¿Regular al regulador eléctrico?
La escasa diligencia de la CNMC no ha permitido avanzar en un funcionamiento acorde con los planes del Gobierno y de Bruselas
El apagón del 28 de abril, al margen de ser un suceso que no debería haberse producido, y del que esperemos, aunque sea judicialmente, poder saber quién o quiénes tienen que asumir la responsabilidad, ha devenido en una confrontación que, extrañamente, coloca al mismo nivel a todos los contendientes a la hora de dirimir las posiciones enfrentadas: compañías eléctricas, Red Eléctrica de España (REE), Gobierno, regulador…
De las reclamaciones cruzadas sobre la responsabilidad, quien se está quedando al margen es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pieza fundament...
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El apagón del 28 de abril, al margen de ser un suceso que no debería haberse producido, y del que esperemos, aunque sea judicialmente, poder saber quién o quiénes tienen que asumir la responsabilidad, ha devenido en una confrontación que, extrañamente, coloca al mismo nivel a todos los contendientes a la hora de dirimir las posiciones enfrentadas: compañías eléctricas, Red Eléctrica de España (REE), Gobierno, regulador…
De las reclamaciones cruzadas sobre la responsabilidad, quien se está quedando al margen es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pieza fundamental de lo sucedido, desde mi punto de vista, por su papel de controlador, supervisor y regulador del funcionamiento del sistema eléctrico. Es más, su escasa diligencia no ha permitido avanzar en un funcionamiento acorde con los planes que el Gobierno y la Comisión Europea (CE) habían aprobado para que los combustibles fósiles dejen paso a las renovables. Para explicitar la habilidad de estar, pero sin estar, y pasar desapercibida, me gustaría, a modo de ejemplo, destacar tres situaciones en las que la CNMC no ha mostrado esa diligencia esperada.
Podríamos empezar con los cinco años que ha tardado en modificar el Procedimiento de Operación 7.4 (O.P. 7.4) desde que lo solicitaran REE y el sector renovable, necesario no solo para dar cabida al incremento de potencia renovable, pasada y futura, sino, también, para permitir la participación de las renovables en el control y funcionamiento del sistema eléctrico. Con el remordimiento que había provocado su inacción, después del apagón, y antes de que el gobierno aprobara el Real Decreto ley 7/2025 antiapagones, la CNMC aprobó, el 12 de junio, la modificación de este procedimiento, escudándose para justificar el retraso en la necesidad de escuchar y de adaptarlo al funcionamiento real.
Desgraciadamente, la CNMC, a pesar de las declaraciones de su presidenta que dijo que “ lo importante de cara a evitar otro apagón es el procedimiento de operación que ya se actualizó el pasado 12 de junio”, en un acto de gatopardismo, ha llegado a la conclusión de que la petición de acelerar solicitada por REE merece un estudio pormenorizado para ver cuáles son los efectos que su puesta en marcha supondría. La pregunta es clara, ¿qué han hecho durante los cinco años de consulta continua y espera?
Es curioso como el sector eléctrico tradicional ha sabido permear las dudas y sus preocupaciones para que las ventajas específicas de los ciclos combinados se mantengan y dejar fuera de juego de la operativa a los inversores con la función grid forming de las plantas fotovoltaicas que lo hayan incorporado, que son la mayoría, y abrir así una línea de negocio al almacenamiento hibridado que tanta falta nos hace. En el fondo, es como si la CNMC negara, a estas alturas, las posibilidades de la electrónica de potencia utilizada por los sistemas de almacenamiento y por los generadores para reconocer su capacidad de control avanzado. Y vuelve a ser curioso que en el informe ENTSO-E sobre el apagón del 28 de abril se muestre que, en Portugal, donde la fotovoltaica de más de 1MW aporta control de tensión, el porcentaje de renovables está muy por encima del de España. Es difícil de entender que, después de tanto tiempo y de las declaraciones realizadas, el resultado sea dilatar su habilitación que permitiría a las renovables participar tanto en el control dinámico, tanto de tensión como de frecuencia.
Pero, este mirar para otro lado no es un caso aislado. Podemos fijarnos también, por ejemplo, en que, en el mercado liberalizado, en los últimos cinco años (2020-2024), se han recibido, en relación con el suministro de electricidad, una media 1.197.444 de reclamaciones anuales. No vamos a pedir que la CNMC actúe de oficio porque no está, desgraciadamente, en sus atribuciones, pero sí que trabaje para que la tarifa eléctrica tenga más transparencia, para que sea obligatoria la correspondencia entre los costes incurridos y el precio ofertado por las comercializadoras y para que las ofertas puedan avanzar en la eficiencia energética que da una señal precio consecuente.
Los consumidores han criticado a la CNMC por no haber tomado medidas más efectivas para controlar los precios de la electricidad y el gas, para garantizar la transparencia en los contratos de suministro energético que dificultan la comparación de ofertas y la toma de decisiones informadas. En definitiva, por no haber promovido suficientemente la competencia en el sector….
También podríamos analizar su papel en la fijación de la retribución de las infraestructuras eléctricas en el que debería haber tenido en cuenta la necesidad de la ampliación de inversiones que incluye el borrador de Real Decreto en proceso de consulta pública. La CNMC ha publicado las circulares que regularan la metodología, compleja por supuesto, y la tasa de retribución de las inversiones que hay que llevar a cabo.
No voy a entrar si partiendo del 5,58% actual, la tasa fijada del 6,58%, que podría alcanzar el anhelado 7,5% que pedían las distribuidoras, está dentro del rango taxonómico de rentabilidad suficiente para una inversión que está regulada y sin riesgo de mercado. Pero, lo que tengo muy claro es que las políticas marcadas por los poderes legislativo y ejecutivo deben ser consideradas como un mandato por el regulador y que este debe hacer lo posible para que se puedan llevar a cabo.
Me hubiera gustado que la propuesta de retribución y del borrador de Real Decreto hubieran incluido el pago por uso, el destino público de la propiedad de las redes pagadas, la posibilidad de que otros agentes, incluido el Estado, acometan lo que las actuales propietarias, por forzar una negociación o por causas estratégicas de inversión-país, no quieren asumir. Seguiremos pendientes de la voluntad de las empresas, pero sin capacidad de maniobra, para poder disponer de las redes eléctricas que la transición energética necesita.
Muchos hemos defendido la necesidad de recuperar la Comisión Nacional de Energía, como institución específica para el sector, con mayores competencias, incluso para actuar de oficio, asumiendo con capacidad la realidad de la política energética y comportándose con independencia para no plegarse a la presión del sector energético tradicional. Necesitamos que se cumpla e impere el mandato de la voluntad política y no el quedarse siempre de perfil.