Justicia apuesta por un sistema procesal común para toda España
27 millones de euros del presupuesto del Ministerio se destinarán a la creación de una única herramienta Actualmente conviven diferentes sistemas que llegan a ser incompatibles entre sí
El problema de una justicia tecnológicamente fragmentada se va a acabar. Al menos eso es lo que pretende el Ministerio de Justicia, que tiene previsto implantar un sistema procesal común en todo el territorio español. La actual convivencia de diversas herramientas informáticas de gestión procesal –en muchos casos incompatibles entre sí- ha supuesto uno de los principales obstáculos para lograr una justicia homogénea e interconectada.
El Ministerio de Justicia, consciente de ello, ha introducido dentro de los Presupuestos Generales para 2017 una partida de 27 millones de euros que se destinará a poner en marcha el proyecto que unifique en toda España el sistema de gestión procesal que utilizan los órganos judiciales. El objetivo es lograr que la nueva herramienta quede totalmente implantada a lo largo de la actual legislatura (contando con que sea una legislatura completa).
Según han explicado fuentes del Ministerio, se ha encargado un informe a una consultora independiente para estudiar las fortalezas y debilidades de los actuales sistemas de gestión que conviven actualmente a lo largo y ancho de nuestra geografía (ocho sistemas de las comunidades autónomas con competencias transferidas al que se suma el propio del territorio Ministerio). La conclusión ha sido que ninguno de ellos es el idóneo, por lo que la idea es crear uno nuevo que recoja lo mejor y lo peor de cada uno, aprovechando la experiencia adquirida hasta ahora. Además, desde Justicia aseguran que apoyarán económicamente la implantación del mismo –de ahí la partida de 27 millones de euros para este fin- y creen que, una vez instalado, el gasto de mantenimiento para las comunidades autónomas con competencias en justicia será menor que lo que venían gastando.
Una nueva aplicación
Según apunta la memoria que acompaña a los Presupuestos Generales, presentados esta semana, el objetivo de conseguir una justicia digital "se llevará a efecto a través de una nueva aplicación denominada 'Minerva Digital', que implica el desarrollo de un sistema de gestión procesal automatizado, común y compartido con todas las Administraciones Públicas con competencias en materia de Administración de Justicia, con los tribunales y las fiscalías, superando la situación fragmentaria actual".
En esta misma línea, la memoria señala que "se implantará de forma generalizada el expediente judicial electrónico, con mecanismos telemáticos que permitan su remisión entre los órganos judiciales. Igualmente se avanzará en la consecución de una interoperabilidad semántica y técnica completa entre los sistemas de gestión procesal".
Además, "la solución tecnológica de "Justicia Digital" permitirá su aplicación en todos los órdenes e instancias judiciales, reduciendo los plazos de los procesos y el uso de papel en los documentos recibidos y generados en los órganos judiciales hasta su desaparición total, y la reducción de costes para todos los actores: Administración de Justicia, tribunales y juzgados, fiscalías, despachos profesionales y ciudadanos".
Modernización
La modernización de la justicia es claramente uno de los principales retos a los que se enfrenta el Ministerio. De ahí que su apuesta presupuestaria haya sido especialmente importante en este capítulo. El presupuesto de la cartera que dirige Rafael Catalá, con un total de 1.700 millones de euros, es el que más ha crecido, en comparación con otros ministerios, contando ahora con un 7,7% de incremento respecto a hace un año. Una cifra que se suma a las tres subidas consecutivas de los últimos ejercicios. A este presupuesto hay que añadirle los 56,3 millones de euros que van a parar al Consejo General del Poder Judicial (frente a los 54,9 millones de 2016), otros 11,3 millones de euros para el Centro de Estudios Jurídicos (se reduce en comparación con los 12,4 millones de un año antes), y 101,9 millones de euros para la Mutualidad General Judicial, que se mantiene prácticamente estable.
