Treinta años de liberalización de las telecomunicaciones en España
El éxito del modelo no pertenece a una sola institución sino a empresas, técnicos y administraciones
Eran mediados de los años 90 del pasado siglo y desde la Comunidad Europea se impulsaba la liberalización de los mercados y entre ellos el de las telecomunicaciones para finales de 1998. En España, en junio de 1996, cuando se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio, de liberalización de las telecomunicaciones, se abrió una puerta que ya no se ha vuelto a cerrar. Aquel texto nacía con una ambición muy precisa, introducir competencia efectiva, transparencia e igualdad de trato en un sector esencial. Más servicios, de mejor calidad, más accesibles y con precios más asequibles en beneficio del conjunto de los usuarios, de la ciudadanía.
La liberalización de las telecomunicaciones, el fin del monopolio, necesitaba de una herramienta institucional para su regulación y, para hacerlo posible, se creaba la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) como órgano independiente encargado de velar por esas reglas y de arbitrar los conflictos entre operadores. No era una decisión menor ni una mera reforma administrativa. Era una apuesta de país con un respaldo prácticamente unánime. El propio Real Decreto-ley, luego convalidado por el Parlamento español y tramitado como proyecto de ley, señalaba que el objetivo a corto plazo era convertir las telecomunicaciones en una importante fuente de riqueza para la economía española y para la creación de empleo.
En 1996 hablar de liberalización significaba desmontar inercias monopolísticas; no bastaba con proclamar la competencia, había que construirla. Por eso no solo se creó un regulador independiente, sino que también previó mecanismos para garantizar la interconexión en condiciones no discriminatorias, el acceso a las redes y la aparición de un segundo operador con escala suficiente para competir de verdad. Luego vinieron más operadores, más servicios, más ofertas y la práctica universalización del acceso a la sociedad de la información.
Llegó la competencia en telefonía fija y móvil, después la expansión de la banda ancha, más tarde el ADSL, el 3G, el 4G, la fibra hasta el hogar, el 5G y ahora una nueva etapa en la que las redes son la base sobre la que descansan la nube, la computación distribuida, la ciberseguridad y la inteligencia artificial. España se ha convertido en líder europeo en despliegue de fibra, con coberturas en torno al 95% de los hogares y con una posición especialmente destacada en penetración de FTTH, hasta el punto de ser el primer país de la OCDE en haber culminado el apagado de la red de cobre de Telefónica en 2025.
Ese éxito no pertenece a una sola institución ni a una sola generación. Sería injusto no reconocer el papel de las empresas que arriesgaron capital y desplegaron redes, desde el operador histórico, Telefónica, hasta los nuevos entrantes, de los equipos técnicos que resolvieron cuellos de botella de ingeniería y de las administraciones que, en distintos momentos, entendieron que la conectividad no era un lujo, sino una infraestructura básica del crecimiento.
También sería injusto olvidar el papel decisivo de la antigua Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y de la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La regulación del acceso a infraestructuras físicas, la experiencia acumulada en mercados mayoristas, las ofertas de referencia y la resolución de conflictos han sido piezas esenciales para evitar que la competencia quedara en una declaración retórica. Ahora toca mirar hacia los próximos 30 años.
Hablamos de internet, de redes sociales, de plataformas, de servicios en la nube, de centros de datos, de algoritmos y de inteligencia artificial. Hablamos de un ecosistema digital en el que las antiguas fronteras sectoriales se han desdibujado, la convergencia digital de sectores que estaban separados, como las telecomunicaciones, los servicios digitales, los medios y en su seno el audiovisual, hoy conviven en una relación claramente simbiótica. Las telecomunicaciones, el audiovisual y las plataformas forman ya un mismo ecosistema regulatorio.
Hoy el debate regulatorio es más complejo que el de 1996. Entonces se trataba de abrir mercados y disciplinar posiciones de dominio en infraestructuras esenciales. Hoy, sin abandonar esa tarea, debemos añadir otras preguntas decisivas. Cómo se protege la competencia cuando una parte creciente del valor se desplaza hacia grandes plataformas globales. Cómo se preserva el pluralismo cuando la visibilidad de los contenidos depende en parte de algoritmos. Cómo se tutelan los derechos de los menores y de los usuarios en entornos digitales masivos. Cómo se garantiza la transparencia y la responsabilidad cuando la intermediación tecnológica es opaca. En ese contexto, la designación de la CNMC como coordinador de servicios digitales en 2024 y la entrada en escena de normas europeas como la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) y la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA) marcan una evolución natural del papel del regulador, que debe pasar de vigilar únicamente mercados concretos a supervisar también riesgos sistémicos, obligaciones de diligencia, transparencia y derechos fundamentales en el entorno digital.
Hoy, el Parlamento español tiene un reto ante sí, una obligación ante la ciudadanía, las empresas, la economía, la sociedad española en su conjunto: el reto es incorporar de forma efectiva estos dos reglamentos para garantizar la adecuada protección de los derechos de nuestros conciudadanos frente a los nuevos riesgos globales a los que nos enfrentamos como país.
Treinta años después, el balance es positivo, aunque no complaciente. Hemos aprendido que la competencia no surge sola, que la neutralidad tecnológica no equivale a indiferencia pública, que la seguridad jurídica importa, que la independencia regulatoria es un activo y que el marco europeo no es una molestia burocrática, sino el espacio natural en el que se decide buena parte de nuestro futuro. Hoy la regulación es, en gran medida, parte del escudo democrático de nuestra sociedad.