La inspección detectó el año pasado 4.229 trabajadores 'sin papeles'
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó en el año 2000 sólo 4.229 casos de trabajadores en situación de ilegalidad, e impuso a las empresas que les habían contratado sanciones por valor de 2.365 millones de pesetas.
La Inspección de Trabajo levantó el pasado año 4.229 actas de infracción por contratación ilegal de extranjeros y propuso sanciones a las empresas infractoras por valor de 2.365 millones de pesetas. En 2000 se realizaron 11.818 actuaciones en materia de extranjeros, con lo que el número de infracciones detectadas ha aumentado un 192% desde 1996. Este mes de pondrá en marcha una nueva campaña con 1.160 visitas en 10 provincias y en los sectores más afectados.
En total, de enero a diciembre de 2000 la inspección recibió 764 denuncias en materia de trabajadores extranjeros, 48 de ellas presentadas por organizacionessindicales, y realizó 11.818 actuaciones. Estas cifras suponen un fuerte incremento de la acción inspectora, ya que el número de infracciones detectadas ha aumentado un 43% en el último año, al pasar de 2.952 en 1999 a 4.229 en 2000, y un 192% con respecto a 1996, año en el que se detectaron 1.448 infracciones.
Las provincias con más infractores y mayor número de trabajadores afectados fueron Madrid, Murcia, Barcelona, Cádiz, Alicante y Málaga. El pasado año se detectaron en Madrid 613 casos de contratación irregular de inmigrantes; le sigue Murcia (526), Barcelona (318), Cádiz (284), Alicante (251) y Málaga (243).
Sanciones por sectores
Las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de trabajadores extranjeros se llevan a cabo en el contexto de la lucha contra la denominada economía sumergida. Las actuaciones se llevan a cabo a través de visitas a empresas y centros de trabajo, ya que el control de empleo precisa de la comprobación de la prestación de servicios. Por actividades económicas, las infracciones detectadas se concentran en el sector de hostelería (36,59% de infracciones), seguido de la construcción (20,17%) y agricultura (12,31%). Por lo que respecta al importe de las sanciones, el 33,77% ha recaído sobre empresas de hostelería; el 19,40%, en empresas de construcción, y el 13,30%, en explotaciones agrícolas.
Coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social emprenderá un nuevo plan de acción, iniciando de forma inmediata un conjunto de acciones en 10 provincias (Jaén, Granada, Las Palmas, Alicante, Valencia, Huelva, Cáceres, Zaragoza, Almería y Murcia). Este plan contempla 1.160 visitas y se concentra en los sectores de actividad en los que se han detectado más infracciones.
El Prat empadronará a los extranjeros sin permiso
El Ayuntamiento de El Prat rechaza la petición del delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, de que los consistorios sólo empadronen a los inmigrantes residentes con permiso de residencia y asegura que no seguirá las directrices marcadas desde esa Delegación.
El Delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, hizo el pasado miércoles una "llamada a la seriedad" al pedir a los consistorios que sean "cuidadosos" y "exigentes" a la hora de empadronar a los inmigrantes, que lo hagan con quienes realmente tienen "condiciones de residencia" y que eviten así beneficiarse de más ayudas.
Según un comunicado emitido ayer, el alcalde de El Prat, Lluís Tejedor (IC-V), califica la petición de "barbaridad, contraria a los derechos humanos y ofensiva para los alcaldes". Tejedor considera "inadmisible que desde el Gobierno se haga una petición que supone vulnerar dos leyes: la de Extranjería y la de Bases de Régimen Local".