Claridad para los pisos turísticos
El control de los pisos turísticos, un fenómeno creciente que provoca problemas de convivencia y según no pocos estudios es un agravante de la actual crisis de acceso a la vivienda, debiera ser una prioridad
Claridad, datos y coordinación. Esa simple fórmula es la que recomendaba ayer mismo un estudio de Fedea si se quiere abordar el asunto de los pisos turísticos. Una receta a todas luces lógica, que sin embargo no es sencilla de aplicar. Las controversias entre comunidades, Gobierno central y asociaciones de pisos turísticos en torno al registro único de alquileres de corta duración así lo muestran. Un año después de su puesta en marcha (aunque no estuvo plenamente operativo hasta el pasado julio), el censo estatal de viviendas turísticas vive pendiente de las decisiones del Tribunal Supremo y de, como mínimo, un tirón de orejas por parte de Bruselas a partir del próximo mayo.
El 20 de ese mes se inicia la aplicación del reglamento europeo de alquileres de corta duración, al amparo del cual el Gobierno creó el registro único. A principios de este mes, la Comisión ya advirtió, en un pronunciamiento motivado por el anteproyecto de Ley de Turismo Sostenible que tramita el Parlamento de Andalucía, que la coexistencia del censo autonómico de pisos turísticos y el registro único estatal podían provocar una duplicidad contraria a las normas comunitarias. El Gobierno y la Junta se mantienen en sus posiciones, acusándose mutuamente de invadir sus competencias. Una asociación de propietarios de pisos turísticos de Cataluña también ha llevado el asunto al Supremo, apoyándose en que el turismo es una competencia autonómica.
La batalla legal es legítima y los jueces deberán pronunciarse a su debido tiempo. La impresión de que también subyace una batalla política es, sin embargo, más preocupante. El control de los pisos turísticos, un fenómeno creciente que provoca problemas de convivencia y según no pocos estudios es un agravante de la actual crisis de acceso a la vivienda, debiera ser una prioridad y como tal la significan diariamente Administraciones de distinto signo político. Eso es lo que obliga a los poderes ejecutivo y legislativo de distinto rango (local, autonómico o nacional, cada uno en el ámbito de sus competencias) a actuar con diligencia, lo que exige coordinación en lugar de enfrentamiento.
Poco importa al vecino que tiene problemas por un inmueble de este tipo (y en algunas zonas no se cuentan de uno en uno sino por decenas), a quién corresponde la actuación. Y lo mismo para el sector, que como cualquier actividad económica lo que precisa es seguridad jurídica. Allá donde los choques institucionales dificulten estos simples objetivos es urgente activar el diálogo. Y necesario para muchos ciudadanos y empresas.