La Ley de Enjuiciamiento Civil exige 200 jueces más y medios técnicos
El Consejo General del Poder Judicial afirmó ayer que hacen falta 200 jueces más y la instalación de varios equipos técnicos para dar cumplimiento a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Se lamentó de que no se elaborase una memoria económica para la puesta en marcha de la nueva norma, que calcula costará 10.000 millones.
La comisión creada por el Consejo General del Poder Judicial para el seguimiento de la implantación de la Ley de Enjuiciamiento Civil se mostró ayer optimista con los resultados que se tienen hasta ahora sobre la puesta en marcha de la nueva norma. Los vocales del consejo también se mostraron esperanzados en que el funcionamiento paulatino de la ley en todo el territorio nacional no plantee demasiadas dificultades.
A pesar del optimismo que transmitió la comisión (formada por los vocales Manuela Carmena, Damián Álvarez y Francesc Caminal), los datos con los que se cuenta hasta ahora muestran deficiencias que influyen en el funcionamiento efectivo de la ley, que entró en vigor el pasado 8 de enero. Para empezar, faltan aún cerca de 200 jueces en la jurisdicción civil. Estas vacantes se irán ocupando con las nuevas promociones de jueces.
Todos los juzgados no cuentan con una sala de vistas tal y como exige la nueva norma. En un 75% existe una sala de vistas por cada dos juzgados. En cuanto a la dotación de medios técnicos, hay un 44% de salas en las que todavía no se han instalado sistemas de videograbación.
La Xunta de Galicia negó ayer los datos presentados por el Consejo, según los cuales Galicia no cuenta con ningún equipamiento de grabación. Fuentes del departamento autonómico de Justicia explicaron a Efe que se destinaron 81 millones para dotar de los equipos audiovisuales a 81 salas de vistas.
Según los vocales del Consejo, finalmente todas las salas contarán con este sistema para hacer posible que los juicios que se celebren puedan ser grabados, porque así lo dispone la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, quitaron importancia al hecho de que todas no cuenten con videograbación porque señalaron que no es del todo imprescindible que las vistas sean grabadas.
Procuradores
La videograbación es una forma de que los órganos judiciales superiores puedan revisar visualmente todas las pruebas presentadas en la vista oral con la misma perspectiva que el juez de Primera Instancia.
La comisión lamentó que el Parlamento no elaborara una memoria económica sobre la puesta en marcha de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Según sus cálculos su implantación costará 10.000 millones de pesetas. El pasado 9 de enero el Ministerio de Justicia recordó que se han invertido 4.000 millones para dotar de medios materiales a los juzgados civiles y adecuar su infraestructura a la nueva ley.
En cuanto al servicio de traslado de copias entre procuradores por partidos judicial, lleva un considerable retraso. Sólo funciona en un 17,2%. Según el consejo, los colegios de procuradores deben hacer frente a una nueva partida presupuestaria para poner en marcha el mencionado servicio. El consejo ha habilitado una página web para recoger las impresiones de jueces de todo el Estado sobre la nueva ley.
Un gran número de ciudadanos ha iniciado litigios que no requieren abogado
S. P. Madrid
La entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha provocado dos comportamientos opuestos antes y después de que comenzara a funcionar (el pasado 8 de enero) en nuestro sistema judicial.
Por un lado, los abogados que tenían entre manos asuntos civiles acudieron a los juzgados para presentar apresuradamente una avalancha de demandas antes de que comenzara a funcionar la nueva norma. De esta forma los procedimientos se tramitarán con la anterior ley. Según los vocales del consejo, este comportamiento es comprensible porque los letrados aún no conocen bien las nuevas disposiciones de la ley. Por ejemplo, en Valencia la presentación de demandas antes de la entrada en vigor de la nueva ley se multiplicó por tres.
Por otro lado, nada más entrar en vigor la nueva norma, muchos ciudadanos han acudido a los juzgados de lo Civil para iniciar litigios en los que no es necesaria la intervención de un abogado.
Dejando aparte este tipo de anomalías, el consejo estima que aún no se puede hacer una valoración negativa sobre la implantación de la nueva ley. A juicio del vocal Damián Álvarez, que ahora existan deficiencias de medios materiales y humanos "no es preocupante, lo que sería preocupante es que sigan faltando dentro de seis meses". El consejero señaló que "los datos significativos se tendrán dentro de tres meses y se podrá saber cómo están las cosas".
Tampoco hicieron ninguna valoración sobre si la nueva situación va a repercutir en el número de asuntos pendientes. La vocal Manuela Carmena manifestó que dentro de medio año se conocerá si "la inmediación que persigue la nueva ley se ha conseguido". Para Carmena depende de los jueces, del Consejo y de "una pieza clave, los abogados".