La digitalización de las escuelas puede suponer un riesgo de privacidad
Es importante revisar que las aplicaciones que usen los menores velen por la transparencia en el tratamiento de los datos
En España, cada vez es más temprana la edad a la que los menores reciben su primer teléfono móvil y, además, cada vez es más frecuente encontrar portátiles y tabletas en los centros escolares como herramientas de enseñanza. El fácil acceso de los menores a internet y a las numerosas redes sociales y aplicaciones, ya sea en las aulas o fuera de ellas, es cada vez mayor, lo que aumenta su exposición a los riesgos derivados de un uso inadecuado.
Con el comienzo del nuevo curso escolar, aumenta el uso de aplicaciones y de herramientas interactivas para el aprendizaje de los más pequeños, y ...
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En España, cada vez es más temprana la edad a la que los menores reciben su primer teléfono móvil y, además, cada vez es más frecuente encontrar portátiles y tabletas en los centros escolares como herramientas de enseñanza. El fácil acceso de los menores a internet y a las numerosas redes sociales y aplicaciones, ya sea en las aulas o fuera de ellas, es cada vez mayor, lo que aumenta su exposición a los riesgos derivados de un uso inadecuado.
Con el comienzo del nuevo curso escolar, aumenta el uso de aplicaciones y de herramientas interactivas para el aprendizaje de los más pequeños, y la ley actual otorga a los centros educativos la potestad para regular el uso de los teléfonos móviles y otros dispositivos. Ante esta situación, es importante hacer un seguimiento de todas las plataformas educativas digitales que se usan en los centros educativos, así como revisar que los dispositivos tecnológicos incluyan sistemas de control parental activados.
Las aplicaciones dirigidas a menores deben contar con un registro intuitivo y con un sistema de control de información para que se recojan solo los datos estrictamente necesarios, tanto del menor como de sus responsables legales. Además, deben cumplir con el Reglamento de Protección de Datos, que cuenta con protecciones específicas para los menores, y otras normativas como el Reglamento de Servicios Digitales. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puede cesar la actividad de un canal o plataforma si incumplen, por ejemplo, con el sistema de verificación y control de edad.
Criterios legales
Existen criterios legales estrictos para compartir datos de menores como, por ejemplo, establecer mecanismos para limitar el envío a terceros de datos únicamente a los que sean estrictamente necesarios, o que los empleados de las empresas de este sector cuenten con una estructura de políticas y procedimientos internos, así como prácticas de sensibilización.
En definitiva, la digitalización permite tener acceso a infinidad de recursos educativos. Por ello, es importante revisar que las aplicaciones que usen los menores velen por la transparencia en el tratamiento de los datos, respetando los derechos fundamentales de los usuarios y preservando su intimidad, al tiempo que ofrecen un servicio de calidad y de aprendizaje.
Natalia Martos es fundadora de Legal Army