Sanidad instruye a las CC AA para detectar las muertes provocadas por la enfermedad

Las comunidades autónomas ya disponen de un primer borrador del manual de referencia para detectar posibles casos de fallecimientos por el mal de las 'vacas locas', un documento en el que se aconseja la realización de las pruebas diagnósticas definitivas en todos los casos sospechosos para su evaluación en España y su posterior envío a la Unidad de Vigilancia de Edimburgo. Los consejeros autonómicos de Sanidad reclaman a la ministra información fiable mientras que la patronal del sector cárnico se queja de los perjuicios ocasionados por el "despropósito político" y exige soluciones. La política astuta que era Villalobos esconde una gestión que tiene paralizado el ministerio.

El ministerio que dirige Celia Villalobos ha entregado a los consejeros de Sanidad de las distintas comunidades autónomas un primer borrador con las instrucciones que deben seguir en sus respectivos territorios para detectar posibles casos de fallecimientos por el mal de las vacas locas. Los consejeros consultados por este periódico consideran este manual de referencia claramente insuficiente, reclaman a Villalobos mayor información y, sobre todo, una mejor coordinación para responder a los retos que plantea la enfermedad.

El manual recomienda la biopsia de amígdala del paciente "cuando es necesario descartar el diagnóstico de la nueva variante de Creutzfeldt-Jakob, puesto que sólo proporciona resultados positivos en esta entidad". Al igual que en la biopsia cerebral, que según el manual no debe sustituir a una eventual autopsia, se recomienda el envío del material recogido a la Unidad de Vigilancia establecida en Edimburgo "para confirmar los resultados obtenidos por nosotros".

Esta Unidad ya tiene certificada la primera muerte "importada" en España por este mal. Fue registrada en Málaga en febrero de 1997 y la víctima fue un inglés de 27 años que trabajaba como enfermero en un hospital psiquiátrico. En total hay contabilizados en Europa 24 muertes por Creutzfeldt-Jakob entre el personal sanitario, según ha confirmado a este periódico el doctor Vicente Monge, experto en prevención de las enfermedades priónicas del Hospital Ramón y Cajal.

Sanidad también instruye a los consejeros autonómicos para que fomenten la realización de las necropsias (limitadas a la cavidad craneal) en los fallecidos "con sospecha de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob" pues considera que "en cualquier sala de autopsias de un hospital es posible adoptar las medidas de seguridad necesarias para la extracción del cerebro". En "casos excepcionales", el manual contempla la posibilidad de que el patólogo de la unidad neuropatológica de referencia (UNR) se desplaze al hospital donde se produzca la muerte con objeto de extraer el cerebro "siempre que se disponga del suficiente apoyo de personal". En caso de que la autopsia se realice en la UNR, el coste del traslado del cadáver "correrá a cargo de la institución oficial designada por el centro solicitante del estudio".

Clasificación discutida

Sanidad admite en su informe que "los criterios para la clasificación de casos de variante de ECJ (mal de las vacas locas) están siendo discutidos y definidos en base a la información que se va recogiendo de los casos aparecidos de esta enfermedad". Sí constata que para detectar su presencia carecen de utilidad las pruebas diagnósticas empleadas para las manifestaciones clásicas de Creutzfeldt-Jakob e insiste en la conveniencia, en determinados casos, de la biopsia de amígdala o de la resonancia magnética nuclear.

Sanidad recuerda que el registro nacional de Creutzfeldt-Jakob es confidencial y está sometido a la Ley de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal. "La base de datos del registro se mantiene en un único ordenador que está protegido con claves de acceso. Los cuestionarios y documentos que se reciban de las comunidades autónomas con información de los casos se guardarán bajo llave", se avisa a los consejeros. En estos cuestionarios no constarán los nombres y apellidos completos de los pacientes.

Buena parte de estas recomendaciones contrastan con la realidad: el estudio necroscópico de las víctimas por C-J no llega ni al 50%, reconocen los expertos consultados, porque incluso en hospitales con la misma dotación de medios hay que tener en cuenta el interés profesional, las derivaciones sindicales de los mozos y del personal de autopsias, la falta de organización y el miedo al contagio de los propios facultativos.

En opinión del doctor Monge, "todas las profesiones tienen sus riesgos" y los patólogos también tienen los suyos aunque "pueden y deben reducirse al mínimo si se adoptan las precauciones necesarias frente a este tipo de enfermedades".

