Sin aceptación social no hay transición energética
El desarrollo renovable debe estar controlado y la información sobre su evolución tiene que ser veraz, clara y transparente
Como reflejaba una de las conclusiones de la COP28 celebrada en Dubái, la política energética debe estar basaba en la transición de los combustibles fósiles a las renovables. Con esta apuesta, para los países que conforman la Unión Europea (UE), carentes de recursos fósiles propios, se abre la posibilidad estratégica de dejar de ser un área energéticamente dependiente y poder consolidar su potencial económico en base a la autonomía energética y a la independencia tecnológica e industrial.
En España, este desafío es, aún más, si cabe, una realidad, a tenor de los objetivos marcados, no ...
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Como reflejaba una de las conclusiones de la COP28 celebrada en Dubái, la política energética debe estar basaba en la transición de los combustibles fósiles a las renovables. Con esta apuesta, para los países que conforman la Unión Europea (UE), carentes de recursos fósiles propios, se abre la posibilidad estratégica de dejar de ser un área energéticamente dependiente y poder consolidar su potencial económico en base a la autonomía energética y a la independencia tecnológica e industrial.
En España, este desafío es, aún más, si cabe, una realidad, a tenor de los objetivos marcados, no solo en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), también en todo el desarrollo normativo enfocado en que la oferta renovable sea mayoritaria en el mix energético. Esta consideración no es una opción ideológica, sino que surge de la inexistencia de alternativas viables a las fuentes renovables.
La implantación renovable encierra, por la distribución territorial del recurso energético y por su modularidad en cuanto al tamaño de las iniciativas, una nueva forma de cubrir nuestras necesidades y la apertura de los mercados energéticos, tanto a los consumidores como a multitud de agentes que con el sistema actual centralizado tienen difícil acceso.
El desarrollo y cumplimiento de los objetivos fijados lleva consigo la necesidad de ocupar terreno, principalmente en el medio rural y, por lo tanto, de interactuar con el medio natural y con las personas que viven en la zona. Aunque, en términos globales, esta ocupación no supone porcentajes significativos, la influencia de algunas iniciativas están provocando una corriente de oposición a las renovables. Se trata de iniciativas intensivas que no tienen en cuenta la realidad medioambiental y la opinión de las personas que viven en la zona. Es cierto que, el desarrollo de un modelo 100% renovable en España supondrá ocupar menos del 2% del territorio, pero aun así nadie quiere encontrarse en ese 2% y que sean otros los que se vean afectados. Extrapolar la problemática puntual a todo el desarrollo renovable es negar su necesidad, manipular la realidad e impedir aprovechar la oportunidad de progreso que representa.
Vivimos en un tiempo en el que la desinformación se propaga y genera titulares engañosos, tanto por parte de los que se resisten al cambio de forma interesada como de quienes aspiran a liderar movimientos sociales. El maniqueísmo existente en la transición energética no conlleva que los grandes desastres de carácter medioambiental que se anuncian por el desarrollo renovable sean ciertos o que su desarrollo suponga una mejora en la biodiversidad en las zonas de implantación. Desgraciadamente, la divulgación de información manipulada es crucial para lograr que una iniciativa salga adelante o, sobre todo, para que se cree una corriente negativa que impida su desarrollo. Lo que sí está claro es que estas prácticas implican siempre un deterioro de las expectativas creadas y, en definitiva, una pérdida de confianza.
El desarrollo renovable debe tener como uno de sus pilares básicos la aceptación social. Para conseguirlo tenemos que implementar en nuestra política energética criterios de ordenación del territorio que permitan que las fuentes renovables sean aprovechadas minimizando los impactos y maximizando su aceptación y los beneficios para los afectados. La realidad es que, en términos globales, el desarrollo renovable, salvo excepciones, se ha llevado a cabo con criterios racionales, como demuestran la multitud de ejemplos de buenas prácticas incluidos en trabajos publicados por la Red Española de Desarrollo Sostenible, Greenpeace o la Fundación Renovables. Pero, esto no implica negar la existencia de comportamientos no éticos que anteponen la idea del negocio a la necesidad de desarrollar una política energética sostenible. Iniciativas como la promoción eólica en el Maestrazgo, el proyecto fotovoltaico de Almoguera (Castilla-La Mancha), el de Núñez de Balboa (Extremadura) o el de hidrógeno Catalina (Aragón)…, ponen en peligro el desarrollo renovable y dan pie a un torbellino de bulos sobre potenciales daños que dificultan la consecución de los objetivos planteados a nivel nacional.
Tenemos que apostar por acercar la generación al consumo, con iniciativas como el autoconsumo o la generación distribuida, y porque las instalaciones centralizadas se lleven a cabo optimizando el factor de potencia, al hibridar tecnologías e incluir almacenamiento, teniendo en cuenta criterios de reordenación y redistribución en el territorio, algo que no se ha hecho y que ahora estamos pagando. Hemos optado por mantener líneas rojas de protección medioambiental, al mismo tiempo que se ha aligerado la tramitación administrativa y la consulta pública, como puede comprobarse en el artículo 22 del RDL 20/2022 “Procedimiento de determinación de afección ambiental para proyectos de energías renovables”. Todo esto ha incrementado la vorágine descontrolada de la promoción y de la propuesta de instalación de potencia renovable, partiendo de la base de que los permisos obtenidos en la promoción de iniciativas es un valor transacionable.
Es urgente disponer de un mapa de idoneidad de terrenos aptos para el desarrollo de centrales de generación, como son las nuevas Zonas de Aceleración Renovable, incluyendo en esos criterios la protección y la limitación del uso de superficie agraria útil para no poner en riesgo el modelo productivo.
La introducción de criterios redistributivos de las rentas generadas es un paso obligado para que el desarrollo renovable sea una oportunidad para el medio rural. Los ingresos generados no deben ser solo para los propietarios de los terrenos ocupados, sino que tienen que beneficiar a toda la zona de influencia. Los límites de desarrollo los fija la capacidad de evacuación y no la disponibilidad de terreno, razón por la que los ingresos que se generen deben ser compartidos entre todos los vecinos, ya que no va a ser posible llevar a cabo nuevas iniciativas con las infraestructuras disponibles. La no percepción de valor acaba creando oposición a las iniciativas, sobre todo si consideramos que la renta del alquiler de los terrenos que ocupa una central es 10 veces mayor que la renta agraria.
La transición energética debe estar basada en criterios de justicia y equidad y en el más estricto cumplimiento de las normas de protección del medioambiente, entre otras razones, porque la disponibilidad de las fuentes de energía renovables así lo permite. Estamos en los inicios del despliegue renovable y no es factible que este se realice de forma desordenada y sin aceptación social. El desarrollo renovable debe estar controlado y la información sobre su evolución tiene que ser veraz, clara y transparente para que los bulos y las informaciones interesadas no envenenen la oportunidad que supone apostar por las renovables y pongan en riesgo la mayor oportunidad de desarrollo que tiene España.
Fernando Ferrando es el presidente de la Fundación Renovables