Los impuestos y la deuda están para financiar el porvenir, no el pasado
Todo el déficit estatal real lo generan las pensiones, que consumen ya cerca de 50.000 millones de tributos y bonos
En teoría la caja de las pensiones tiene un déficit anual del 0,5% del PIB (unos 8.500 millones de euros), pero en la práctica, supera con holgura el 3% (más de 50.000 millones). Aparentemente tiene un pequeño problema puntual que se solventará sin gran esfuerzo, pero la realidad esconde un insaciable Gargantúa que tras ingerir su ración de cerca de 200.000 millones de euros en cotizaciones necesita otros 50.000 que le proporcionan los impuestos y el Tesoro para saciar su crónica y creciente bulimia. Un problema nada pequeño, por tanto. Un problema cuya solución se retrasa sine die porq...
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En teoría la caja de las pensiones tiene un déficit anual del 0,5% del PIB (unos 8.500 millones de euros), pero en la práctica, supera con holgura el 3% (más de 50.000 millones). Aparentemente tiene un pequeño problema puntual que se solventará sin gran esfuerzo, pero la realidad esconde un insaciable Gargantúa que tras ingerir su ración de cerca de 200.000 millones de euros en cotizaciones necesita otros 50.000 que le proporcionan los impuestos y el Tesoro para saciar su crónica y creciente bulimia. Un problema nada pequeño, por tanto. Un problema cuya solución se retrasa sine die porque da pavor político afrontarlo, y se trampea tirando de los impuestos como si fuesen recursos destinados a financiar el pasado, cuando deberían focalizarse en el futuro, en la educación, en la inversión, en la industrialización.
En el consenso político aparente expresado en el ajado Pacto de Toledo, siempre invocado y nunca del todo aplicado, los dos grandes partidos que se han turnado en la gobernabilidad del país, el PP y el PSOE, el PSOE y el PP, compartían el fundamento de que el sistema de pensiones y sus satélites de protección de la vejez deberían disponer de mecanismos de financiación muy tasados y diferenciados, de tal manera que el retiro contributivo debería costearse solo con parte de los salarios (cotizaciones), mientras que las prestaciones asistenciales correrían a cargo del Estado. Por añadidura, los seguros complementarios, siempre con ahorro diferido de los particulares desde su cuenta o desde la de su empresa.
Pero esta teoría se ha vulnerado sistemáticamente y solo el gasto sanitario fue excluido de las espaldas de las cotizaciones, ya el siglo pasado. Quienes firmaron aquel papel en el Parador de Toledo en abril de 1995 respetaron su espíritu, y en 2000 arrancó el Fondo de Reserva nutrido con excedentes de cuotas para subsanar déficits futuros, en el bien entendido de que las pensiones deberían soportarse siempre con cotizaciones. Y mientras la economía iba como un tiro, nunca dejó de aportarse excedente de cuotas a la reserva, que empezó a costear el déficit creciente de pensiones desde 2012, y que prácticamente se agotó en un sexenio. Ahora se han retomado las aportaciones, con limitaciones a su uso, pero una sola paga extraordinaria arruinaría su suerte.
El citado fondo estaba también para funcionar como estabilizador de la Seguridad Social y dar tiempo a una reforma dinámica del sistema que evitase entrar en déficits futuros abultados. Aparecieron las reformas, y, como no había consenso, también las contrarreformas, de tal manera que el desequilibrio no ha dejado de crecer, y han sido precisos los maquillajes contables desde 2020 para encubrir un déficit descomunal bajo la apariencia de un pequeño desequilibrio.
¡Claro que si hay falta de recursos en la Tesorería de la Seguridad Social será el Estado quien los ponga! Siempre ha sido así, con el PP y con el PSOE, con el PSOE y con el PP. Pero el elefante no ha dejado de engordar y parece haber adoptado la condición de invisible para los administradores públicos. Nadie de quienes gestionan la Seguridad Social desconoce que el rumbo del sistema es a largo plazo insostenible. Pero, aunque se hayan hecho algunos retoques en los ingresos que aportan poco y erosionan mucho la contributividad exigible, se espera a que sea otro quien se ponga delante de los cuernos del toro.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) hizo un análisis fallido en primavera que fue suficiente para justificar un déficit formal del 0,5%, validando ciertos manejos contables de partidas de transferencias, y para obtener el plácet de Bruselas. Pero repetirá el ejercicio en la primavera próxima para aclarar tal entuerto y el déficit formal volverá a multiplicarse por tres.
Pero la cuestión es cuál es el déficit real, neto de transferencias del Estado y del Tesoro, para disponer de una imagen fiel de las cuentas de la Seguridad Social. Con las proyecciones de la citada Airef, el organismo encargado de fiscalizar las cuentas públicas, este año los gastos en prestaciones alcanzarán el 15% del PIB (pensiones, desempleo, Incapacidad, etc), mientras que las cotizaciones aportarán el 12,8% del PIB. Las transferencias del Estado serán del 2,8% del PIB, algo más de 47.000 millones de euros sobre un PIB nominal estimado de 1,7 billones.
Si el supervisor de las cuentas aprecia un 0,5% de déficit (con unos ingresos totales del 15,7% del PIB para financiar un gasto total del 16,2%), la suma de las transferencias desde el Ministerio de Hacienda (2,8%) llevaría el déficit real de la caja de pensiones al 3,3%. Un desequilibrio superior al que aportarían todas las administraciones públicas en el ejercicio, que podría reducirse hasta el 2,7%, lo que evidenciaría que el Estado tendría casi un superávit primario (excluidos los intereses) y un holgado margen fiscal excluida la Seguridad Social.
El volumen de las transferencias marcará récord este año, superando los 43.000 millones de 2024; de hecho, ya a septiembre el trasvase de recursos era de 42.800 millones, unos 6.500 millones más que en los nueve primeros meses de 2024. La partida se ha triplicado con holgura desde 2019 (15.600 millones) para atender el desequilibrio financiero creciente. En los seis últimos años, incluido este completo, los impuestos habrán soportado 270.000 millones de la factura de la Seguridad Social, casi uno de cada cuatro euros de los que absorben las pensiones y otras prestaciones públicas.
Y en opinión de este humilde escribidor, los impuestos no están para eso, y el recurso a la deuda (que llega ya a los 126.000 millones en las cuentas de la Seguridad Social), tampoco. Los impuestos están para financiar el futuro, todos los programas de gasto que refuercen la economía y la sociedad en el porvenir, como la educación en todos sus niveles y los programas de inversiones para digitalizar y reindustrializar el país. La deuda siempre ha sido bien considerada si se destinaba también a programas de futuro cuando no se disponía de recursos en el presente, pues era una herramienta para adelantar al presente crecimiento del futuro. Pero destinar ambos instrumentos a financiar el pasado, la renta de pasivos, no es buena idea.
España es un país con una expectativa de envejecimiento severo muy serio, y de alguna forma deberá ser afrontado. La Airef dibuja un escenario para 2050 con una factura muy elevada y costosa de soportar como alertábamos en estas páginas en junio pasado. Pero debe hacerse con otras fórmulas, porque el coste de oportunidad de destinar a ello impuesto y deuda, y no a educación e inversión, es muy elevado. Los políticos saben perfectamente cuál es la fórmula, que es esa en la que todos están pensando y nadie se atreve a aplicar. Al final no quedará otro remedio.