Una regulación clara de las finanzas verdes
El oportunismo convierte en ocasiones la etiqueta de sostenibilidad en un gancho para atraer capital al margen de criterios medioambientales estrictos
La apuesta de las economías de mercado por avanzar hacia un modelo productivo sostenible ha impulsado una transformación vertiginosa de la industria, el consumo y las finanzas, pero ha generado también confusiones. Uno de los sectores en los que esta realidad es más evidente es el de la inversión, que en los últimos años ha vivido una verdadera eclosión de productos etiquetados como verdes o sostenibles. A finales del año pasado, seis de cada diez euros invertidos en Europa fueron a instrumentos con este perfil, lo que equivale a 5,2 billones de euros, más del doble del presupuesto de la UE para la acción climática entre 2021 y 2027. Se trata de una industria boyante, pese a que acontecimientos como la guerra de Ucrania, la crisis energética y unas expectativas de mercado que han ido por delante de la regulación están propiciando también un ajuste en este tipo de inversión.
El éxito de los fondos sostenibles se ha visto también empañado por el oportunismo y la falta de rigor, que han convertido en muchas ocasiones la etiqueta de sostenibilidad en un gancho para atraer capital al margen del cumplimiento de criterios medioambientales. Pese a los intentos que han realizado los reguladores para establecer requisitos que permitan separar el trigo de la paja, como es el caso del reglamento sobre divulgación de información financiera de 2019, los datos apuntan a que el 43% de los fondos de inversión europeos que llevan en su denominación la palabra “verde”, “sostenibilidad” o sus variantes dedican parte del dinero a empresas que consiguen beneficios del carbón, el petróleo o el gas, lo que constituye un factor de confusión evidente, especialmente para el inversor poco especializado, así como de falta de transparencia en el mercado.
A pesar de los discursos contundentes en contra del denominado ecopostureo, y los planes actuales de la Comisión Europea para endurecer el reglamento de 2019, desde Bruselas se ha contribuido a alimentar también el problema con políticas pragmáticas en materia energética, como la inclusión en la taxonomía verde del gas y de la energía nuclear, lo que supone equipararlas a energías renovables en los programas de finanzas sostenibles.
Los supervisores, tanto europeos, como la ESMA, como nacionales, como la CNMV, trabajan para avanzar hacia una claridad que a día de hoy es insuficiente, en parte por el vacío legal que alimentan la globalización de las finanzas y la pluralidad de jurisdicciones. La protección de los inversores y la transparencia del mercado exigen, por ello, avanzar con urgencia hacia una normativa clara, segura y efectiva.
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