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El Congreso insta al Gobierno a que firme el Pacto de Estabilidad Farmacéutica

El año 2001 puede ser el año del Pacto de Estabilidad Farmacéutica. La moción del Congreso instando al Gobierno a que alcance un acuerdo en este sentido, el cambio de actitud del Consejo General de Farmacéuticos de España, antes reacio a la negociación, y la posibilidad de que Farmaindustria y Sanidad resuelvan sus diferencias sobre la deuda que tienen pendiente los laboratorios permiten augurar la firma de un amplio acuerdo antes de que finalice el ejercicio.

Coalición Canaria ha despejado muchos de los interrogantes que desde hace meses se cernían sobre el Pacto de Estado para la Estabilidad de la Prestación Farmacéutica.

El hecho de que todos los grupos parlamentarios hayan apoyado y aprobado la moción presentada por este grupo político el pasado 19 de diciembre, instando al Gobierno a que elabore en el plazo de seis meses un plan para alcanzar un pacto farmacéutico, ha hecho que los reticentes al acuerdo, entre ellos el presidente del Consejo General de Farmacéuticos de España, Pedro Capilla, hayan dado su brazo a torcer y se muestren ahora favorables a la negociación, que tendría como protagonistas a los usuarios, a los médicos prescriptores, a la industria farmacéutica, a la distribución mayorista y a las oficinas de farmacia.

El pacto, además, se articularía a través del Consejo Interterritorial de Salud, donde están representados el Insalud y los servicios de salud autonómicos.

Coalición Canaria no logró -PP se opuso a ello- que la moción incluyese la presentación de un marco presupuestario plurianual de gasto, pero sus propuestas no han quedado ni mucho menos desdibujadas. Sanidad tendrá que rendir cuentas sobre cómo van las negociaciones en el plazo de seis meses y está obligada a presentar un diagnóstico sobre los factores que determinan el gasto en medicamentos.

El papel de Sanidad en esta iniciativa ha sido decisivo. La opinión de José Enrique Hours, presidente del Consejo de Farmacéuticos de Madrid, resulta muy elocuente: "el decreto de medidas liberalizadoras de junio logrará reconducir el gasto a niveles aceptables, pero lo que quiere Sanidad es un acuerdo político, no económico."

Queda, pues, un largo camino por recorrer, según Hours, uno de los más viejos defensores de un acuerdo de estas características, pero el simple hecho que que el presidente del Consejo General de Farmacéuticos de España, Pedro Capilla, diga, según explicó un portavoz, que la moción se correspondía "plenamente con las propuestas que llevamos haciendo hace muchos años para implantar medidas estructurales que permitan reducir el mal llamado gasto famacéutico", es, a juicio de Hours, una buena noticia que "demuestra que nuestras reivindicaciones no iban tan desencaminadas".

Rotas inicialmente las reticencias del Consejo, queda pendiente en este momento otro escollo que está tardando en superarse más de lo previsto. Se trata de la renegociación de la deuda que Farmaindustria mantiene con el ministerio de Sanidad.

Con un expresivo. "Tenemos un mes de plazo para llegar a un acuerdo, como mucho un mes. Si no habremos fracasado", el director general de Farmaindustria, José María Hernández, ha explicado a Cinco Días los términos de una negociación que en su momento se encalló en los vericuetos jurídicos (Farmaindustria denunció ante los tribunales el pacto) y que ahora sólo puede tener una resolución política.

Con palabras sencillas. El ministerio de Sanidad sostiene que Farmaindustria le debe 30.000 millones de pesetas, el dinero que dejó de pagar a la Administración tras la ruptura, en julio de 1999, del pacto que habían firmado un año antes.

Los laboratorios quieren reducir esta deuda reconocida porque de no hacerlo estarían obligados a pagar no sólo los 30.000 millones que le reclama Sanidad, sino también el 20% de recargo -6.000 millones de pesetas- que, desde el momento en que dejó de pagar, le ha exigido mensualmente la Tesorería de la Seguridad Social. Cualquier rebaja en la deuda reconocida, por pequeña que sea, eliminaría de la factura esos 6.000 millones del recargo, un dinero que la industria se niega a pagar.

En cuanto a Sanidad, la visión de Hours resulta muy elocuente: "el decreto de medidas liberalizadoras de junio logrará reconducir el gasto a niveles aceptables, pero lo que quiere Sanidad es un acuerdo político, no económico."

 

El gasto supera de nuevo los 100.000 millones

El pasado mes de noviembre el gasto farmacéutico aumentó un 25% sobre el mismo mes del año anterior y superó de nuevo el récord de septiembre, cuando las ventas crecieron por encima de los 100.000 millones de pesetas.

La Administración y los farmacéuticos coinciden en el carácter coyuntural del gasto durante el mes de noviembre, atribuible al hecho de que las oficinas de farmacia apurasen hasta el último día del mes para facturar todas las recetas, ya que el día 1 de diciembre entraban en vigor los precios de referencia, que limitaban la financiación pública de un medicamento al precio de su genérico; pero lo cierto es que facturas como ésta demuestran la perentoria necesidad de alcanzar cuanto antes un pacto en este ámbito.

El gasto medio por receta sigue creciendo y se sitúa ya en las 1.873 pesetas.

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