Ahorro a largo plazo, conductismo fiscal y vasos comunicantes
El recorte de incentivos y la falta de neutralidad congela la provisión en fondos individuales y se refugia en rentas vitalicias
En la reforma de los planes de pensiones ejecutada en 2021 y 2022 el Gobierno desnudó a un santo para vestir a otro, pero terminó dejándolo también en paños menores. Secó los planes individuales y abonó los colectivos con el mismo fertilizante que ya tenían desde su diseño en los noventa, con parecido paupérrimo resultado, pese a su crecimiento nominal en los últimos años. En los cinco años del experimento, el ahorro financiero para el retiro se ha estancado en los fondos y ha puesto rumbo a las rentas vitalicias por puro conductismo fiscal, donde la penalización en la tributación se limita a ...
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En la reforma de los planes de pensiones ejecutada en 2021 y 2022 el Gobierno desnudó a un santo para vestir a otro, pero terminó dejándolo también en paños menores. Secó los planes individuales y abonó los colectivos con el mismo fertilizante que ya tenían desde su diseño en los noventa, con parecido paupérrimo resultado, pese a su crecimiento nominal en los últimos años. En los cinco años del experimento, el ahorro financiero para el retiro se ha estancado en los fondos y ha puesto rumbo a las rentas vitalicias por puro conductismo fiscal, donde la penalización en la tributación se limita a los rendimientos del capital y decrece en función de la edad, y con los tipos marginales del IRPF atenuados de manera natural por la condición de pasivos.
El debate sobre los efectos de la reforma del ahorro a largo plazo para el retiro laboral ha vuelto al seno del Gobierno por la presión de los técnicos, aunque sigue sin estar un año tras otro en la primera línea de prioridades. Las decisiones fiscales sobre cada cuestión, y más en las financieras, se toman para incentivar un camino y minar otro; pero en un país con un intenso déficit de capitalización de la economía y de inversión, las herramientas para revertir la situación deben ser estimuladas por igual y ser sometidas a criterios fiscales idénticos y neutrales, y nunca discriminatorios.
Cercenar los incentivos a los planes individuales y conservarlos en los colectivos no fue sino una decisión gubernamental tan legítima como ideológica, y que, apoyada por buena parte de la doctrina, consideraba que lo que era vicioso individualmente se tornaba en virtuoso si se hacía colectivamente. El argumento de que las abultadas deducciones en renta por la capitalización de fondos, que se devuelven corregidas y aumentadas en el rescate, se concentraban en las rentas más elevadas es tan gratuito como obvio; obvio porque la capacidad de ahorro se concentra en tales rentas, y gratuito porque tales rentas aportan más recursos a la Hacienda que las modestas.
Históricamente sólo el 8% de los partícipes aportaban anualmente más de 4.000 euros, y casi un 40% del dinero lo capitalizaba el último decil de renta, acaparando dos terceras partes del coste fiscal. Pero son también estos partícipes los que precisan de más auxilio financiero tras el retiro para complementar su pensión pública y mantener el nivel de ingresos, puesto que el retorno que les proporciona la Seguridad Social es muy modesto comparado con el capturado por las rentas medias y bajas.
Los planes de empleo y empleo simplificados han crecido en número, en partícipes (algo más de tres millones ya) y en patrimonio (40.036 millones a octubre de 2025), con la incorporación de unos pocos planes aparejados a otros tantos convenios sectoriales, mientras que el diseñado hace lustros para los funcionarios sigue varado y sin aportaciones entre otras cuestiones por la ausencia de Presupuestos que las active. Y lo han hecho por la barrera de entrada puesta a los individuales, y no por la convicción natural de que el ahorro colectivo tenga más glamour que el personal, cuando la productividad de los miembros de una plantilla no es nunca idéntica y genera recelos internos a la hora del reparto de los beneficios sociales.
