Agricultura renuncia a coordinar la eliminación de las harinas animales
Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, ha cedido a las comunidades autónomas la elección del proceso para destruir las harinas animales, lo que cuestiona la eficacia del convenio firmado el 14 de enero entre el propio Ministerio de Agricultura y las empresas cementeras. Mientras, el presidente de Gobierno, José María Aznar reconoció ayer que la crisis de las 'vacas locas' será un problema largo y complicado.
Sólo una de las 17 comunidades autónomas, el País Vasco, ha alcanzado un principio de acuerdo con las empresas cementeras para destruir las harinas animales acumuladas en su territorio, tarea que ha renunciado a coordinar en la práctica el Ministerio de Agricultura pese a reconocer la incapacidad de las 73 incineradoras repartidas por España para encarar este reto.
El ministro Miguel Arias Cañete calcula que hasta el mes de julio tendrán que destruirse 1,7 millones de toneladas de harinas animales procedentes de las vacas que van a ser sacrificadas (186.000 hasta junio). Pese a ello se ha limitado a firmar un convenio marco con la Agrupación de Fabricantes de Cementos de España (Oficemen) que no vincula a las comunidades autónomas ni resuelve el problema de fondo: la garantía de obtener los permisos municipales para transformar la actividad de las 36 cementeras instaladas en territorio nacional, requisito básico para que estas plantas puedan colaborar en la lucha contra la encefalopatía espongiforme bovina.
El presidente del Gobierno, José María Aznar, por su parte, se refirió ayer al mal de las vacas locas y dijo que frente a lo que pueda parecer por algunas declaraciones, "es un problema que afecta no sólo a España, sino a doce países europeos". Aznar insistió en que su Gabinete está dando respuestas y las seguirá dando con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria. Reconoció que puede haber problemas con los mataderos o con los ganaderos por la aplicación de las medidas para combatir el problema, pero dijo que todos ellos se afrontarán.
Respecto a la destrucción de harinas, según los datos que ha facilitado el director general de la patronal cementera, Rafael Fernández, solamente el Gobierno vasco ha permitido de momento que sus instalaciones, las de Lemona y Rezola, efectúen las primeras pruebas de incineración de harinas cárnicas.
El convenio marco firmado por Agricultura el pasado 14 de enero no despeja los problemas que van a encontrar las cementeras para obtener de los ayuntamientos, donde están instaladas, los permisos y licencias de actividad necesarios para, después de realizar las inversiones, comenzar la incineración de las harinas. Los primeros contactos mantenidos por esta patronal con el Gobierno catalán anticipan, por ejemplo, que desde la Generalitat se va a evitar correr con los costes políticos que puede acarrear la gestión de estos permisos. El director general de Oficemen considera que la promesa de Arias Cañete de regularizar en todas las comunidades autónomas la incineración de harinas animales en tres meses (plazo dado por el ministro en la Comisión de Agricultura el pasado día 17) "no pasa de ser un deseo que contrasta con la realidad", a la vista de los problemas políticos y burocráticos que plantea el desarrollo del convenio "y de los de tipo económico porque también cuentan los intereses de algunas incineradoras ligadas a determinados amigos".
Extrañeza
A los cementeros les extraña que en el convenio suscrito con Arias Cañete para la eliminación de las harinas no haya intervenido Medio Ambiente "que es a quien compete el control medioambiental en la eliminación de los residuos". Rafael Fernández recuerda que en diciembre mantuvo un contacto con los responsables de calidad ambiental del Ministerio de Jaume Matas y que en mitad de la reunión le telefoneó el titular de Agricultura para comunicarle que su departamento se encargaría en solitario de firmar el convenio.
Las sospechas y las previsiones sobre la evolución de la enfermedad que alberga Agricultura se reflejan de algún modo en la duración del convenio marco firmado con Oficemen. El documento estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 e incluye un aval mediante el cual el Gobierno se compromete a responder de las inversiones que realicen las cementeras para transformar sus instalaciones, incluso en el supuesto de que la UE levantara en seis meses la prohibición de alimentar al ganado con harinas animales.
Según la patronal, Arias Cañete les ha hablado de compensar las inversiones mediante subvenciones o desgravaciones fiscales en el impuesto de sociedades. Si fueran utilizadas todas las plantas disponibles como incineradoras, su transformación costaría alrededor de 6.000 millones de pesetas.
El convenio establece un precio de 12 pesetas por kilogramo de harina destruida aunque ello dependerá de los eventuales acuerdos que alcancen las cementeras con cada Gobierno autónomo.
Medio Ambiente, el gran ausente
La marginación del ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, de la firma del convenio alcanzado entre Agricultura y las cementeras contrasta con su contenido. En una de sus cláusulas se lee que "la destrucción de las harinas se efectuará con todas las garantías legales de carácter sanitario, medioambiental y técnico que sean aplicables", competencias sobre las que, en opinión del portavoz de Agricultura del PSOE, Jesús Cuadrado, "debería tener algo que decir" el ministerio citado. Matas, que no ha podido ser localizado por este periódico, es para la secretaria de Medio Ambiente socialista, Cristina Narbona, "el gran ausente en la crisis de las vacas locas", aunque en su departamento se asegura que sigue al detalle la evolución de la misma a través de su representante en la comisión interministerial que preside el vicepresidente primero, Mariano Rajoy.
Entre las condiciones impuestas por algunas cementeras que generarán polémica medioambiental figura la utilización de la propia harina animal como combustible en las plantas de incineración. Mientras que determinadas firmas alemanas, como Heildelberger Zement, analizan si esta práctica puede agravar las emisiones contaminantes de estas plantas, el director general de Oficemen niega este extremo
"Las harinas se introducirían en el horno por donde entra el combustible principal, generalmente carbón granulado. La grasa ardería y la parte mineral (huesos, fósforo) se incorporaría a la materia prima para hacer el cemento. Las emisiones seguirían siendo las normaes", dice Rafael Fernández.