Una banca europea que llegue a todos
En las actuales economías de mercado, una cuenta bancaria se ha convertido en una herramienta fundamental para los pagos
El proyecto de ley que prepara el Ministerio de Economía sobre las cuentas bancarias básicas tiene como objetivo avanzar hacia un mejor funcionamiento del mercado único y garantizar el acceso universal a los servicios financieros en Europa. La futura norma, que adapta una directiva europea, reconoce derechos bancarios básicos, como el acceso a una cuenta, el traslado entre cuentas de unos Estados a otros y la transparencia en la información sobre comisiones. En la práctica, la ley obligará a las entidades a proporcionar una serie de servicios mínimos a los consumidores, dado que las actuales condiciones del mercado interior “no siempre facilitan la utilización” de estos. Así ocurrirá con algunas operaciones de pago (adeudos, transferencias, pagos con tarjeta), con la apertura de una cuenta bancaria, el depósito de fondos o la retirada de efectivo. Como recuerda la directiva sobre esta materia, el sistema financiero no puede discriminar a sus clientes por su nacionalidad o lugar de residencia y deberá prestar servicios básicos con independencia de las circunstancias económicas, laborales, historial crediticio o incluso insolvencia de estos, y tanto si son o no residentes. Solo en ciertas circunstancias específicas, como el incumplimiento de la legislación sobre el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o la prevención e investigación de delitos será lícito negar ese derecho.
En España existen actualmente 44 millones de cuentas bancarias (entre cuentas corrientes y cuentas de ahorro) frente a un censo de más de 46 millones, pero el dato no permite calibrar la universalidad de los servicios financieros, dado que existen muchos usuarios que disponen de dos, tres, cuatro o más cuentas. Precisamente por ello resulta difícil calcular qué impacto puede tener la ley en el mercado financiero español, como también saber cuál será el modelo de aplicación de la directiva –extendido a todas las entidades o limitado solo a algunas de ellas– que elegirá España.
En las actuales economías de mercado, disponer de una cuenta bancaria se ha convertido en una herramienta fundamental para realizar operaciones de pago elementales, tanto entre particulares, como entre estos y las empresas e incluso las Administraciones Públicas. Garantizar el acceso universal a los servicios financieros básicos permitirá reducir los efectos de esta forma de exclusión económica y contribuirá de forma importante a flexibilizar y fortalecer el mercado único. El reto del legislador, en este como en cualquier otro ámbito del mercado, es modular los deberes que la directiva impone a las entidades de forma que la prestación efectiva de servicios básicos a los consumidores no suponga una carga de costes excesiva sobre el sistema bancario europeo.