Madrid comienza a sancionar a los apartamentos turísticos irregulares
La Comunidad de Madrid ha abierto los primeros expedientes sancionadores a medio centenar de apartamentos turísticos por incumplir la nueva ley que regula el sector, una controversia ya presente en Cataluña y que se ha avivado con la irrupción en el mercado de plataformas como Airbnb.
Así lo explica el director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, Carlos Chaguaceda, que en una entrevista con Efe avanza la apertura de los primeros expedientes sancionadores a raíz de la nueva ley. Chaguaceda recalca que los apartamentos de uso turístico deben cumplir las normas fijadas por la Comunidad de Madrid, que entraron en vigor en agosto de 2014 tras más de un año de polémica y presión de hoteleros y hosteleros ante lo que éstos denominaban “hostales clandestinos”.
La nueva ley introdujo requisitos para los apartamentos turísticos como una estancia mínima de cinco noches, la medida más celebrada por el sector turístico tradicional, y la adaptación a las normas sectoriales en materia de seguridad, urbanismo, sanidad, accesibilidad y medioambiente.
Obligaba además a introducir las viviendas de uso turístico en un registro de empresas turísticas y mostrar una placa identificativa en lugar visible.
La ley respondió a las presiones que realizaron, ya desde un año antes, diferentes asociaciones hoteleras de Madrid, que se quejaban de que más de 8.000 de las 70.000 plazas del gremio de hospedaje de la Comunidad eran ilegales y pertenecían a pisos que, a modo de apartahoteles u hostales, se mantenían en la economía sumergida como gran reclamo de turistas extranjeros.
Pero ahora, reconoce Chaguaceda, el panorama se ha complicado con la irrupción en el sector de actores como Airbnb, la plataforma de economía colaborativa que conecta por internet a usuarios con anfitriones que ofrecen alojamiento en sus domicilios, una empresa que ya ha encontrado reticencias a su actividad en las administraciones de Cataluña.
Sobre plataformas como Airbnb, que tuvo un impacto económico global de 323 millones de euros en 2014 en Madrid -según un estudio de la Universidad Complutense presentado el pasado año por la compañía-, el Gobierno madrileño ha hecho una consulta a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para conocer si puede ejercer algún tipo de reclamación en casos de irregularidades.
El director general de Turismo apunta que esta cuestión es un tema “tremendamente complicado” porque implica a muchas administraciones y se eleva a nivel europeo e incluso más allá.
Es un debate “transnacional”, explica, en la medida en que una empresa radicada en San Francisco (EEUU) -en alusión a Airbnb- es capaz de promocionar y ofertar un apartamento en Lavapiés a un señor que vive de Düsseldorf (Alemania).
“¿Eso cómo se regula? No sé si es en San Francisco, en Düsseldorf, es Madrid, si somos los tres a la vez... Hay que regularlo, la selva, el todo vale, no es una buena decisión”, insiste Chaguaceda, antiguo responsable de comunicación de Coca-Cola y de la patronal eléctrica Unesa antes de su llegada a la Comunidad de Madrid.
El responsable de Turismo aboga, primero, por “armonizar” esta cuestión entre las comunidades.
De hecho, explica, la Secretaría de Estado de Turismo había abierto unas mesas de trabajo con las autonomías para intentar armonizar la regulación, unos trabajos ahora “un tanto en suspenso” hasta la constitución del Gobierno.
Después, añade, habría que encontrar una “manera europea” de afrontar esta cuestión en la que “todas las partes en un conflicto siempre tienen una parte de razón, o algún argumento que funciona a su favor, y otras que no”.
Para Chaguaceda, sin duda el centro de la cuestión es ver si las plataformas tienen alguna responsabilidad sobre aquello que anuncian.
Eso servirá para ordenar el turismo más allá de momentos puntuales como el actual en que todos los sectores crecen eliminando “ventajas competitivas” -las primeras quejas sobre los apartamentos llegaron en plena crisis de visitantes- y regular con orden un sector que genera empleo, riqueza y es una fuente de tributación necesaria para la sociedad