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LA CRISIS DE LAS "VACAS LOCAS"

La Audiencia absuelve a Sanidad en la primera demanda por una muerte

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado contra el Ministerio de Sanidad por la familia de una paciente fallecida por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, una de cuyas variantes es el mal de las vacas locas. A la víctima no se le practicó la autopsia.

I. G. R., administrativa, falleció de Creutzfeldt-Jakob el 18 de septiembre de 1997 en Logroño cuando contaba 55 años de edad. Su hija, Nuria, denunció al Ministerio de Sanidad ante los tribunales y pidió una indemnización de 20 millones por la muerte de su madre causada, en su opinión, por el consumo de carne infectada.

La sección cuarta de la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional desestimó el pasado 19 de julio el recurso presentado, según el fallo que obra en poder de este periódico. El ponente de la sentencia, el magistrado Ernesto Mangas, concluye que no está comprobado que la muerte de I.G.R se debiera al mal de las vacas locas. Los tribunales de justicia tienen pendiente de dictaminar media docena más de casos similares.

El presidente y los tres magistrados responsables del citado fallo toman como referencia para justificar la sentencia un informe elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología en el que se lee: "El único método para el diagnóstico con certeza de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es la realización del examen neuropatológico del tejido cerebral del paciente. El proceso de la paciente compatible con la ECJ sería clasificado como un caso probable, esporádico, de la forma clásica de la enfermedad, y no como de nueva variante".

Carne contaminada

La hija de I. G. R. ha confirmado a este periódico que a su madre no le fue efectuada la necropsia. "Ella vivía en Madrid, donde a finales de 1996 le diagnosticaron una depresión en el Hospital Clínico. Como yo vivo en Logroño, la puse en manos de un psicólogo de aquí, hasta que su estado empeoró y fue ingresada en el Hospital de San Millán. Los neurólogos pensaron primero en una meningitis y luego enviaron unas muestras (líquido cefalorraquídeo) al Hospital Universitario de Barcelona, donde le diagnosticaron el Creutzfeldt-Jakob".

"Los médicos", relata "me dijeron que podía estar relacionado con el consumo de carne contaminada y por eso puse la demanda con la ayuda de mi abogado. Falleció en septiembre y me extrañó que la encargada regional de Sanidad de La Rioja se desplazara hasta aquí para dar instrucciones a la funeraria de cómo debía ser enterrada: la metieron en una caja blindada de zinc y luego la introdujeron en el ataúd".

Nuria, la hija de I.G.R., no descarta recurrir la decisión de la Audiencia Nacional al Tribunal Constitucional.

 

Otro caso espera en los tribunales

El abogado cántabro Luis Sanz Planas tiene presentada en el juzgado número tres de Santander una querella criminal contra el ex director general del Insalud José Santiago y el ex gerente del hospital Marqués de Valdecilla Ignacio Iribarren, a los que acusa de "homicidio imprudente" por el fallecimiento de la paciente A.H, el pasado mayo, después de que le fuera implantado en agosto de 1996, en dicho centro, un hueso de vaca comercializado como prótesis por una empresa británica ya desaparecida.

A la fallecida se le diagnosticó la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y en la querella se hacen constar las dificultades insalvables puestas por la dirección del centro hospitalario para la realización de la necropsia a la víctima. Por todo ello se reclama para su familia una indemnización de 25 millones de pesetas.

La Inspección de Trabajo de Cantabria reconoció en diciembre serias deficiencias en la sala de autopsias de Marqués de Valdecilla, a cuya dirección dio un plazo de tres meses para subsanar, entre otras carencias, la falta de mascarillas diferenciadas para prevenir el contagio por enfermedades priónicas.

El sábado 23 de diciembre los patólogos del mismo centro se negaron a realizar otra necropsia, en este caso a un paciente fallecido por tuberculosis de alto riesgo. Los representantes de los médicos amenazaron, incluso, con acudir al juzgado si se les obligaba a realizar este tipo de autopsias, por temor al contagio.

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