Caso Talgo, noticia de un secuestro de Estado
La declaración de ‘estratégica’ se convierte en pesadilla: rebaja su valor, ata al principal accionista y limita su crecimiento
El gobierno de Pedro Sánchez decidió la semana pasada “no autorizar la inversión extranjera directa en Talgo S.A. por parte de Ganz MaVag Europe Private Limited, por motivo de protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional de España. La autorización de esta operación conllevaría riesgos para garantizar la seguridad nacional y el orden público”, dice la referencia del Consejo de Ministros del 2...
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El gobierno de Pedro Sánchez decidió la semana pasada “no autorizar la inversión extranjera directa en Talgo S.A. por parte de Ganz MaVag Europe Private Limited, por motivo de protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional de España. La autorización de esta operación conllevaría riesgos para garantizar la seguridad nacional y el orden público”, dice la referencia del Consejo de Ministros del 27 de agosto. De esta manera quedaba abortada la oferta de compra del 100% del fabricante español de trenes lanzada por la empresa húngara, a la que el CNI conecta con la Rusia de Vladímir Putin, tal como publicó este periódico. Esta decisión está fundamentada en un expediente cuyo contenido ha sido declarado “información clasificada”, de manera que no queda otra que asumir la opinión del poder Ejecutivo como un acto de fe.
La declaración de Talgo como “empresa estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España” es una trampa para la compañía y constituye un peligroso precedente para otras empresas, que pueden caer bajo la misma calificación únicamente con argumentaciones contenidas en un informe declarado secreto.
El recorrido de la acción de Talgo pone de manifiesto cómo la pomposa etiqueta de empresa estratégica, y el consiguiente freno a una compra, puede destruir valor. El interés húngaro en Talgo se conoció en noviembre de 2023 y acarreó una fuerte revalorización de la compañía. Ese interés se concretó el 7 de marzo de este año en una OPA por el 100% del capital a cinco euros por título, lo que suponía una prima de casi el 28% sobre la cotización previa a que se supiera dicho interés. El Gobierno había ido dejando saber su disgusto con esta oferta, de manera que las acciones de Talgo nunca llegaron al precio de la oferta, pero el remate vino el 27 de agosto con el veto del Gobierno. Ese día, los títulos de Talgo cayeron casi un 9% y ya están por debajo de los precios previos a que los húngaros confesaran su interés.
La cotización es el reflejo de la encrucijada en la que se encuentra Talgo tras el veto del Gobierno. La realidad es que su principal accionista, el fondo Trilantic, que posee casi el 30% del capital y controla el 40% de los derechos de votos gracias al pacto que tiene con Torreal (3%) y la familia Oriol (7%), quiere hacer caja. Además, la compañía necesita recursos para incrementar su capacidad de producción para atender a su cartera actual de pedidos e inversión en I+D, algo esencial en un sector en plena transformación.
La decisión del Gobierno supone una especie de secuestro de Estado de la compañía, ya que en la práctica mete a Talgo en una vía muerta de la que solo puede salir cuándo y cómo le diga el Ejecutivo. El accionista principal quiere irse, luego difícilmente va a poner más recursos, y solo puede vender a alguien que cuente con el visto bueno de Moncloa. Por otro lado, la compañía y sus accionistas tienen poco margen legal y real para enfrentarse al Gobierno. Primero, porque no pueden refutar las razones concretas por las que han vetado al comprador (el informe es secreto). Segundo, porque el Estado español, a través de Renfe y Adif, tiene un enorme peso, ya que históricamente han sido el primer cliente de Talgo. Además, Renfe reclama a Talgo 166 millones por el retraso en la entrega de 30 trenes Avril, de los que 116 se recogen en la auditoría de 2023, importe que supone más de diez veces el beneficio de la compañía el año pasado. La empresa pública alemana Deutsche Bahn ha crecido su peso como cliente y a primeros de año ya representaba casi el 50% de la cartera de 4.223 millones de pedidos del fabricante español.
Por tanto, la declaración de compañía estratégica supone una enorme trampa para Talgo en la que pueden quedar atrapadas otras compañías. Si el Gobierno considera a una empresa española estratégica y clave para la seguridad nacional lo lógico es que entre en su capital, pague un justiprecio a sus accionistas y la nacionalice, como hizo hace dos años Alemania con el mayor importador de gas. Lo que no encaja en ningún manual es pretender ejercer el control público con el patrimonio de inversores privados que no quieren esa asociación.
España ya ha experimentado otros dudosos atajos al libre mercado, como los utilizados en empresas del Ibex 35 como Telefónica o Indra, en las que el Estado toma participaciones muy relevantes y se apalanca en socios nacionales que le acompañen en la inversión y así garantizar el control público de la empresa. El problema de este esquema de control público-privado es la falta de transparencia en los incentivos que compromete el Estado.
Para parar los pies al Gobierno autócrata de Arabia Saudí en su intento de mandar en Telefónica, Pedro Sánchez decidió que el Estado español, a través de la SEPI, comprara un 10% de la compañía de telecomunicaciones. Casualmente, y en paralelo, la Fundación La Caixa, a través de Criteria Caixa, se ha hecho con otro 10% de Telefónica, aunque en realidad un 2,5% ya lo controlaba a través de CaixaBank. Precisamente, la Fundación La Caixa puede acabar siendo también el caballero blanco de Talgo, como así han reconocido.
Este esquema de compadreo público-privado es el reflejo de un país con poco ahorro privado y falta de desarrollo de una industria de inversión colectiva. Seguramente lleve razón el Gobierno en frenar a esos accionistas en Telefónica o Talgo, pero hay que buscar salidas sostenibles, que no dañen la reputación de España y lleven aparejado un plan industrial. Todos saben que la solución de Talgo pasa por encontrar un socio industrial, una empresa del negocio, que dé estabilidad al accionariado y le permita acelerar su crecimiento. La empresa vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), una compañía que vale en Bolsa 1.200 millones, el doble de lo que ofrecían los húngaros por Talgo reúne todas las condiciones. Si el Gobierno tiene que dar incentivos, mejor que los utilice con un socio industrial que con uno financiero, que es pan para hoy y hambre para mañana.
Aurelio Medel es periodista y doctor en Ciencias de la Información.
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