El reto de las empresas valencianas ante el impacto de la dana

Lo prioritario es facilitar la reposición de sus activos y el reinicio de su actividad lo antes posible

Trabajadores de una empresa de logística limpian el interior de una nave en el polígono industrial de Riba-roja de Túria, el día 1.Manuel Bruque (EFE)

La dana que ha asolado gran parte de la provincia de Valencia ha tenido un impacto demoledor sobre la población afectada directamente. Las vidas perdidas suponen una herida perpetua e irreparable para la sociedad valenciana, y los daños materiales (e inmateriales) en las viviendas, los comercios, las empresas y las vidas de los habitantes de las zonas afectadas son incalculables.

Saldremos de esta, una vez más, con el espíritu de superación y confianza en el futuro que posee el pueblo valenciano. La resiliencia de este pueblo es notable, y terminará reponiéndose ante la adversidad, como ha ocurrido otras veces similares anteriormente, desde la riada del 1957 en la ciudad de Valencia, pasando por la pantanada de Tous en 1982 y las riadas de 1987 en las Riberas, alta y baja, las inundaciones de 2011 en Castellón, o los efectos de la borrasca Gloria en 2020 en toda la Comunidad Valenciana.

Además del drama personal y familiar que todos estamos experimentando, directa o indirectamente, el impacto en nuestras vidas se va a materializar a corto y medio plazo en el ámbito económico y empresarial.

La dana ha afectado prácticamente a 70 municipios de la Comunidad Valenciana, en mayor o menor medida. De ellos, 32 tienen daños graves o severos, y en 13 de ellos la dana ha impactado prácticamente en la totalidad de la población y de su estructura empresarial. Seguramente, la actividad corporativa contará con ayudas de diversa índole, soportadas por las administraciones públicas, nacionales, autonómicas y locales, pero deberá superar un profundo valle para recuperar su actividad ordinaria y recomponerse del impacto sufrido.

En las zonas afectadas por la dana, hay una importante actividad agrícola que, a pesar de la ayuda que puedan recibir de los seguros y subvenciones, necesitará años para recuperar el estado de las plantaciones y la productividad de las cosechas de huerta, naranja y caqui, entre otros cultivos. Y, con ellos, se verán afectados todos los sectores relacionados, tanto en el ámbito de las cooperativas como en otras comercializadoras, exportadoras y sectores auxiliares.

Por otro lado, se han visto muy afectadas importantes áreas comerciales (entre ellas, el Centro Comercial Bonaire, MN4, el Parque Comercial Alfafar o el Parque Comercial Sedaví), así como grandes polígonos industriales en las zonas próximas a la pista de Silla (Aldaia, Catarroja, Paiporta…), y las áreas industriales de Torrent y Algemesí, entre otras.

El conjunto de los municipios afectados por la dana supone aproximadamente el 32% de la población de la provincia, y, según la Cámara de Comercio, en ellos están localizados 4.500 comercios y 1.800 tiendas. No todos los pueblos se han visto afectados con la misma intensidad, pero, en su conjunto, las empresas ubicadas en estos 70 municipios son responsables de la creación de un 34,47% del valor añadido y de un 34,56% del empleo generados en la provincia de Valencia. Si restringimos el análisis a los 32 pueblos con daños graves o severos, el peso de las empresas ubicadas en estos municipios asciende al 20,5% del empleo. Y si centramos el análisis en las 13 poblaciones que se han visto brutalmente afectadas prácticamente en su totalidad, el valor añadido de las empresas de estos municipios es del 4,97% del total de la provincia, y su peso en generación de empleo se sitúa en el 5,53% de la zona.

Estos 13 municipios acogen casi el 10% (el 9,67%) de las empresas valencianas. Algunas lo tendrán más difícil que otras para recuperar su actividad. Aquellas cuya actividad está ligada a la agricultura valenciana (comercializadoras, exportadoras, industrias auxiliares asociadas, etc.) experimentarán un largo periodo con una actividad mermada por la situación. Las empresas que venden o fabrican bienes de consumo, bienes para el hogar, automóviles, etc., experimentarán un breve periodo de inactividad por la necesidad de reconstrucción y reposición de activos, pero tendrán la oportunidad de aprovechar el efecto rebote derivado de la enorme necesidad de reposición que se ha dado en toda la zona.

Estarán en mejor condición para recuperar su actividad las empresas de servicios, especialmente las que tengan alta intensidad de conocimiento, en las que el servicio se apoya fundamentalmente en el ámbito del capital intelectual y el conocimiento, pero estas empresas son menos del 13% en el conjunto de las poblaciones afectadas.

Asimismo, la capacidad de resiliencia de las empresas está asociada a sus niveles de competitividad. En estas poblaciones, el porcentaje de compañías clasificadas como de alta competitividad por parte del Observatorio GECE (Gobierno, Estrategia y Competitividad de la Empresa), desarrollado por el Ivie en colaboración con CaixaBank, se sitúa 2,6 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. Existe, por tanto, un pequeño déficit de competitividad que no facilita la recuperación del impacto.

En el ámbito de las actuaciones de índole económica y empresarial, la prioridad debe situarse en facilitar a las empresas la recuperación de su actividad en el plazo más corto posible. Las ayudas que potencialmente se puedan plantear deberían estar enfocadas en facilitar la reposición de sus activos y el reinicio de su actividad cuanto antes. Los clientes de las empresas afectadas deben mantener su actividad, y no pueden estar esperando a que se recupere la capacidad de sus proveedores valencianos para volver a servirles. Buscarán otras alternativas en el impasse. Cuanto más tardemos en lograr que las empresas damnificadas puedan reiniciar la actividad, más difícil será recuperar las relaciones comerciales desarrolladas durante años.

Asimismo, la reconstrucción de las infraestructuras debe abordarse con decisión y rapidez. La recuperación de las vías de comunicación es fundamental para la competitividad empresarial, ya que un déficit de infraestructuras tiene un impacto directo en los costes empresariales y en las posibilidades de añadir valor a los bienes y servicios ofrecidos.

Alejandro Escribá es profesor de Investigación del Ivie y catedrático de la Universidad de Valencia

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