El apagón y el despertar de los dormidos
Urge tomar medidas para que el desarrollo renovable se acompañe del marco regulatorio que complemente su despliegue
La necesidad de que se produzca una catástrofe para tomar medidas correctoras es algo inherente a la naturaleza humana y ha sido práctica habitual en España, independientemente del color del gobierno. Del apagón del 28 de abril, al margen de que conoceremos las causas y responsabilidades cuando la justicia dicte sentencia, se puede adelantar, a partir de los informes publicados, que la red eléctrica no ha evolucionado al mismo ritmo que el despliegue masivo de las renovables y que se han producido disfunciones en la puesta en marcha de una política energética acertada, no solo para ganar indep...
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La necesidad de que se produzca una catástrofe para tomar medidas correctoras es algo inherente a la naturaleza humana y ha sido práctica habitual en España, independientemente del color del gobierno. Del apagón del 28 de abril, al margen de que conoceremos las causas y responsabilidades cuando la justicia dicte sentencia, se puede adelantar, a partir de los informes publicados, que la red eléctrica no ha evolucionado al mismo ritmo que el despliegue masivo de las renovables y que se han producido disfunciones en la puesta en marcha de una política energética acertada, no solo para ganar independencia y competitividad, sino, también, para luchar contra el cambio climático.
Sin lugar a duda, el Gobierno actual ha llevado a cabo una profunda transformación que ha hecho olvidar la época más gris en política energética, el periodo 2011-2015, en la que se apostó por una moratoria a las renovables, por introducir cambios retroactivos en la retribución de las inversiones llevadas a cabo, por el famoso impuesto al sol contra el autoconsumo y por la socialización de los costes del tratamiento de los residuos radioactivos, según constaba en el preámbulo de la Ley 15/2012. Una propuesta de apoyo a la nuclear que ha tenido continuidad con la proposición de ley que salió adelante en el Congreso el pasado 17 de junio con los votos del PP y Vox y la abstención de Junts. Esta proposición no pretende otra cosa que, en una economía de mercado, garantizar la presencia de la nuclear en el mix eléctrico por decreto.
La política energética actual no se ha visto complementada con los cambios regulatorios necesarios, en tiempo y forma, para que el despliegue renovable participara en el mantenimiento de la seguridad de operación del sistema eléctrico y para que el mix proyectado pudiera sustituir, de forma paulatina, al existente. Hemos visto cómo el almacenamiento y la demanda eléctrica no crecían en paralelo a la potencia instalada, cómo las infraestructuras eléctricas no se adaptaban y cómo las renovables no podían asumir funciones, a pesar de estar preparadas, porque quien debería haberlo aprobado y permitido no lo hizo.
El pasado 12 de junio vio la luz, desde la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), la “resolución por la que se modifican los procedimientos de operación para el desarrollo de un servicio de control de tensión en el sistema eléctrico peninsular nacional”, entre los que se encuentra el famoso procedimiento de operación (PO) 7.4. El informe El análisis de las circunstancias que concurrieron en la crisis de la electricidad del 28 de abril, elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad y presentado por la vicepresidenta tercera el 17 de junio, dice respecto al PO 7.4, en su página 66: “Las renovables desde hace años cuentan ya con la capacidad tecnológica de operar, aunque la normativa aún no se lo exige ni se lo permite”.
La adaptación del PO 7.4 ha sido un caballo de batalla del sector renovable desde hace más de cinco años para que las centrales de generación pudieran participar y fueran parte activa del funcionamiento del sistema eléctrico. La CNMC lo ha aprobado ahora, dejando una duda manifiesta sobre si el apagón se produjo porque el modelo de operación no podía usar la capacidad de todos los elementos que participaban.
¿Por qué la CNMC ha mantenido dormida la adaptación regulatoria cuando veía que durante esos cinco años aumentaba un 35% la potencia renovable, mientras que la demanda de electricidad, el almacenamiento y las redes no seguían esa tendencia? Somos muchos los que esperamos que la CNMC crezca, recupere su configuración como Comisión Nacional de Energía y tenga iniciativa para que la presión de los lobbies no sea más efectiva que el papel que la ley le encomienda.
En este despertar de los dormidos, vivimos un nuevo capítulo, el pasado martes, cuando el Consejo de Ministros aprobó, acogiéndose al artículo de la Constitución española “en caso de extraordinaria y urgente necesidad”, el Real Decreto Ley (RDL) 7/2025 en el que se explicitan mandatos dirigidos al operador del sistema (OS) y a la CNMC, con periodos de ejecución que van de los 3 a los 15 meses, para poner en marcha los procedimientos aprobados. Recoge también la tramitación por urgencia de las plantas de almacenamiento hibridadas y su consideración como de utilidad pública, el fomento de la electrificación de la demanda y su flexibilización, el desarrollo de infraestructuras, la repotenciación, la eliminación de barreras al autoconsumo… Es decir, ahora sí que es urgente tomar medidas para que el desarrollo renovable venga acompañado del marco regulatorio que complemente su despliegue. Volvemos al mismo interrogante: ¿hemos tenido que sufrir un apagón para poner en marcha lo que todo el mundo demandaba?
El estigma y la propagación interesada de bulos que ha provocado el apagón sobre las renovables tardaremos mucho tiempo en digerirlo, hasta que la realidad demuestre, de nuevo, de lo que son capaces los avances tecnológicos incorporados al funcionamiento y comportamiento de estas. Los que llevamos muchos años en este sector ya vivimos la adaptación de los aerogeneradores para poder soportar los huecos de tensión (ceros de tensión), que se reguló, no sin dificultades, en el año 2004, y cómo el sector renovable asumió su responsabilidad, adaptándose a los nuevos procedimientos.
No quiero extenderme en las actuaciones pendientes que, seguramente, si este Gobierno aguanta, se irán realizando, pero sí me gustaría poner de manifiesto algunas de ellas, necesarias para que la electrificación de la demanda y el contenido del RDL 7/2025 aprobado tengan el recorrido adecuado. Son de urgente necesidad la regulación de los pagos de capacidad como suelo de ingresos de la apuesta por el almacenamiento y retomar la inexplicable exclusión de la definición de las horas equivalentes de las plantas adscritas al Recore como cociente de la energía vendida, independientemente del precio y la potencia instalada. Y, también, regular las consecuencias del funcionamiento reforzado del sistema eléctrico, decidido por el OS, que supone derivar desde el mercado diario a restricciones técnicas centrales, principalmente térmicas, cuyo sobrecoste introduce una anomalía tanto en el funcionamiento del mercado como en la asunción y reparto de los perjuicios/beneficios que origina.
Fernando Ferrando es presidente de la Fundación Renovables