, locales y organismos autónomos).
Transcurridos esos cinco días se sindicato abrirá el plazo para las reclamaciones individuales, para lo que la central abrirá sus oficinas con la intención de gestionar dos millones de reclamaciones individuales. Sin en el plazo de tres meses desde que se presenten estas reclamaciones el Gobierno no ha abonado las cantidades que reconocidas a cada demandante, CC OO elevará los casos a la Audiencia Nacional. El tribunal obligará entonces la ejecución de la sentencia y de no obedecer, el Gobierno incurrirá en "desacato al tribunal".
UGT, por su parte, también ha puesto a disposición de afiliados del área pública sus servicios jurídicos y realizó un llamamiento a que presenten reclamaciones individuales.
Montoro advierte que el montante se pagará con impuestos
La presentación de un recurso de queja ante el Tribunal Supremo no interrumpe la ejecución de la sentencia. Es decir, que parece que el Gobierno tiene pocas posibilidades de salvarse del pago de estos atrasos. El ministro que pareció más consciente de ello fue el de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien en lugar de anunciar la presentación de recursos sentenció que la cifra "sea cual sea" la van a pagar los contribuyentes a través de los impuestos.
De igual opinión fue el secretario general de CC OO, José María Fidalgo, que entendió que la única vía de compaginar el pago de estos atrasos y el "déficiti cero" de este año será renunciar a recortes fiscales y aumentar los ingresos vía impuestos."
En cualquier caso, y aunque públicamente manifieste lo contrario, el Gobierno maneja la posibilidad de tener que pagar este medio billón a los funcionarios.
El propio Jesús Posada admitió que llegado el caso de que los tribunales confirme el fajo de la Adudiencia se deberá adoptar la fórmula de pago que no dañe los objetivos macroeconómicos, es decir, el abono fraccionado en varios ejercicios.
El Parlamento estudia presentar su propio recurso
El portavoz del PP en el Congreso, Luis de Grandes, pedirá que los servicios jurídicos de la Cámara Baja estudien un posible recurso del Parlamento a la sentencia de la Audiencia Nacional.
Opinó que se trata de "una cosa muy seria" que puede afectar incluso los principios constitucionales de la división de poderes. Pidió que se reflexione sobre "si una sala (de la Audiencia) puede privar de los derechos y la capacidad del Parlamento para legislar". Las presidentas del Congreso y Senado encargarán los informes correspondientes.