La batalla política por la vivienda
En lugar de crear una gran empresa pública, parece más conveniente reforzar la colaboración público-privada
Vivienda viene de “cosas con que o en que se ha de vivir”, con lo que hablamos de vida y convivencia; de nuestras vidas y de nuevas vidas; de dónde crecer y dónde hacer nacer.
Pues la vivienda se ha convertido en la principal batalla política en este comienzo de año, y parece que la pugna continuará toda la legislatura. Socialistas y populares se han lanzado a anunciar medidas urgentes con el objetivo común de sacar al mercado el mayor número posible de viviendas asequibles, aunque la hoja de ruta de unos y otros recoja diferencias y no pocas similitudes. Y los demás grupos mirando desde el tendido 7 del Congreso. Vaya panorama.
Es bueno que la vivienda pase a protagonizar la agenda política y el debate público, teniendo en cuenta que se trata del mayor reto que encaramos como sociedad y como país. Pero precisamente a la vista de la magnitud del desafío, considero que en estos momentos necesitamos soluciones urgentes, eficaces y reales alejadas del ruido político y la aritmética electoral.
El diagnóstico no parece admitir tantas interpretaciones: entre enero de 2021 y enero de 2024 en España se crearon 805.256 hogares, mientras que en esos tres años se construyeron tan solo 403.230 viviendas. Y esa alarmante diferencia ayuda a entender por qué la vivienda responde en primer lugar a un problema de oferta. En este mismo sentido, el Banco de España estimaba recientemente que faltan 600.000 viviendas como mínimo para empezar a plantear soluciones, o al menos algunos arreglos.
A mi juicio nos encontramos ante un complejo problema que no admite soluciones simples y debemos tener presente que nadie llega al paraíso con los ojos secos. Por eso, desde la patronal de la construcción, CNC, valoramos positivamente las propuestas emanadas de las Comunidades Autónomas, quienes poseen las competencias directas en materia de vivienda, para mitigar las consecuencias de esta problemática. Y no solo eso, sino que proponemos algunas medidas adicionales para aliviar desde ya mismo el impacto sobre las familias.
Nos parece bien, por ejemplo, la propuesta de las once Comunidades gobernadas por el PP de sacar a concesión suelos públicos con rentabilidades lo suficientemente atractivas para que los promotores se pongan a construir urgentemente vivienda asequible. Pero también vemos con buenos ojos la iniciativa que nace del Gobierno central de movilizar masivamente activos de la Empresa Pública de Suelo, Sepes, para crear esta clase de viviendas ofreciendo suelo finalista al mercado.
Son dos declaraciones de intenciones que hemos conocido en los últimos días y que apuntan en la misma dirección. Y en la Confederación Nacional de la Construcción tenemos más ideas al respecto.
Una de ellas, quizás la más urgente, pasa inexorablemente por retomar las negociaciones para desatascar la Ley del Suelo -que se fue al traste de manera sorprendente en mayo de 2024- y plantear una nueva regulación para que cualquier error menor o ausencia de trámite formal o subsanable pueda desterrar un desarrollo urbanístico vivo durante más de diez años.
Animamos a políticos y responsables públicos a que comparen las propuestas que han realizado los principales partidos, pues podrían resultar una especie de calcomanía, tatuaje a partir de la generación Z. Un parentesco que, a tenor de lo que está en juego con el bloqueo de esta necesaria Ley, bien podría animar, como sorprendente novedad, a llegar a acuerdos para desbloquear una Ley fundamental para aportar seguridad jurídica al sector y de la que depende la materia prima con la que construir las viviendas que actualmente necesitamos, especialmente para los jóvenes.
Ahora mismo tendríamos que construir, según nuestros cálculos, 220.000 viviendas anuales para empezar a aliviar los problemas del mercado y poder alcanzar la velocidad de crucero de 150.000 en cinco años. Pero en lugar de crear una gran empresa pública de vivienda para construir y gestionar, como recientemente se ha anunciado, parece más conveniente reforzar la colaboración público-privada que permite a comunidades autónomas y ayuntamientos aprovechar la capacidad, experiencia y dinamismo de las empresas para ofrecer servicios, también de gestión, que desde las administraciones no serían factibles desde el punto de vista presupuestario, ni razonable ante el valioso tejido empresarial del que disponemos.
Tengamos en cuenta que la actual situación dista mucho de la época de la burbuja financiera, que injustamente ha pasado a la historia como inmobiliaria. Tomemos el caso de los visados: se suscribieron ocho veces más visados de obra nueva en el pico de la burbuja que en 2023. Y las exigencias a las entidades financieras son mucho más restrictivas que entonces.
Además de retomar urgentemente la Ley del Suelo, hay más medidas que pueden adoptarse en paralelo: iniciativas como agilizar los Préstamos ICO en los territorios concienciado o convenciendo de sus bondades a las entidades financieras; implementar un Programa de avales destinado a jóvenes para garantizar la concesión de hipotecas por la totalidad del precio de la vivienda y estudiar la posibilidad de la subsidiación a la entrada, gran obstáculo para muchos de ellos; generalizar la actualización automática y anual de los Módulos de los Planes de vivienda; bonificar el ITP o el IBI por la compra de una vivienda en el medio rural; o impulsar políticas de rehabilitación de viviendas en zonas menos pobladas.
La falta de vivienda puede desatar una crisis inédita en España, con consecuencias aún indescifrables. Entre lo que sabemos, esa escasez amenaza el crecimiento y la actividad de las empresas, pues anula la movilidad de los trabajadores hacia las zonas más tensionadas, que suelen coincidir con las que ofrecen más oportunidades laborales. Además se anula el indiscutible efecto arrastre en otras industrias como la madera, el textil, electrodomésticos o comercio. Pero principalmente es un desgarrador drama social, pues la ausencia de hogares accesibles retrasa la emancipación de los jóvenes, ahonda en las caídas de natalidad, acentúa los problemas de envejecimiento y ya supone la principal preocupación para los españoles.
Creo humildemente que los políticos están para hablar de los problemas de los ciudadanos y no de los suyos propios. Así, en vez de vaciar de contenido un debate tan poliédrico y de intentar etiquetar ideológicamente a cualquier interlocutor o experto, convendría prestar más atención a lo que se dice y menos a quién lo dice, pues actualmente cobra vida el hecho de que la ciencia se esfuerza por hacer posible lo imposible, y la política por hacer imposible lo posible.
Por ello, veo tan necesario promover una gran alianza de país con políticas de Estado para buscar soluciones conjuntas a los problemas en torno a la vivienda: jurídicos, económicos y sociales. Grandes resultados pueden ser conseguidos con pequeños esfuerzos. Toca bajar las espadas en esta batalla política que no tendrá vencedores mientras continúe habiendo tantos vencidos.
Pedro Fernández Alén es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).