La regulación de las criptos es bienvenida, pero no borra los riesgos
Esta inversión no está cubierta por las mismas salvaguardas que la inversión tradicional
El mundo de los criptoactivos afronta en estas semanas dos de los mayores hitos de su historia. El más sonado es la toma de posesión como presidente de Estados Unidos de Donald Trump 2024, distinto del Donald Trump 2016 por, entre otras cosas, una adopción entusiasta de la fe en los activos digitales. De la mano de donaciones millonarias, e impulsado por los cercanos magnates de Silicon Valley, el presidente electo ha prometido más permisividad con un sector que ha estado en el foco de los supervisores, y juega incluso con la idea de invertir en bitcoin parte de las reservas de Estados Unidos, propuesta de dudosos efectos más allá de una muy regresiva redistribución de riqueza.
El segundo hito da menos titulares, pero es tan importante o más no solo para el sector cripto, sino para el conjunto del sector financiero español. La entrada en vigor de MiCA, la directiva de supervisión de los activos digitales, ordena lo que el propio sector definía como salvaje Oeste: sin supervisión, sin normativa y con plataformas operando offshore. Hasta los más entusiastas partidarios de estos activos en España consideran que la llegada de la regulación, más allá de la redacción final que en algunos casos genera dudas, será positiva para el desarrollo del sector. El paraguas legal indica qué se puede hacer (y cómo) y qué no se puede hacer, traza una frontera con un pasado plagado de escándalos y abre la puerta tanto a inversores minoristas como a entidades financieras tradicionales.
Ahora bien, eso no quiere decir que los criptoactivos sean una opción de inversión equivalente a las categorías tradicionales, por más que las revalorizaciones meteóricas pueda deslumbrar a muchos inversores. La propia industria recela de las criptos más volátiles (es decir, las de menor capitalización) y aconseja dedicar a esta categoría de inversiones solo una pequeña parte de la cartera, pues los criptoactivos son entre el 1% y el 2% del volumen global de activos financieros.
Así, es bienvenido el aviso de la CNMV: esta inversión no está cubierta por las mismas salvaguardas que la inversión tradicional (que protege de fraudes en depósitos o entidades de valores) y supone mayores dosis de riesgo. El sector tampoco está obligado a calibrar el perfil de los inversores para adaptar su oferta y, de hecho, las entidades que ya operen pueden seguir un año más sin cumplir los criterios de MiCA. Por muy rompedoras que se presenten, las criptomonedas ya no son –si es que lo fueron alguna vez– un producto antisistema.