Un paso en falso que debería abrir un debate necesario
Lo ocurrido con las socimi es un claro ejemplo de los errores que no deberíamos repetir
En los últimos días, hemos presenciado uno de los episodios más desafortunados en la gestión de la política económica de nuestro país, con consecuencias que, sin duda, impactarán en la imagen de España como un destino atractivo para la inversión. No se trata solo de un daño a la confianza de los inversores, tanto locales como internacionales, sino de un caso que podría servir de ejemplo sobre cómo no gestionar la economía de un país desarrollado. La situación de las socimi se ha convertido, en este sentido, en un ejemplo digno de estudio académico, un posible capítulo oscuro para futuros libros de texto.
Más allá de buscar culpables, el enfoque debe ser más amplio: necesitamos aprender de lo ocurrido y, sobre todo, avanzar hacia propuestas que realmente impulsen nuestra economía. En este proceso, se han planteado ideas interesantes que bien podrían ser el germen de futuras reformas estructurales. Entre las propuestas más comentadas está la modernización y adaptación de la legislación de las socimi –sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario– para atraer mayores flujos de inversión hacia el sector de la vivienda, un tema de crucial importancia en nuestro país.
La crisis de acceso a la vivienda es un problema recurrente en los titulares nacionales e internacionales, pero reducirlo solo a la falta de oferta sería simplista. En realidad, uno de los desafíos fundamentales radica en adecuar los instrumentos de inversión existentes para que los recursos se dirijan de manera efectiva al sector inmobiliario. Modernizar la normativa de las socimi podría ser una de las claves para desbloquear este potencial, en especial para movilizar a los pequeños inversores.
Las socimi, creadas con el objetivo de facilitar el acceso al mercado inmobiliario, han sido criticadas en los últimos años por el desequilibrio entre los beneficios fiscales que reciben y el impacto en la oferta de vivienda asequible. A pesar de estas críticas, el modelo de las socimi ha probado ser un mecanismo exitoso para canalizar inversión hacia el ladrillo. Pero este mecanismo necesita una actualización para responder a las nuevas demandas sociales y económicas de España.
Reducir las barreras para que más pequeños propietarios puedan acceder al régimen tributario especial de las socimi es una de las medidas con mayor potencial. Planteamos no solo reducir el requisito del capital social mínimo de cinco millones de euros, sino también flexibilizar las obligaciones de cotización bursátil. Este enfoque permitiría una mayor participación de pequeños inversores, democratizando el acceso al mercado inmobiliario. En España, el 80% del parque de viviendas en alquiler pertenece a pequeños propietarios, muchos de los cuales poseen dos o tres viviendas como inversión de largo plazo o complemento de jubilación.
Ampliar el régimen socimi a estos pequeños propietarios podría profesionalizar la gestión del alquiler, incrementar la oferta de viviendas y, al mismo tiempo, aumentar la transparencia del sector. Además, los beneficios fiscales serían significativos tanto para el Estado como para los particulares. Este enfoque democratizador no solo contribuiría a un mercado de alquiler más eficiente, sino que también mejoraría la calidad de las viviendas, asegurando una mayor protección para los inquilinos.
Colaboración público-privada
Otra propuesta relevante es la creación de socimi institucionales, impulsadas por la administración pública para incrementar la oferta de vivienda asequible. Bajo este esquema, los ayuntamientos, comunidades autónomas e incluso el Gobierno central podrían ceder suelo público en concesión a largo plazo –de 25 a 50 años– para la promoción de vivienda en alquiler. Esta estrategia facilitaría una gestión más eficiente del patrimonio inmobiliario público y generaría un impacto positivo en términos sociales.
Estas socimi institucionales tendrían el potencial de involucrar a pequeños inversores en proyectos respaldados por instituciones públicas como inquilinos, lo cual generaría mayor confianza en el mercado. Además, se trataría de un potente ejemplo de colaboración público-privada que enviaría un mensaje claro sobre el compromiso del Estado con la solución del problema de la vivienda. No solo se incrementaría la oferta de vivienda asequible, sino que también se lograría una distribución más equitativa del riesgo entre las partes involucradas.
El sector agrícola español se enfrenta a retos muy específicos, como la falta de modernización, el envejecimiento de la población rural y la atomización de las explotaciones debido a los procesos de sucesión. Históricamente, España ha centrado sus esfuerzos legislativos en el sector inmobiliario, en el ladrillo; sin embargo, es el campo el que nos alimenta y nos ha salvado en múltiples crisis recientes: desde la pandemia del covid hasta la tormenta Filomena, pasando por la crisis de Ucrania.
El sector agrícola enfrenta numerosos retos, como la atomización de las explotaciones y la falta de competitividad a nivel internacional. Existen muchas familias que, por cuestiones hereditarias, no quieren o no pueden dedicarse a la agricultura, lo cual resulta en unidades de producción fragmentadas y poco eficientes. Si estas explotaciones pudieran integrarse bajo sociedades agrícolas, estaría más claro su potencial de escala y serían más competitivas frente a países como Marruecos, Argelia, Turquía y Argentina, que han logrado consolidar sus estructuras productivas para competir en el mercado internacional. Es la asignatura pendiente, y la más fácil de recuperar, para estar equiparados con el resto de figuras análogas que existen en la Unión Europea.
Lo ocurrido con las socimi es un claro ejemplo de los errores que no deberíamos repetir. Pero también nos ofrece una oportunidad única para reflexionar y, sobre todo, para avanzar hacia un marco regulatorio más moderno y eficiente. Ampliar el régimen socimi para incluir a pequeños inversores, promover socimi institucionales para la vivienda pública y reestructurar el sector agrícola podrían ser las claves para un nuevo enfoque de política económica que nos prepare mejor para el futuro.
En última instancia, lo esencial no es solo qué cambios se propongan, sino la voluntad de implementarlos de manera coherente y efectiva. La economía española, al igual que cualquier otra, requiere un marco estable y predecible que ofrezca confianza a los inversores. Las reformas estructurales no deben ser simplemente promesas en un documento oficial, sino realidades que transformen la manera en la que el país gestiona sus recursos, garantizando una distribución más justa y un crecimiento sostenido a largo plazo.
El debate está sobre la mesa, y es fundamental que no dejemos pasar la oportunidad de corregir el rumbo. Las socimi representan un síntoma de un problema más profundo: la necesidad de actualizar nuestro marco regulatorio para responder a los desafíos del siglo XXI. En lugar de culpabilizar a actores específicos, necesitamos una visión conjunta que permita a la economía española recuperar su competitividad y afrontar con éxito los retos de los próximos años.