La recaudación del ‘impuesto al sol’ ha sido cero desde su creación hace un año
El Gobierno en funciones no ha aprobado aún el reglamento para leer los contadores
El próximo 9 de octubre se cumple un año de la publicación en el BOE del polémico real decreto por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del suministro de energía eléctrica con autoconsumo y las de la producción con autoconsumo. El denominado coloquialmente como impuesto al sol ha resultado totalmente inútil pues el Gobierno, en funciones desde finales del año pasado pasado, no ha aprobado el reglamento técnico para la gestión de los contadores y su medida, lo que permitiría al sistema eléctrico cobrar el peaje y los cargos que incluye la nueva regulación de esta actividad.
De entrada, el Ministerio de Industria optó por mantener el plazo límite para el registro de instalaciones, que acabó el pasado 11 de abril, en contra de la petición de las asociaciones fotovoltaicas y varias comunidades autónomas que, alegando problemas técnicos para poder registrarse, solicitaron una ampliación del plazo hasta finales de este año. La negativa se tradujo en que desde ese día miles de placas se convirtieron en ilegales, ya que solo una veintena, sobre los dos millares que se calculan que están instaladas en España, habían pasado por la ventanilla.
Aunque los registros han continuado después de esa fecha, estos se han producido con cuentagotas. En total, se han inscrito 335 instalaciones con una potencia total de 55 MW. Concretamente, 74 del tipo 1, con 465 kW; 170 del tipo 1.1.2, con 19,44 MW y 131 del tipo 2, con 35,5 MW. Según datos del sector, estas vendrían a representar un tercio del total de instalaciones. La producción de electricidad de esa capacidad se estima en unas 1.500 horas al año, lo que se traduce en unos 70 GWh.
Entre los impediementos está que cada distribuidor tiene normas o protocolos distintos (incluso entre oficina de la misma compañía)o que para adaptarse, muchos autoconsumidores necesitan realizar obras en sus viviendas o locales.
Solo se han registrado hasta el momento 335 instalaciones, un tercio del total.
Por tanto, el Gobierno no tiene un control de las infraestructuras y, hoy por hoy, a nadie se le ha cobrado los peajes ni se ha multado por no estar registrado. Fuentes del sector aseguran que el Gobierno, al estar en funciones, ha decidido mantener una actitud pasiva, tanto para aprobar el reglamento como para decidir una inspección.
Además, todo indica que sea cual sea el próximo Ejecutivo, la polémica regulación se modificará. Un cambio que figura tanto en el pacto del PSOE con Ciudadanos como el que la formación política de Albert Rivera firmó con el Partido Popular (PP), en el se comprometían a a revisar la norma si supone un “obstáculo” al autoconsumo eficiente..
No obstante, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, defendió recientemente “su” regulación que, en su opinión, no se contradice con los compromisos con C’S. “El pacto habla de autoconsumo eficiente, para quitar los obstáculos si los hubiera. Yo no tengo duda de que la regulación actual no tiene ningún obstáculo”, subrayó.
Los peajes de acceso a las redes incluyen dos conceptos: los peajes en sí y los cargos (fundamentalmente, la retribución a energías las renovables, cogeneración y residuos;el sobrecoste de los sistemas los sistemas extrapeninsulares o las anualidades de la deuda del sistema derivada de los déficit de tarifa eléctrico). En el caso del autoconsumo, es necesaria una metodología de cálculo de los cargos.
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