Montoro defiende la participación de los ayuntamientos en el IRPF
Hacienda está estudiando la inclusión de los municipios en el reparto del IRPF e impuestos ligados al consumo. Está dispuesta también a ensanchar hasta el 50% el tramo del IRPF que se cede a las autonomías y a traspasar a las comunidades la gestión del impuesto de matriculación.
El Gobierno estudia compartir con los ayuntamientos los impuestos sobre la renta, el patrimonio y el consumo, como forma de asegurar los ingresos de las corporaciones locales cuando se exima del impuesto de actividades económicas (IAE) a la mayor parte de las pymes.
Así lo anunció ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una reunión de alcaldes y concejales del PP celebrada en Valencia. Según Montoro, la prometida supresión del IAE (impuesto con el que se financian en gran medida los municipios) para la mayoría de las pymes se producirá "en la segunda mitad de la legislatura", a partir de marzo de 2002.
Cristóbal Montoro explicó que su departamento está llevando a cabo "estudios para que las diferentes Administraciones compartan los impuestos sobre renta (IRPF), propiedad y consumo o una combinación de ellos" para que se garantice la estabilidad en los ingresos de los ayuntamientos. En este sentido, añadió que "la participación en algunos de los impuestos directos del Estado es una garantía de suficiencia".
No obstante, el ministro de Hacienda manifestó que estas medidas no buscan una compensación sino la identificación de nuevas fuentes de financiación de las haciendas locales basadas en los principios de suficiencia y corresponsabilidad.
Todo ello en el marco de la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria que obligará también a los ayuntamientos a no gastar más de lo que ingresan. Montoro dijo que el debate sobre estas medidas se iniciará cuando se firme el pacto de financiación autonómica cuya negociación está a punto de empezar
Horas más tarde, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, Rita Barberá, reclamó que ambas negociaciones comiencen al mismo tiempo, ya que, en caso contrario se producirían en su opinión, "intereses contrapuestos" entre comunidades y ayuntamientos. En el mismo tono, el presidente valenciano, Eduardo Zaplana propuso alcanzar un "acuerdo global" para que los ayuntamientos se beneficien del proceso de transferencias de competencias del Estado. Por su parte, el secretario general del PP, Javier Arenas, advirtió a Zaplana que las autonomías "tendrán que perder cierto peso competencial en favor de los ayuntamientos".
Desde Barcelona, el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, confirmó que el Gobierno central está abierto a "ensanchar" hasta el 40% o el 50% -actualmente se encuentra en el 30%- el tramo autonómico del IRPF y a ceder distintos tributos especiales. Reyna confirmó también que se está estudiando la posibilidad de ceder la gestión del impuesto de matriculación a las comunidades autónomas.
Cataluña anima a Baleares y Valencia a un pacto regional
Cataluña mueve ficha. El consejero de Economía, Artur Mas, afirmó que el Gobierno catalán buscará acuerdos parciales con otras autonomías para alcanzar puntos comunes de negociación del nuevo sistema de financiación autonómica para 2002. Mas subrayó que el reto más importante que afronta la Generalitat este año es la negociación del nuevo modelo autonómico. "Con Aragón, Baleares y Comunidad Valenciana ya nos hemos puesto en contacto para buscar acuerdos parciales sobre este tema", dijo.
El consejero indicó que los pactos que se puedan alcanzar con estas comunidades serán de carácter puntual y nunca con una propuesta global, ya que "existen demasiadas diferencias". "Por poner un ejemplo -añadió-, sólo los 750.000 millones de pesetas de nuestra partida en Sanidad es superior a todo el Presupuesto de Baleares".
Mas no explicó en qué consiste su propuesta, pero señaló que debería basarse en "premiar más la mayor aportación fiscal que se hace desde regiones como Cataluña, la cogestión de los impuestos y una organización más federal del cobro de tributos". Según él, la negociación de la financiación autonómica ha de separarse de la local "aunque pueda abrirse en paralelo".