La gran víctima del cambio regulatorio han sido los planes individuales, aunque en términos agregados conservan e incluso mejoran su patrimonio (93.341 millones de octubre) por la fuerte revalorización de los activos en los que invierten en los dos últimos años. Pero las aportaciones son ya inferiores a las prestaciones distribuidas (995 millones inyectados por 1.666 reembolsados en los nueve primeros meses del año 2025). En el caso de los sistemas de empleo hay aportaciones netas por casi cien millones de euros. La patronal de los fondos considera que el cambio normativo ha supuesto un déficit de aportaciones en los planes individuales de 9.800 millones de euros solo hasta finales de 2024, y que en ocho de los últimos once años los avances del patrimonio se debieron a la revalorización de los activos, y solo en tres de ellos (2018, 2020 y 2022) las aportaciones superaron a las prestaciones.
Como el ahorro de los españoles a largo plazo se mueve en un mecano de vasos comunicantes, siempre mantiene en el mismo nivel cíclico. Pero ha optado por puro conductismo fiscal, impuesto por decisiones gubernamentales, por abandonar parcialmente los productos que proporcionaban beneficio tributario en el momento de la aportación para devolverlos después, y alojar dinero en los que reportaban, aunque fuese limitadamente, una prima fiscal al rescate del patrimonio. El trasvase ha llevado el ahorro a los planes de previsión asegurados, a los de ahorro sistemático, a los unit-linked, y, de manera más intensa, a los productos genéricos de rentas vitalicias, tal como refleja el último balance de la patronal de las aseguradoras, Unespa.
El gran beneficiado ha sido el grupo de productos de rentas vitalicias, que alcanzan ya los 97.300 millones de euros entre los de carácter individual y los colectivos. Los primeros se han convertido en la alternativa a los fondos de pensiones individuales, y acaparan ya 73.500 millones (a octubre, con datos de Unespa), frente a los 60.470 de 2021, cuando arrancó la reforma, con un incremento del 21,5%. Las aportaciones han pasado de los 2.340 millones en 2021 a superar los 6.000 sólo en los nueve primeros meses de 2025, y han desbordado a las prestaciones en todos y cada uno de los ejercicios desde entonces.
El contrapunto se ha producido en los fondos individuales, que, aunque conservan el nivel patrimonial por la revalorización de los mercados, han registrado pérdida neta de aportaciones todos los años desde 2022. Desempeño más discreto han tenido los planes asegurados (10.100 millones de patrimonio) y los de ahorro sistemático (15.763), dado que concentran la inversión en activos muy conservadores. Los unit linked sí han proporcionado refugio al ahorro más arriesgado y superan ya los 28.700 millones de euros, con crecimientos abultados cada año.
Entre tanto, y tras el ejercicio forzado de cálculo fiscal provocado por la reforma de 2021 y 2022, la caja grande de Hacienda no renuncia a seguir considerando el rescate de los fondos de pensiones, individuales o colectivos, como rentas del trabajo, para someterlas al tipo marginal de cada contribuyente, lógicamente, también atenuado, salvo en algunos de los muchos casos de reembolso a los diez años de antigüedad. Es obvio que las aportaciones recibieron un bono fiscal en forma de reducción de la base imponible, que lo devuelven al retornar al partícipe, pero no es nada obvio que la rentabilidad generada también lo sea. Se trata de rentas de capital y tal consideración deberían tener para Hacienda cuando pasen por caja, tal como plantea la industria y los expertos tributarios, y que ya algunas haciendas, como las de las diputaciones vascas, han admitido.
Y otro detalle que ilustra lo lejos que llega la avidez fiscal. En una especie de ejercicio de doble imposición, una buena parte de los fondos de pensiones pasan en el acto del reembolso, además de por la religiosa retención, por el escáner de la Tesorería de la Seguridad Social para rendir cuentas con las dos nuevas figuras impositivas a las que se someten todas las rentas del trabajo que superen las cuantías de la base máxima de cotización, que engordan también en muchos casos con el cobro de bonos por objetivos de directivos y cuadros medios de las empresas.