Los árboles del alquiler no deben tapar el bosque
Lo importante, más allá del sistema de referencia de precios, es la carencia de pisos sociales y asequibles
El Ministerio de Vivienda presentó ayer el nuevo Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda. El Gobierno da así un paso definitivo en el que fue el aspecto más controvertido de la Ley por el derecho a la vivienda aprobada en mayo: los controles de rentas. De momento, solo se aplicarán en 140 municipios de Cataluña, la única comunidad que ha dado el paso de pedir la declaración de área tensionada, un trámite que exige la norma.
Los controles que habilitó la ley nacen con la oposición de casi todos, salvo el PSOE. Para los socios a su izquierda y los sindicatos de inquilinos, son insuficientes y demasiado laxos. Para los partidos de derecha y casi todo el sector inmobiliario, suponen una forma de intervencionismo que reducirá la oferta de alquiler y, en definitiva, perjudicará a los arrendatarios porque eso presionará aún más los precios.
La respuesta a estas cuestiones comenzará a dilucidarse el 13 de marzo, el día que el Ejecutivo prevé que el índice empiece a estar operativo. Los límites a las rentas de alquiler, testados en otros países y con una literatura académica mayoritariamente contraria, nacerán en España rodeados de incógnitas, como las que se refieren al diferente trato que se da a grandes propietarios (obligados a bajar el precio en un nuevo contrato si el índice así lo señala) y a los pequeños (para los que bastará con congelar el precio anterior).
La batalla del relato continuará durante mucho tiempo e incluso es posible, como sucedió con el control de rentas que tuvo Cataluña, luego declarado inconstitucional, que nunca tengamos resultados concluyentes, o lleguen muy tarde. Aquella experiencia, que coincidió con algunas oleadas de la pandemia y con el inicio de la recuperación, solo ha parecido reforzar las convicciones previas: la Generalitat insiste en que funcionó y bajaron los precios; el sector repite como un mantra que retrajo la oferta y provocó un repunte posterior de rentas, cuando el Tribunal Constitucional la anuló.
En todo caso, lo deseable sería que mientras dure esa discusión, ni las Administraciones ni el sector se olviden de lo importante. Hay un consenso claro en que el alquiler plantea un enorme desafío de accesibilidad a la vivienda. Y nadie discute, al margen de otras iniciativas como el control de precios, en que la medida más importante para poner fin a esa situación es desarrollar un mayor parque de vivienda social y asequible. España tiene menos de un 2% de vivienda pública, cuando la media europea es del 9%. Revertir eso solo es posible con políticas constantes y consistentes, centradas en la captación y promoción de más alquiler sostenible. Y con un sector privado que acompañe con su conocimiento y su músculo económico. Porque el esfuerzo que se necesita es tan grande que solo se concibe desde la colaboración público-privada. Y tampoco se logrará de la noche a la mañana.
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