El 40% de los trabajadores de I+D tiene un empleo temporal
Los investigadores recelan del plan de Trabajo para repatriarles El Gobierno se queja de que no existen datos de los emigrados
Cuando se habla de temporalidad en el empleo a la mayoría de la gente le vienen a la mente sectores como la hostelería, el comercio o la construcción. En estas tres actividades la tasa de temporalidad está en el entorno del 40% frente al 27% de la economía en general.
Pero hay otro sector en España igualmente azotado por la precariedad de la contratación, en el que también cuatro de cada diez trabajadores es temporal. Se trata del sector de la investigación y desarrollo (I+D). Según la última Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el segundo trimestre de este año había en España 49.200 trabajadores de I+D. De este colectivo, unos 19.000 tenían un contrato temporal, lo que también equivale a casi el 40% del total.
Una buena parte del personal investigador temporal está contratado por las administraciones públicas, donde los planes laborales para estos trabajadores son casi siempre eventuales. Existen dos grandes programas de contratación: el Juan de la Cierva, con contratos de dos años; y el Ramón y Cajal, con contrataciones de hasta cinco años. Pero en ninguno de los casos se garantiza una estabilidad posterior, a pesar de que este último programa se creó precisamente para fomentar la estabilidad laboral de la carrera investigadora.
A pesar de esta precariedad el Gobierno quiere que los investigadores, sobre todo, pero también otros trabajadores cualificados que se marcharon de España durante la crisis empiecen a retornar ahora.
Así, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha anunciado varias veces en los últimos días que el Ejecutivo está diseñando un “plan de retorno del talento” que facilite la vuelta a España de quienes se marcharon a otros países en busca de oportunidades laborales.
No obstante, al igual que ha ocurrido con el anuncio del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de realizar un plan de choque para el empleo juvenil, en el caso de plan de retorno del talento tampoco se conoce ninguna concreción en materia de plazos o incentivos para lograr estas repatriaciones voluntarias.
De momento, Valerio solo se quejó la pasada semana, durante un encuentro informativo, de que cuando su equipo llegó al Ministerio de Trabajo “no encontró datos de cuántos se han ido, ni a dónde”. Por tanto, se desconoce, en principio, el universo potencial de beneficiarios.
Pero a una parte del sector investigador español no le ha hecho falta conocer el detalle del futuro plan de retorno que está diseñando el Ejecutivo para recelar de su efectividad. Tras conocer el anuncio del Gobierno para intentar que los investigadores emigrados en la crisis retorne, la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI / Precarios) consideró que “es altamente injusto ofrecer un programa de retorno para que se incorporen a un sistema que no garantiza estabilidad ni a los que vengan del exilio académico ni a los que ya están aquí”.
Manuel Heras, uno de los portavoces de esta asociación, explica que para acceder a un puesto de trabajo cualquiera de ellos requiere más de diez años de formación, ya que es necesario realizar un grado, un máster y un Doctorado, además realizar estancias internacionales, participar en proyectos y realizar una serie de publicaciones. “Y después de una década o más para realizar toda esta formación, no se reconoce con la estabilidad laboral que debería tener un trabajador con este alto nivel de cualificación”, indica Heras.
En esta línea, otra de las quejas de los investigadores es que la única posibilidad de conseguir un contrato indefinido es dar el salto al mundo docente en una universidad o irse a la empresa privada, donde aseguran que no hay puestos para absorber la oferta de investigadores.
María, nombre ficticio, ejemplifica la situación de muchos de los investigadores de la universidad española. En los últimos diez años ha encadenado más siete contratos temporales distintos. Reconoce que a punto estuvo hace un par de años en abandonar la investigación, pero fue otro contrato temporal para el que estaba sobrecualificada, el que le permitió permanecer en la universidad. En su caso, critica la falta de convocatoria de plazas que en las universidades para el personal investigador pese a lo numeroso del colectivo.
Su situación no es única. T.J.B. argumenta que durante los cuatro años que trabajó en un instituto de investigación perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid sumó seis contratos distintos y apunta a que, en ocasiones, llegaron a modificar sus condiciones económicas -dentro del mismo puesto de trabajo- para que se pudieran contratar a más investigadores.
Ante un panorama como este, extendido ampliamente entre el colectivo, la Federación de jóvenes investigadores considera que más urgente que las repatriaciones, que son solo “la punta del iceberg”, haría falta que el Gobierno “llevara a cabo una reestructuración total de la carrera investigadora, que fije un horizonte laboral estable en un periodo de tiempo y adecue los méritos y los contratos a cada una de estas etapas tasadas”.
Fuerte caída del poder adquisitivo
Estudio. El hecho de que las Administraciones prácticamente no ofrezcan contratos estables a los profesionales de la investigación no es el único elemento de precariedad de su situación. La Federación de jóvenes investigadores ha elaborado un estudio de los salarios que aparecen en el Boletín Oficial del Estado (BOE) entre 2008 y 2018 para los tres tipos de contratos estatales que se ofrecen al colectivo (el más junior), Juan de la Cierva-Formación; uno intermedio, Juan de la Cierva- Incorporación; y uno sénior, Ramón y Cajal. Lo primero que observaron los autores del informe es que estos salarios se recortaron entre 2008 y 2011 y, después han permanecido congelados hasta ahora. Una vez hecha esta apreciación, compararon la evolución de estos salarios con la del IPC y el IVA, para concluir que los investigadores han visto reducido su poder adquisitivo entre un 17% en los puestos más junior y un 21,5% los más senior.
Más presupuesto. El Gobierno aprobó el viernes pasado 102 millones para costear el salario (16.422 euros brutos anuales) y las cotizaciones sociales de los contratos predoctorales de 1.100 investigadores. Asimismo, dio luz verde a otros 71 millones de euros para 850 contratos de formación del profesorado universitario y personal investigador.