Jubilaciones más tempranas para sectores más penosos
La Seguridad Social se reserva la última palabra para aprobar las peticiones de los agentes sociales de permitir la jubilación anticipada en sectores penosos
La última reforma de pensiones pactada entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal el pasado 31 de julio tiene como principal objetivo acordar cambios en el sistema que incentiven la prolongación de la vida laboral de los trabajadores y retrasar su jubilación como un intento más de sanear las cuentas de la Seguridad Social. La nueva legislación incluye un procedimiento estándar para los sectores que reclamen acogerse a unos coeficientes que permiten adelantar la edad de retiro sin merma de la pensión, a diferencia de la jubilación anticipada ordinaria en la que cuanto más se adelante el retiro, más se recorta la pensión.
Este proceso analizará si en los sectores interesados en este modelo se cumplen tres indicadores objetivos: tener mayor incidencia de bajas laborales; incidencia de sucesos graves que conllevan fallecimientos y reconocimientos de incapacidad permanente; y la duración media de los procesos de baja de sus trabajadores. Pero, además, se ordena que sean los agentes sociales quienes vehiculen la negociación con la Seguridad Social (aunque ahora también la Seguridad Social podrá promoverlo de oficio). Esto favorece claramente que la discusión para que un sector consiga condiciones más ventajosas para sus trabajadores en puestos penosos sea parte de la negociación colectiva, una reivindicación más a incluir en los convenios colectivos sectoriales.
Uno de los primeros actores en anunciar que llevará esta petición al convenio sectorial ha sido la federación de UGT-FICA para el sector de las conservas de pescado, formado en un 80% por mujeres fijas discontinuas en su mayoría y sometidas diariamente, según ha denunciado el sindicato, a elevados índices de penosidad acreditable con los nuevos indicadores que marca la ley tras la reforma de julio.
Otros muchos sectores podrán seguir su ejemplo y acudir incluso de la mano de las patronales, si así lo acuerdan en la negociación colectiva, a la Seguridad Social para reclamar estos coeficientes que permiten adelantar las jubilaciones de una parte de sus trabajadores. Otra cosa es que los responsables del sistema público vayan a avalar todas las peticiones, pues toda jubilación anticipada, aunque como en este caso sea compensada con un incremento de cotizaciones, resulta cara para las arcas públicas. La medida es positiva en la medida en que protege a trabajadores vulnerables (no todo el mundo puede cambiar de empleo); solo queda asegurarse que los actores implicados velen realmente por ello y la medida no se convierta en una moneda de cambio a varias bandas.
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