La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil entra hoy en vigor

A partir de hoy la administración de justicia y las empresas y ciudadanos tendrán que aplicar una nueva ley a los procesos civiles. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que sustituye a la actual de 1881, entra en vigor después de haber superado un año de vacatio legis (periodo de tiempo entre la aprobación de una ley y su entrada en vigor) y una tramitación llena de obstáculos y conflictos tanto con grupos políticos como con diferentes cuerpos de la administración de justicia.

Entre las novedades que incluye la nueva ley destacan cinco grandes aspectos: la creación del proceso monitorio, la ejecución provisional de sentencias de primera instancia sin fianza, la reducción del número de procesos, la nueva regulación de las subastas y las ventajas procesales para las asociaciones de consumidores.

La primera novedad -el proceso monitorio- es un nuevo tipo de juicio que ya ha sido implantado con éxito en países como Alemania, Francia o Italia. Se trata de un procedimiento ágil y sencillo para tramitar deudas de hasta cinco millones de pesetas en el que no es necesaria la presencia de abogado y procurador mientras el deudor no se oponga al pago de la deuda.

Otro de los grandes cambios del texto es la posibilidad de que las sentencias provisionales (susceptibles de ser recurridas ante otro tribunal) puedan ser ejecutadas sin que el acreedor tenga que prestar una fianza. El objetivo de la medida es proteger el crédito y evitar la práctica de algunos deudores condenados que recurren con el único objeto de alargar el proceso.

La ley reduce de cuatro a dos los procesos ordinarios y de 60 a cuatro los especiales y simplifica las subastas, en las que incluye la posibilidad de que se encomiende a entidades especializadas la venta de los objetos.

Por último, la norma refuerza la posición de consumidores y usuarios, al permitir que cualquier particular pueda beneficiarse de una sentencia en un juicio de consumo, aunque no haya participado en el proceso, siempre que acredite que está entre los afectados.