Los constructores regionales llevan la Ley de Contratos a Competencia
La Asociación de Nacional de Empresas Regionales de Obra Pública (Aerco) ha denunciado ante el Servicio de Defensa de la Competencia el último borrador elaborado por el Ministerio de Hacienda sobre el reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La impugnación se refiere en concreto al nuevo sistema de clasificación (la acreditación administrativa) de las empresas para poder optar a contratos de obras públicas. Aerco, que representa a 29 empresas constructoras con una facturación anual de 200.000 millones de pesetas, considera que el texto que regulará el acceso de las distintas constructoras a los contratos de obra "distorsiona gravemente las condiciones de competencia, impide el eficaz funcionamiento del mercado y supone un claro ataque al interés público".
Así, con el nuevo sistema de clasificación, incluido en el reglamento que desarrollará la Ley de Contratos, el 40% de las compañías del total que en la actualidad pueden acceder a contratos de más de 400 millones de pesetas con cualquier administración del Estado (local, autonómica y central) "vería cerrada su posibilidad de competir", según consta en los fundamentos de la denuncia presentada por la patronal. En concreto, calcula que con el nuevo texto sólo 627 constructoras podrán optar a contratos de obra públicas superiores a 400 millones, de las 1.045 empresas que entre 1998 y 1999 fueron clasificadas para acceder a este tipo de contratos.
Del mismo modo, señala que sólo el 31% de las 1.488 empresas constructoras clasificadas actualmente para contratar con la Administración obras superiores a los 25 millones podrán seguir optando a estos concursos.
Asimismo, Aerco denuncia el "endurecimiento" de los requisitos mínimos de solvencia económica que establece el borrador para cada una de las categorías de clasificación, al considerar que se fundan en criterios "totalmente arbitrarios y sin justificación que derivan en un efecto distorsionador de la competencia en el sector de las obras públicas".
Solvencia
En este sentido, señalan que el nuevo reglamento establece que la constructora que pretenda optar a la contratación de obras públicas por un importe de 1.000 millones, deberá contar con fondos equivalentes al 30% del presupuesto de licitación, según el nuevo sistema.
Además, la patronal de constructoras regionales estima que la elaboración del nuevo sistema de clasificación representa una "discriminación" para las empresas españolas respecto a sus homólogas de la UE, dada la "total inexistencia de un sistema homogéneo de clasificación de los países europeos". Este hecho puede provocar, según apuntó la asociación, que numerosas empresas trasladen sus domicilios sociales a aquellos países en los que las condiciones de acceso a contratos de obra pública sean menos severos.
Por ello, Aerco solicita a Competencia que "estudie, investigue y analice" el grado de competencia que para el sector de la obra pública resultaría de la aplicación del nuevo sistema.