Una relación plagada de desencuentros y discrepancias

El Gobierno de José María Aznar no ha sido tradicionalmente muy sensible a la hora de asumir las indicaciones realizadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) respecto a impedir fusiones u operaciones de compra de compañías.

Sólo hay un caso en el que el Ejecutivo haya recogido íntegramente la doctrina del TDC. Fue el pasado 26 de mayo, cuando impidió la adquisición de la compañía eléctrica asturiana Hidrocantábrico por su competidora Unión Fenosa.

Este caso ha pesado, sin duda, en el dictamen que el TDC ha elaborado respecto a la fusión de Endesa e Iberdrola. Y ha tenido su influencia, dado que el estudio del mercado eléctrico español que se hizo entonces está todavía plenamente vigente.

Sin embargo, según los expertos consultados, aunque ambas operaciones guardan paralelismos, divergen en un punto. La primera no garantizaba en modo alguno el reforzamiento de la competencia en el sector eléctrico y el que ahora está sobre la mesa al menos sí abre la puerta a la posibilidad de que entren nuevos operadores a través de las subastas que se prevé realizar sobre determinados activos, tanto de generación como de distribución y comercialización.

Por ello, todos los expertos consultados coincidían en que la operación tendrá el visto bueno del TDC, aunque con duras condiciones.

Otra cosa es lo que finalmente decida el Gobierno. Y ejemplos que corroboran la falta de sintonía entre el Ejecutivo y el TDC abundan.

Cervezas

El pasado año hubo dos casos en los que el Tribunal argumentó su oposición a la operación y el Gobierno consideró necesario contradecirle e imponer su propio criterio.

Fueron las dos concentraciones de empresas cerveceras. En el primer caso -la compra de el grupo Cruzcampo por Heineken-, el TDC comunicó al Gobierno que la integración "provocaría un claro riesgo de modificación estructural del mercado, que implicaría serias restricciones a la competencia efectiva". El Ministerio de Economía prefirió eludir esta opinión y aprobó la operación condicionandola a la venta del 17% del mercado.

El mismo caso se repitió casi milimétricamente respecto a la compra de la cervecera madrileña Mahou por San Miguel. El TDC recomendó prohibir la compra y Economía dio vía libre a la operación con la condición de que la nueva empresa vendiera su participación en la también cervecera catalana Damm y renunciara a determinados contratos de distribución de marcas de terceros

En enero del año pasado se produjo un caso similar. Tabacalera y Planeta decidieron fusionar sus filiales Logista y Midesa, dedicadas ambas a la distribución física. El TDC, entonces presidido por Amadeo Petitbó, optó por impedir la concentración aunque Economía decidió llevar al Consejo de Ministros una propuesta de aprobación sujeta al cumplimiento de restricciones temporales del negocio.

También en el sector de la distribución, pero en venta minorista, divergieron las opiniones del Tribunal y del Gobierno.

Los dos líderes del negocio de los hipermercados en España, Pryca y Continente, se unían para crear Carrefour. Tras varios meses de deliberaciones, el Tribunal de la Competencia, en su informe al Gobierno, recomendaba autorizar la operación, aunque imponía severas condiciones de venta de activos. El Gobierno recogió el guante y dio luz verde a la operación, pero suavizó enormemente las condiciones de venta de activos.

Sólo hay otro caso en el que el Gobierno ha refrendado un informe del TDC. Es el caso de la compra de Schweppes por el grupo Coca- Cola. El Tribunal de Defensa de la Competencia recomendó, en un informe confidencial, prohibir la operación, pero el abandono de las partes evitó al Gobierno tener que pronunciarse.

Miembros del Tribunal reconocen en privado su frustración por este desencuentro. "Son muchas horas de estudios, de audiencias con las partes, de análisis de mercado, de reflexión y de redacción de informes para que después en otras instancias, "quizás con mayor influencia en el Ejecutivo", se obvie y se desprecie tanto trabajo y tanto esfuerzo.

 

Los miembros del tribunal

El futuro de la mayor operación de fusión entre empresas eléctricas en España depende del criterio mayoritario de los nueve componentes (presidente y ocho vocales) del Tribunal de Defensa de la Competencia.

Nueve miembros cuyos cargos son rotatorios. Se renuevan por mitades cada seis años a propuesta del ministro de Economía con juristas, economistas y otros profesionales de prestigio que cuentan con más de 15 años de ejercicio profesional.

Su presidente es el miembro más reciente y ya ha firmado como tal dos resoluciones de otros tanto expedientes sancionadores. El primero fue desestimando una sanción por presuntas prácticas contra la competencia del Colegio de Procuradores y el segundo fue refrendando una sanción contra la Unión Española de Entidades Aseguradoras (Unespa), a la que multó con 80 millones de pesetas por prácticas conducentes a desvirtuar el precio del seguro de los automóviles en 1999.

æpermil;stos son los miembros del Tribunal:

Gonzalo Solana

Presidente

Nombrado el pasado mes de septiembre en sustitución de Amadeo Petitbó. Hasta ese momento era director de Estudios del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. organismo que preside José Manuel Fernández Norniella, miembro a su vez del consejo de administración de Endesa y presidente de Azucarera Ebro Agrícolas.

Francisco Huerta

Vocal

Nombrado hace dos años. Además de su cargo de vocal ocupa la vicepresidencia del tribunal. Desempeñaba desde 1996 el cargo de fiscal del Tribunal Constitucional.

José Hernández

Vocal

Es ingeniero naval. Fue nombrado hace cuatro años. Ha trabajado en el Ministerio de Industria.

Antonio Castañeda

Vocal

Fue director general de Comercio. Es vocal del tribunal desde hace cuatro años.

Miguel Comenge

Vocal

Es ingeniero agrónomo y técnico comercial del Estado. Ocupa su cargo en el TDC desde hace cuatro años. Fue director general de Defensa de la Competencia.

Luis Martínez

Vocal

Es técnico comercial del Estado. Fue nombrado en marzo de 1999. Hasta entonces era consejero económico y comercial en la representación permanente de España en la Unión Europea.

José Juan Franch

Vocal

Es economista. Profesor titular de Economía y Hacienda de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Ocupa el puesto desde hace dos años.

María Jesús Muriel

Vocal

Antes de su incorporación al Tribunal de Defensa de la Competencia en marzo de año pasado era desde febrero de 1997 magistrada de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ingresó en la carrera judicial en 1980.

Julio Pascual

Vocal

Economista. Nombrado hace cuatro años. Ha centrado su labor profesional en la patronal y en la empresa privada.

Todo ellos, asistidos por un secretario, puesto que en estos momentos ocupa Antonio Fernández Fábrega, dan contenido a un tribunal que se creó en 1964 y cuya actividad pasó casi desapercibida hasta 1989, año en el que una ley le dotó de competencias.