Dichos problemas han movido a los neurólogos a reclamar a Sanidad medios para realizar los estudios post-mortem en los casos sospechosos para que entre los casos de C-J clasificados como "esporádicos", sin causa conocida, no se cuele la temida encefalopatía espongiforme bovina.

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, denuncia estas lagunas: "Frente a la calificación oficial de los casos esporádicos de la enfermedad hay que reconocer que muchos no han tenido las pruebas complementarias diagnósticas y que se han podido dar casos de muertes por la nueva variante que no han sido detectados", afirma.

El citado consejero ve urgente abordar con Sanidad "la falta de medios de muchos hospitales para efectuar estas pruebas" así como el "intercambio continuo de información para evitar que cada comunidad actúe por su cuenta en asunto tan delicado". Es un juicio compartido por la mayoría de los consejeros de Sanidad, ante el que el ministerio, pese a la insistencia de este periódico para su contraste, guarda silencio.

 

Opacidad para no disparar la alarma social

Los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas echan en falta un debate a fondo con la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, sobre los materiales específicos de riesgo (MER) para examinar los posibles peligros a los que se encuentra sometida la población "sin necesidad de propiciar la alarma social", afirma Fernando Lamata.

Sospechan que el ministerio no les traslada toda la información relevante que manejan los científicos relativa, por ejemplo, a la posible infectividad del catgut, también denominado tripa quirúrgica, empleado para las suturas y fabricado, en parte, a base de intestino bovino; determinados tipos de contrastes utilizados para verificar las embolias pulmonares o el colágeno de origen bovino que, una vez purificado y estabilizado, se puede usar para algunas cirugías estéticas.

El doctor Vicente Monge, del hospital Ramón y Cajal, afirma que el catgut "cada vez se utiliza menos" en los quirófanos españoles y la mayoría procede de la tripa de equinos. No obstante, considera que las empresas que lo fabrican de material bovino deberían estar obligadas a esterilizarlos a la temperatura necesaria para eliminar los priones y, en caso de duda, debería ser retirado del mercado.

Hasta ahora, los intentos de algunos consejeros de Sanidad de mantener una reunión monográfica con Villalobos sobre los retos sanitarios que plantea el mal de las vacas locas han sido infructuosos.

"La ministra nos ha dicho que no quiere sembrar la alarma y por eso ha adoptado una actitud opaca", afirma Lamata.

 

Los ganaderos exigen soluciones al Gobierno

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) anunció el sábado que la falta de medidas del Gobierno frente a la crisis de las vacas locas ha obligado al sector a iniciar un proceso de movilizaciones en todo el Estado español con el fin de exigir soluciones concretas a la grave situación que atraviesan los ganaderos.

La COAG vuelve a pedir al Ejecutivo que "asuma de una vez por todas su responsabilidad y articule respuestas concretas, en vez de derivar la responsabilidad hacia la Unión Europea y las Comunidades Autónomas. La Administración central no hace otra cosa que articular un discurso contemporizador que no contribuye a solucionar la grave crisis", asegura la organización.

La Coordinadora añade que "esta crisis sin precedentes es un problema de Estado, ya que para muchos ganaderos puede suponer la ruina definitiva".

Nuevos certificados

También denuncia que se quiere forzar a los ganaderos a declarar que sus animales no presentan síntomas patológicos mediante los nuevos certificados que la Administración quiere poner en marcha para aquellos animales que van al matadero, "obligándoles con ello a asumir funciones veterinarias de manera impropia", añade la COAG. Esta organización considera que no se puede obligar al ganadero a declarar técnicamente que sus animales no padecen ninguna enfermedad y cuestiona la legalidad de esta disposición.

Por otra parte, hoy se iniciará el sacrificio de 247 vacas de tres explotaciones ganaderas de Cabreros del Río (León) de donde procedían las dos reses a las que se les diagnosticó la enfermedad de las vacas locas. Este proceso durará 10 días y se realizará en las instalaciones de la empresa Rebisa que sacrificará a los animales con una inyección letal; luego, se extraerán muestras para ser analizadas.

La primera incineradora para los materiales específicos de riesgo de las reses sacrificadas, se pondrá en marcha en la provincia de Málaga, según la COAG andaluza.