Política de vivienda para llevar Madrid a 10 millones de habitantes
Los grandes partidos insisten en viejas recetas, que impulsan las mega ciudades y renuncian a ordenar el territorio
Las propuestas lanzadas esta semana por el PP y el Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda abundan en medidas conocidas, como la entrega de suelo público para la construcción de vivienda pública y exenciones fiscales para compra y alquiler. Seguramente son propuestas razonables, pero su aplicación contribuye a ahondar en uno de los problemas más graves de España, la falta de ordenación del territorio, que provoca una mala distribución de los recursos.
Los Gobiernos de España, central y autonómicos, llevan décadas tomando medidas que favorecen el desplazamiento de la población hacia zonas donde faltan recursos básicos, desde la vivienda hasta el agua, a la vez que pierden habitantes aquellas que disponen de los mismos. A la emigración masiva del campo a la ciudad que se produjo de 1960 a 1990, del siglo pasado, le ha sucedido otra a Madrid, la costa mediterránea y los dos archipiélagos, ligada con el crecimiento del turismo y la concentración de oportunidades de todo tipo en la capital, que han dejado al norte y el interior de España dramáticamente despoblados.
El resultado es que en 45 años, desde 1980, Baleares ha duplicado su población, Canarias y Murcia la han aumentado un 66%, la Comunidad Valenciana y Madrid un 50% y Cataluña y Andalucía un 35% (ver cuadro). Estas siete regiones suman 34 millones de habitantes, lo que equivale al 70% de la población española, pese a que tan solo ocupan el 35% del territorio, 175.000 kilómetros cuadrados.
Al tiempo, se ha producido una continuada pérdida de habitantes en cuatro regiones que vivieron de la minería y el campo y cercanas a Portugal: Asturias (-10%), Castilla y León (-8%), Galicia (-3,6%) y Extremadura (-2,3%). Estas cuatro comunidades ocupan prácticamente la misma superficie que las siete anteriores (176.000 kilómetros cuadrados) y suman 7,16 millones de habitantes, prácticamente los mismos que se amontonan en Madrid, que tiene una superficie veintidós veces más pequeña.
Las previsiones apuntan a que esta divergencia en la evolución demográfica se va a ir agravando. En 1980, el 62,6% de los españoles vivía en las siete comunidades mencionadas, porcentaje que será diez puntos superior en 2039, según las proyecciones realizadas por el INE el año pasado. Por tanto, el fenómeno de la concentración de la población en la costa, centro y archipiélagos no para, con el agravante de que se trata de las zonas con más necesidad de recursos básicos como agua y electricidad, que proceden de otras regiones, y que son las más amenazadas por fenómenos como la desertización y el cambio climático.
En estas regiones están las ciudades con más tensiones por los precios de la vivienda, porque combinan el hecho de ser históricamente grandes urbes y estar entre las más atractivas para el turismo, como es el caso de Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla o Valencia. La falta de vivienda a precio asequible afecta tanto a la compra como al alquiler, de manera que personas con sueldos razonables empiezan a tener serios problemas para construir su hogar, lo que lleva a que funcionarios o empleados públicos de servicios básicos, como seguridad, sanidad o educación, tengan problemas para instalarse en muchas zonas, especialmente las turísticas.
Esta realidad convive con el hecho de ser un país que cuenta con 3,8 millones de casas vacías y otras 2,5 millones con uso esporádico, según el último censo de vivienda del INE, que tiene datos de 2021. Las poblaciones con mayor número de casas vacías están en Galicia, Asturias y zonas de las dos castillas, y las esporádicas se encuentran en poblaciones turísticas, del interior y de costa. Por tanto, no es que falten casas, si no que su distribución no encaja con la demanda,
Es indudable que a las personas no se la puede obligar a vivir donde no quiere porque allí haya recursos y empleo, las que están en más riesgo de despoblación están entre las que tienen la tasa de paro más baja, aplicando una política de repoblación al estilo de Rusia. Sin embargo, los Gobiernos sí tienen la obligación de ser eficientes en el gasto público y tomar medidas que contribuyan al equilibrio territorial, no a lo contrario.
La población la mueven las decisiones políticas, y el epítome es Madrid, irrelevante hasta que Felipe II trasladó ahí su corte en 1561. Pero no hace falta ir tan lejos. El Gobierno central, por ejemplo, puede aprovechar los fondos europeos para reordenar sin daños colaterales la distribución de la población en el territorio, en lugar de incidir en los destinos de siempre. Un ejemplo claro es Sagunto, ciudad valenciana que creció el siglo pasado de la mano de la industria siderúrgica que se nutría de las minas de Teruel. Con el mineral viajaron los trabajadores, y la provincia aragonesa se vaciaba para cubrir las necesidades de la valenciana. ¿Se podría haber manufacturado el mineral en Teruel? Sagunto, con más de 67.000 habitantes y sin apenas paro, ha resultado premiada ahora con la megafactoría de baterías eléctricas de Volkswagen, financiada con fondos europeos con la que se prevén crear 3.000 empleos directos y más de 10.000 si se suman los indirectos.
Las medidas que propugnan los dos grandes partidos para la vivienda siguen cebando la bomba de la despoblación de la España interior. Los Gobiernos siguen sin abordar la ordenación del territorio, de manera que se configure un Estado equilibrado y sostenible en el amplio sentido, de manera que el gasto público sea asumible, así como el acceso a recursos básicos como el aire, oxígeno y energía.
El arquitecto Fernando Caballero publicó el año pasado el libro Madrid DF, en el que estima que Madrid y su área metropolitana alcanzarán 10 millones de habitantes a mediados de este siglo. Este crecimiento se está haciendo absorbiendo población del resto de España y con inmigrantes, especialmente de Latinoamérica. Esa expansión se topa ahora con duras realidades como la carencia de vivienda, cuya solución vuelve a pasar por más dinero público.
Es fácil imaginar qué pensarán los pobladores de las comunidades que se despueblan, pierden calidad en los servicios públicos y encima ven cómo con sus impuestos sirven para engordar otras regiones. A la vez, se propicia que unas regiones se lleven el talento a otras, les piden que acojan las macrogranjas de cerdos y kilómetros de paneles solares y molinos de viento. Este trato desigual propició el nacimiento de Teruel Existe o Soria Ya, formaciones muy sensatas, pero ahora el descontento lo capitaliza la extrema derecha, como sucede en muchos países. Lo lamentaremos.
Aurelio Medel es Periodista y doctor en Ciencias de la Información.