La deriva iliberal llega al diálogo social y a la representación patronal
Díaz se abona a las decisiones impuestas y abre la puerta a asociaciones empresariales afines a las mesas y a los recursos
Los Gobiernos siempre han preferido la interlocución empresarial y sindical mansa a la crítica para gestionar los periodos de crisis y conflicto, e incluso suplantar a sus representantes legítimos con otros impostados si la dificultad para imponer sus políticas lo aconsejaba. En un peligroso ejercicio de consolidación de las relaciones industriales iliberales, el Ejecutivo entra sin miramientos en terrenos movedizos como dar prioridad a los convenios autonómicos, aunque fracturen la unidad de mercado, o incorporar al diálogo social y sus instituciones a patronales de papel de su parentesco ide...
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Los Gobiernos siempre han preferido la interlocución empresarial y sindical mansa a la crítica para gestionar los periodos de crisis y conflicto, e incluso suplantar a sus representantes legítimos con otros impostados si la dificultad para imponer sus políticas lo aconsejaba. En un peligroso ejercicio de consolidación de las relaciones industriales iliberales, el Ejecutivo entra sin miramientos en terrenos movedizos como dar prioridad a los convenios autonómicos, aunque fracturen la unidad de mercado, o incorporar al diálogo social y sus instituciones a patronales de papel de su parentesco ideológico, en ambos casos para saldar facturas políticas.
Esto, nuevo, no es; pero nunca nadie antes lo había practicado con tanta profusión como el primer Gobierno de coalición en el que la política laboral está en manos de la izquierda radical y en cuyas decisiones el arbitraje de la moderada apenas interviene. Y nunca con tanta convicción se había traspasado la elaboración de normas con el sello ideológico propio, dejando espacio cero a la negociación y búsqueda del consenso, para llegar tan lejos como tratar de refundar el estatus de representatividad de los agentes sociales.
Otro Gobierno socialista trató de barnizar las políticas que provocaron la mayor huelga general de la historia, en diciembre de 1988, negociando con una supuesta Asociación Democrática de Pensionistas la reforma de las pensiones y con agrupaciones juveniles sobrevenidas la aplicación del plan de empleo juvenil, ante la radical negativa de los sindicatos, sobre todo de una UGT que había planteado el divorcio con el PSOE. Nada enfureció más a los sindicatos que la suplantación de su lugar en la tierra con aquella maniobra, e intensificaron la presión para que la huelga fuese el mejor aval a su representatividad.
Los sindicatos de trabajadores tienen su representatividad santificada en la Ley Orgánica de Libertad Sindical si en las elecciones sindicales de las empresas logran más del 10% de los delegados a nivel nacional o el 15% a nivel autonómico, que les capacita para estar en las mesas del diálogo social y de los convenios; en tal situación están Comisiones Obreras y la UGT a nivel nacional y ELA-STV y la CIGA a nivel autonómico. Pero hasta ellos mismos saben que tal norma les otorga un poder político muy superior al acreditado por la afiliación, que en España es de las más bajas de Europa. Pequeños gigantes con pies de barro.
La representatividad empresarial está reconocida en el Estatuto de los Trabajadores, con similares porcentajes de presencia entre las empresas y plantillas a los exigidos a los sindicatos, y no se alcanza mediando elecciones, porque la proporciona la propiedad de las empresas. Las organizaciones patronales solo tienen que demostrar la asociación de las empresas a nivel sectorial y tales asociaciones cupularmente en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y en la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). Si los sindicatos se abrogan la representación de todos los trabajadores (asalariados o no), la patronal lo hace con la de todos los empresarios.
Algunos Gobiernos también trataron de debilitar la representatividad de la CEOE potenciando patronales de empresas públicas, o dando cuartelillo a fórmulas de obligada asociación como las cámaras de comercio, más dóciles y comprometidas con redes administrativas. Además, aprovechando circunstancias críticas de la CEOE, las empresas de mayor tamaño y presencia exterior crearon, en 2011, el Consejo Empresarial de la Competitividad, con la participación del Instituto de la Empresa Familiar, para contribuir como lobby a restaurar el prestigio del país tras la gran crisis financiera. El consejo se disolvió en 2017. La propia CEOE, para disponer de una lanzadera que funcionase como lobby en las instituciones comunitarias, diseño una asociación paralela interna financiada con aportaciones de las grandes empresas con intereses en Europa, aunque tal figura no echó raíz
En función de los ciclos políticos, los sindicatos y los empresarios han dispuesto de sus vías de acceso e influencia con los Gobiernos, cosechando réditos de distinta naturaleza, en paralelo a contribuir a la estabilidad económica con prácticas pactistas. Pero nunca había habido tanto desequilibrio como ahora, con una Administración en la que la política laboral la dirige una sindicalista activa que solo busca la adhesión a sus propuestas, y para cuyo fin no duda en colocar barrenos debajo de organizaciones tan viejas como la democracia en España.
Solo es un atrevido ejemplo más de las relaciones industriales iliberales que pretende normalizar Yolanda Díaz, restando representatividad a quien la tiene, y asignándosela a quien carece de ella, pero muestra una inquebrantable adhesión a las políticas gubernamentales. De paso, honra facturas políticas para garantizar la sostenibilidad de un Gobierno de delicado equilibrio parlamentario. La representatividad se gana y se acredita defendiendo a la empresa y no a quien combate y limita su actividad con sus políticas, y, en las patronales de nuevo cuño, hay de todo. Seguramente CEOE no ha trabajado suficientemente la tierra como para evitar que surjan actividades sin cobertura y asociaciones díscolas; pero dar sellos de autenticidad a quien acredita solo simpatía ideológica parece una iniciativa arriesgada.
Díaz ha abierto la puerta a la patronal de las pymes catalana Pimec en la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos, primer paso para consagrar su presencia en el diálogo social; ha exigido al Consejo Económico y Social que modifique la estructura de representación para que tal patronal, sin citarla, tenga un asiento, cercenando la autoritas de Fomento del Trabajo Nacional; y ha avalado en su presentación en sociedad, en el Consejo Estatal de la Pyme y en actos institucionales europeos que chocaron hasta con la censura de la UGT, a una advenediza y difusa asociación empresarial, Conpyme, que dice representar a más empresas que la propia Cepyme, y que cuenta entre sus filas con algunas de las asociaciones más offsiders y pintorescas de los sectores con mayor poder de presión económica, pero que compadrea con la izquierda política y se jacta de defender un “capitalismo inclusivo”.
De ahí a sentarlos a su lado en las mesas de diálogo social, un paso. Un paso que abre la codiciada caja de las subvenciones públicas que financian buena parte del presupuesto de patronales, sindicatos,… y partidos políticos.
José Antonio Vega es periodista
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