Madrid reabre la guerra fiscal con Vitoria y recurre de nuevo incentivos vascos
La paz fiscal firmada por las Administraciones de Madrid y Vitoria el 18 de enero del año pasado no ha llegado a cumplir su primer aniversario, que tiene lugar hoy. El Gobierno de José María Aznar ha presentado recursos contra las normas de las tres diputaciones vascas que regulan los incentivos a la inversión y las reducciones a las sanciones tributarias.
En su protesta, el Ejecutivo de Madrid defiende que esas medidas incumplen los contenidos de la paz fiscal del 18 de enero. Este acuerdo incluía el compromiso del Estado de retirada de todos sus recursos contra la fiscalidad vasca, a cambio de que las administraciones tributarias de Euskadi derogaran determinados incentivos.
La situación ha cambiado radicalmente y Madrid ha presentado sus primeros recursos desde la paz fiscal, una actuación que sectores del PP del País Vasco no comparten, sobre todo cuando la Diputación de Álava, controlada por los populares, ha decidido mantener las normas recurridas. El Ministerio de Hacienda confirmó la presentación de recursos en la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra tres puntos concretos de la normativa vasca.
Dos se refieren a incentivos fiscales incluidos en el impuesto de sociedades y el tercero al régimen de sanciones tributarias. Las normas impugnadas establecen una deducción fiscal del 15% a la inversión en innovación tecnológica con certificado de calidad, mientras que en territorio común esta tasa limita este beneficio al 10%. Asimismo, las diputaciones de Euskadi permiten una desgravación del 15% en la compra de vehículos industriales o comerciales que propicien la reducción de la contaminación. En este caso, el Estado también fija un descuento inferior, del 10%.
Fuentes del Ministerio de Hacienda explicaron ayer que la paz fiscal obligaba a los entes vascos a no pasar del 10% en ningún incentivo a la inversión. También en la reducción de las sanciones tributarias hay diferencias, del 40% vasco al 30% que aplica la normativa estatal.