Dentro de los recursos con los que contará el Ministerio en 2017, la partida que más sube es la que se destina a la transformación digital, que experimenta un incremento de un 99,3%, disponiendo para este fin con un total de 128,8 millones de euros. Además del nuevo sistema de gestión procesal único, que se lleva una parte importante con los 27 millones de euros previstos, también se invertirá en continuar implantando una justicia y una fiscalía digital, así como en nuevos servicios a los ciudadanos, como el Punto de Acceso General a la Administración de Justicia y la consulta telemática de los procedimientos.
Asimismo, está prevista una renovación tecnológica de puestos de trabajo e infraestructuras de comunicaciones y almacenamiento. Sobre este punto, fuentes del Ministerio apuntan que se cambiarán 9.000 ordenadores y se introducirán medidas para poder trabajar en remoto. A todo ello se suma el plan de seguridad y consolidación tecnológica.
Por otro lado, la cartera ministerial dedicará 14 millones de euros adicionales al plan de modernización de los registros, lo que incluye el desarrollo del nuevo modelo de Registro Civil, que seguirá siendo público, gratuito, electrónico y más seguro, tal y como ha venido insistiendo Justicia.
Infraestructuras
La inversión en modernización no sólo será 'online'. También están previstas inversiones en el plan de infraestructuras y equipamientos. Durante el ejercicio 2017, se iniciarán las actuaciones para licitar las obras de los nuevos edificios de juzgados de Lorca (Murcia) y Talavera de la Reina (Toledo), se continuará con las obras de ejecución de las nuevas sedes judiciales en Albacete, Guadalajara, Ibiza, Badajoz, y Segovia, así como las obras de rehabilitación del edificio judicial de Soria. Se finalizarán, además, las obras de rehabilitación del edificio para la nueva sede judicial en Ceuta, de la sede judicial de Trujillo y de la Audiencia Provincial de Palencia.
También se continuarán desarrollando planes de optimización de los espacios disponibles, adecuando y gestionando los edificios, e incorporando todas aquellas medidas que permitan obtener un adecuado ahorro energético.
Por otra parte, se impulsa especialmente la renovación del equipamiento técnico del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que de una consignación en 2016 de 1 millón de euros pasa a 6 millones de euros en 2017. El total de los créditos asignados a equipamiento e infraestructuras alcanza los 34 millones de euros, lo que supone un incremento del 68,8% sobre el ejercicio 2016.
Plantilla
El grueso del presupuesto del Ministerio de Justicia se va en gastos de personal: con una dotación de 1.349,5 millones de euros, lo que representa el 79,4% del total. En este sentido, está previsto un incremento retributivo del 1%.
Además, aunque la plantilla global, que cuenta con un total de 50.358 efectivos, se mantiene estable, se crearán 3.000 nuevas plazas para los distintos cuerpos de la Administración de Justicia. Una parte será la tasa de reposición, que implica 500 nuevas plazas, y la otra se llevará a cabo con la reducción del empleo temporal, con 2.5000 nuevas plazas hasta ahora ocupadas por personal interino. El objetivo es lograr reducir la tasa de interinidad en los próximos tres años, a razón de un 30% al año, según han explicado desde el Ministerio.
A todo ello se suman 100 nuevas plazas para jueces y fiscales, una cifra que apenas varía respecto a otros ejercicios. En este ámbito, Justicia destaca que hay que tener en cuenta la reforma que, en 2015, amplió la edad de jubilación hasta los 72 años, lo que implica que en estos años no se estén produciendo jubilaciones, por lo que la plantilla es mayor.
Ahorro
Otro ámbito en el que hace hincapié Justicia es en la importancia de optimizar los recursos disponibles. En este sentido, el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios se ha reducido de 116 a 111 millones de euros, lo que supone un decremento del 4,2%. Según Justicia, es el resultado de las medidas de racionalización del gasto y de una gestión más eficiente. Concretamente, se ha ahorrado 1,6 millones de euros en arrendamientos por revisión de rentas, optimización de espacios y nuevos edificios judiciales, y 1,4 millones en transportes, por la racionalización en la utilización de vehículos y eficiencia en la contratación. A eso hay que añadir 1,9 millones de euros menos en energía eléctrica por medidas de eficiencia energética y contratación centralizada.